Borrascoso debate en Francia sobre la ley de inmigración

Esta madrugada, tras un debate que ya se perfiló borrascoso desde las primeras horas de la noche, la Asamblea Nacional debía aprobar la nueva ley francesa que regulará la entrada y la residencia de los extranjeros en Francia. El proyecto presentado por el Gobierno restringe sustancialmente el acceso al país y ofrece la posibilidad de expulsar a todo extranjero que «constituya una amenaza para el orden público», sin que esta última moción sea explicitada.Desde que hace algunas semanas el Gobierno aprobó el proyecto de la nueva ley, los partidos políticos y sindicatos de izquierdas, así como todas las asociaciones defensoras de los inmigrados, apoyados por la prensa y múltiples personalidades públicas progresistas, no han regateado esfuerzos para alertar a la opinión sobre el carácter «arbitrario» de una legislación que, en opinión de todos estos portavoces, «constituye un atentado contra los derechos del hombre».

Cuando el proyecto, días pasados, fue sometido al estudio de la Comisión de Leyes de la Asamblea, el portavoz de esta última resumió el contenido de la futura ley en los términos siguientes: «Los autores del proyecto no ocultan sus intenciones al confesar que las autoridades responsables no poseen los medios jurídicos y prácticos de coerción necesarios para defender el interés nacional. Este proyecto de ley debe ofrecerles esos medios.»

El objetivo de la ley, en efecto, consiste en poner en manos de la Administración todos los medios necesarios para, en la práctica, «admitir en Francia o expulsar a quien le dé la gana». La razón profunda que motiva a las autoridades francesas para cerrarles la puerta a los posibles inmigrantes y controlar -en función de sus intereses- a los ya residentes es la económica: la crisis y el paro aumentan. La nueva ley incide sobre la población inmigrante en tres aspectos fundamentales. Primero, la entrada en Francia, en lo sucesivo, puede prohibirse a las personas que no acrediten medios de subsistencia suficientes y «a quienes constituyen una amenaza para el orden público». Segundo, los cuatro millones de residentes actuales, en lo sucesivo, tendrán que justificar el pago de sus impuestos en el momento de renovar su carta de residencia, y el Ministerio del Interior podrá expulsar a un extranjero en el plazo de tres días si estima que dicha persona «supone una amenaza para el orden o crédito públicos». En tercer lugar, por lo que se refiere a la ejecución de los casos de expulsión, las autoridades francesas podrán mantener a un extranjero, en espera de su expulsión, en locales ajenos a la administración penintenciaria.