Agitación en las fuerzas armadas portuguesas por la ley de amnistía

Cada vez que la situación política portuguesa registra los síntomas de la aproximación de una nueva crisis, los medios militaresvuelven a ser el blanco de todas las atenciones y de presiones más o menos disfrazadas.

Ahora que todo el país espera los resultados del debate -tardío- del presupuesto del Estado, que podrá decidir el futuro inmediato del Gobierno y del actual Parlamento, las reacciones militares a la eventual promulgación de la ley de amnistía de los delitos políticos militares de 1975 está dando pretexto a una agitación y a un alarmismo que el Estado Mayor afirma que carece de toda justificación.Los hechos oficiales son escuetamente los siguientes. Votada la ley de amnistía propuesta al Parlamento por los socialistas, el Consejo de la Revolución consideró, después de consultar la comisión constitucional, que la misma era conforme a las disposiciones de la Constitución. Pero la decisión fue adoptada por una estrecha mayoría (dos contra nueve), con todos los jefes de Estado Mayor de las fuerzas armadas con asiento en el Consejo votando en contra.

Así las cosas, el general Eanes, que es también jefe del Estado Mayor General, decidió no promulgar la ley y mandarla de nuevo al Parlamento. Este último, una vez tomado conocimiento de los motivos de la decisión presidencial, podrá escoger entre tres soluciones: votar de nuevo el texto en cuestión con mayoría absoluta, haciendo obligatoria su promulgación; modificar el texto para tomar en cuenta las objeciones del general presidente (el Partido Socialista se afirmaba ayer dispuesto a reformular su propuesta) u, olvidar, pura y simplemente, el asunto.

Esta última fue la solución adoptada en el caso de otra ley de amnistía, de diciembre de 1976, sobre delitos comunes, único precedente de veto político ejercido por Eanes, que no llegó nunca a ser discutida de nuevo.

Frente a la eventualidad de la promulgación de la ley, los jefes de Estado Mayor han querido conocer, junto a los comandantes de unidades bajo su mando, las implicaciones que la misma tendría para el normal funcionamiento de la situación militar, nada más natural, afirmaba un portavoz del Estado Mayor, y que no cuestiona el debido respeto del poder militar hacia el poder civil, siendo perfectamente injustificado el alarmismb de «ciertos órganos de información», que presentan la reunión habida el pasado jueves en «términos de fuerza y sublevación ».

No deja de ser curioso, sin embargo, que, a pesar de la prohibición hecha a militares que no sean miembros del CR, o jefes de Estado Mayor, de pronunciarse públicamente sobre problemas de índole política o militar, todos los periódicos que publiquen entre comillas comentarios de una forma no identificada del Estado Mayor del Ejército de Tierra acerca de la «falta de sensibilidad de los políticos para los asuntos militares» y el carácter «perturbador de la necesaria disciplina interna», que significaría la reintegración al servicio, como consecuencia de la amnistía, de militares que han dado «sobradas muestras de su falta de idoneidad y de cualidades de mando».

Este peligro, que se relaciona veladamente con un eventual regreso a la actividad de los más destacados oficiales de izquierda (Otelo, Dinis de Almeida y algunas decenas más) no existe, ya que éstos siguen bajo el enjuiciamiento de los consejos superiores de disciplina, que empezaron a celebrarse y cuyas primeras sentencias han sido en todos los casos el paso a la reserva de los inculpados.

Más aún: Rosa Coutinho, el único en beneficiarse hasta la fecha de la anulación, por el Supremo Tribunal Militar, de la sanción impuesta después de un juicio en el Consejo de Disciplina, permanece desde hace más de un año en su casa, sin funciones activas.