Las grandes empresas constructoras proyectan un boicot al Ayuntamiento madrileño de izquierda

Las grandes empresas constructoras españolas están preparando un boicot al nuevo Ayuntamiento de izquierda madrileño, según pudo saber EL PAIS de fuentes dignas de todo crédito. Este boicot se concretaría, según las mismas fuentes, en la financiación del Plan de Saneamiento Integral, el proyecto de mayor envergadura económica -32.000 millones de pesetas- que tiene entre manos el Ayuntamiento de Madrid, aunque haya sido heredado de la Corporación anterior. La razón oficial a este boicot estaría en la poca solvencia económica del nuevo Ayuntamiento de izquierda, aunque algunos observadores no descartan la posibilidad de que la actual oposición municipal, UCD, estuviera jugando la baza de lograr que la actual Corporación no pudiera cumplir sus objetivos por falta de recursos.

Las empresas de construcción a nivel nacional, englobadas en la asociación Seopan, podrían boicotear la financiación del Plan de Saneamiento Integral -PSI- del Ayuntamiento de Madrid, según pudo saber ayer EL PAIS, a pesar del alto secreto con que se han celebrado las reuniones habidas en este sentido. La razón oficial del boicot estaría en la poca solvencia económica que el nuevo Ayuntamiento de izquierda madrileño ofrece a estas empresas. Además, para este sector productivo, la solvencia económica de la Administración local ha sido siempre muy inferior a la ofrecida por la Administración del Estado.Cuando fue aprobado el PSI, una nueva fórmula de financiación hizo su aparición en la administración municipal: las empresas constructoras se comprometen a ejecutar las obras en un plazo de cuatro años, si bien no cobrarán hasta que hayan pasado ocho, tiempo durante el cual el municipio ingresará los recursos suficientes mediante el incremento en el precio del agua de consumo público. Es algo así como la compra de un electrodoméstico a plazos.

Ese retraso en el cobro será compensado, según un real decreto de diciembre de 1978, con un incremento de intereses por demora. Otras fórmulas de financiación del PSI, tales como un crédito-puente, en tanto se consiguiese la captación de recursos, fueron rechazadas por el anterior Ayuntamiento, en vista de su provisionalidad.

Para conocer qué empresas y con qué interés estarían dispuestas a participar en esa fórmula de financiación del PSI, se abrió una especie de concurso de ofertas, cuyo plazo de presentación termina el lunes próximo, después de que sufriera un mes de prórroga, en virtud de que el nuevo Ayuntamiento acababa de hacerse cargo de las riendas municipales y de la solicitud de algunas de las empresas, que pensaban necesitar un plazo de tiempo mayor para saber en qué forma se iba a comportar ese nuevo Ayuntamiento y si le inspiraba confianza suficiente como para proceder a la financiación.

En esa desconfianza previa de los contratistas entran en juego varios factores: de hecho, esta es la primera vez que un ayuntamiento español se mete en una operación de este tipo, con unos márgenes suficientes de seriedad. Hasta ahora ha sido siempre el Ministerio de Obras Públicas quien ha concursado y dirigido estas grandes obras de infraestructura. Por otra parte, la llegada de la izquierda al municipio ha retraído en algo al capital de la construcción, máxime cuando esa izquierda municipal no ha demostrado todavía suficientemente su eficacia ni, lo que es más importante para ellos, su solvencia económica. Además entran en juego factores políticos: la actual oposición municipal, personificada en Unión de Centro Democrático, vería con muy buenos ojos el que el actual gobierno municipal no pudiera llevar a buen puerto el PSI, ya que ello sería utilizado abundantemente en las próximas elecciones municipales.

A pesar de la aparente negativa de los miembros de Seopán para financiar el PSI, otro grupo capitalista español estaría dispuesto a correr con los riesgos que detectan los constructores. Se trata de las empresas que componen la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe).

Estos últimos no ven en el PSI un riesgo tan grande de falta de solvencia como para no entrar en él. Es más: lo que sí ven es una especie de tabla de salvación para su industria, que en estos momentos. atraviesa una grave situación económica. Además, el razonamiento de estos industriales, para mostrarse a favor de la financiación del PSI, es que todos los avales están ya solicitados, y la caja de ahorros ha dado su máxima colaboración al proyecto.

Con todo, hay quien especula con que la maniobra de no acudir a la cita del día 11 estaría basada en el deseo de las grandes empresas constructoras, que controlan la sociedad Seopán, de quedarse con toda la tajada del proyecto, haciendo desistir a las menos fuertes, sin necesidad de competir con ellas, y aparentar una posición colegiada a lo que se trata, simplemente, de un juego de los grandes.

En el caso de que ese juego diera resultado, el nuevo Ayuntamiento madrileño se vería colocado en una grave situación, toda vez que, en el caso de que las empresas de construcción se nieguen a participar en la financiación del PSI, no le quedaría otro recurso, si quiere seguir adelante con el Plan, que financiarlo con sus propios recursos o acudir a un crédito extraordinario, cosa esta última que no haría más que gravar aún más la débil economía municipal.

Pero queda otra posibilidad: que el Plan de Saneamiento Integral quede congelado durante los cuatro años de mandato de la Corporación, en espera de mejores ocasiones Financieras. En ese caso, los madrileños no verían desaparecer las aguas contaminadas del Manzanares. Y UCD se dedicaría a aprovechar la situación, dentro de cuatro años.