Rechaza una Propuesta comunista para saldar las deudas municipales, por oposición de UCD y CD

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer la toma en consideración de una proposición de ley comunista sobre reforma urgente de la Administración local, por 129 votos a favor (izquierda y minorías nacionalistas), 169 en contra (UCD y CD) y una abstención. Ramón Tamames justificó la propuesta de su grupo, entre otras razones, en el endeudamiento actual de los ayuntamientos, que calculó, para finales de 1979, en 410.000 millones de pesetas. El Gobierno anunció un proyecto de ley de régimen local que aborde globalmente los problemas de este área de la vida nacional para la primera quincena de octubre.

La proposición de ley comunista, que ya fue rechazada en la Comisión de Administración Territorial, contó en el Pleno de ayer con la .opinión contraria del Gobierno a su toma en consideración. En el documento remitido por el Gabinete se alude a la disminución del gasto y el aumento del crédito que la propuesta lleva consigo y a la necesidad de «afrontar en profundidad la reforma de la Administración local ».En defensa de la proposición de ley comunista, el diputado y primer teniente Je alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ramón Tamames, comenzó desconfiando de las promesas gubernarnen tales. Recordó que Jesús Sancho Rof, entonces subsecretario del Interior, dijo el 10 de mayo del año pasado que había que esperar,a la Constitución para enviar a las Cortes la reforma de la legislación local.

El señor Tamarnes apeló al discurso pronunciado el miércoles por el presidente del Gobierno en favor de un Estado fuerte, que», dijo el diputado comunista, «no puede construirse con ayuntamientos arruinados». En apoyo de su afirmación, manifestó que la deuda viva de los ayuntamientos al 31 de diciembre del año pasado era de 250.000 millones de pesetas, de los cuales casi 190.000 correspondían a créditos del Banco de Crédito Local. Sumando también los 60.000 millones concedidos para gastos pendientes del año pasado y la previsión de déficit para el año actual, el señor Tamames cuantificó la deuda total para finales de 1979 en 410.000 millones.

Como consecuencia de esta situación, aludió a la ingente cantidad de problemas que no pueden resolverse si el Gobierno no aborda, como cuestión de Estado, el endeudamiento de las corporaciones locales que proviene de la situación anterior a la democracia. Expresó el peligro de que el desencanto que se produzca sea mayor del que se teme cuando se trata de otras cuestiones que no llegan tan fácilmente al pueblo.

En nombre del Gobierno, intervino Ignacio Javier Huelín, quien negó que el Gobierno o UCD tuvieran el propósito de yugular la iniciativa legislativa de los grupos, aunque no renunciaba a ejercer también sus derechos parlamentarios. Anunció que en la primera quincena de octubre el Gobierno aprobará el proyecto de ley de Régimen Local.

Entre otras críticas a la proposición de ley comunista, el señor Huelín destacó que elevaba al pleno municipal a máximo órgano del ayuntamiento, lo que venía a configurar un sistema anárquico, basado en la delegación de competencias y que provocaba una gran inseguridad jurídica. «Lo que hoy es competencia del alcalde», dijo, «manana lo puede reclamar el pleno».

Declaró el criterio favorable de UCD a la participación ciudadana, pero expresó el rechazo a hacerlo a través,de las asociaciones de vecinos, centrales sindicales y asociaciones culturales, «en proporción a su representación », como establecía la proposición de ley.

El señor Huelín calificó repetidamente de demenciales y lamentables otros aspectos de la proposición de ley comunista, y suscitó risas en el hemiciclo cuando proclamó que en la sesión del día anterior había quedado claro qué «debemos alinearnos con el Gobierno no sólo en lo relativo a la seguridad ciudadana».

El señor Tamames intentó intervenir, pero el presidente de la Cámara sólo le dejó hacerlo tras la votación. El diputado comunista declaró que el Congreso está para resolver los problemas, no para anunciar futuras grandes leyes.

El socialista Luis Fajardo explicó el voto favorable a la proposición comunista, a pesar de ser «poco rigurosa y poco trabajada», en el hecho de ser el único instrumento de reforma legal del régimen local. Exhortó al Gobierno a que anticipe el proyecto de ley anunciado para octubre y lo presente antes del verano.

Por coalición Democrática, Juan Luis de la Vallina elogió las buenas intenciones de la proposición de ley, pero la consideró inoportuna y parcial.