El sector público y la reactivación

(Del Grupo Economista del PSOE)El reciente debate parlamentario sobre política económica ha puesto de manifiesto, en primer lugar, los problemas que está planteando en España el mediocre comportamiento de la economía en términos de crecimiento del empleo y de la producción en los dos últimos años. En segundo lugar ha salido a la luz un importante tema de debate, ante futuras medidas de política económica: el peso y el papel que el sector público debe tener en la economía española. Ante el primero de los dos puntos parece inaceptable que persista la situación de los últimos años, dominada por un lento crecimiento de la economía y por un proceso de agravamiento continuo del paro, a pesar de la mejoría clara que se ha registrado en 1978 en el saldo de las transacciones con el resto del mundo. En cuanto al papel del sector público, un examen mínimo de los resultados de su evolución indica que, en los últimos dos años, ha tenido lugar un fuerte aumento del consumo público, a la vez que un crecimiento excesivamente bajo del gasto público de inversión. El aumento del consumo público ha tenido lugar a causa del crecimiento en el número de asalariados del sector público, de la actualización de los ingresos de estos últimos y, en 1978, por el Importante aumento de las compras de material militar. Este aumento del consumo público ha tenido mucho de aumento inercial, y no se ha debido a motivos ideológicos. Esta creciente participación del consumo público se ha derivado también del débil comportamiento del gasto realizado por el sector privado, esto es, por empresas y familias, y, de no haber tenido lugar, el nivel de paro de la economía española sería ahora bastante más elevado. Resulta paradójico que un país con una de las más altas tasas de paro del mundo occidental registre superávit en su balanza por cuenta corriente. Esto último significa que España está financiando al resto del mundo, que el ahorro del sector privado español está sirviendo para financiar, no sólo el menor ahorro interior del sector público, sino también a otras economías exteriores.La realización en España de una política económica de crecimiento se hace indispensable no sólo para reducir el paro, sino también para poder llevar a cabo las necesarias reformas sectoriales que plantean las nuevas condiciones económicas generales, condiciones dominadas por las consecuencias que plantea el coste creciente de la energía.

Desde una perspectiva socialista no cabe hablar ahora de reducción del gasto público, sino de reasignación del mismo. Parece oportuno seguir dos vías de acción, a corto y medio plazo: por un lado conviene estimular la inversión pública, sobre todo la realizada por las corporaciones locales, y por otro, debe favorecerse la inversión en vivienda, sobre todo la destinada a satisfacer el segmento más necesitado de ayuda dentro del déficit potencial ahora existente, que es el de las viviendas de protección oficial. El consumo público debe aproximar su aumento al crecimiento experimentado por el conjunto de la actividad económica y por el producto interior bruto. De este modo, al moderarse el consumo, se conseguirla acrecentar el ahorro público, y se podrían financiar ritmos más altos de aumento de la inversión pública, inversión que se destinaría básicamente a mejorar los equipamientos colectivos del país y que también actuaría favorablemente sobre el nivel de empleo.

La inversión de las corporaciones locales

Si resulta bajo el peso de la inversión pública en España respecto del producto interior bruto (2,7% entre 1974 y 1976, frente al 4,5 % en la OCDE en el mismo período), aún más reducida aparece la participación de la inversión realizada por los Ayuntamientos y Diputaciones en la inversión pública total. Mientras que en 1977-1978, el 65% de la inversión pública sueca y el 75% de la alemana se realizó a través de tales entidades, en España esa participación no pasó del 25%.

Una participación creciente de la inversión de los Ayuntamientos españoles en la inversión pública total -tendría evidentes ventajas: se conocerían mejor las necesidades, se realizarían las obras más precisas y se atacaría al paro de forma más cualificada. Los mayores recursos de las corporaciones locales deben de conseguirse por varias vías. En primer lugar, debe de reformarse de forma sustancial la forma en que hasta ahora se han aplicado los impuestos locales autónomos (solares, plusvalías, radicación, circulación, gastos suntuarios y publicidad), tarea que puede ser un objetivo inmediato de los nuevos ayuntamientos democráticos. En segundo lugar, la fiscalidad local debe revisarse de forma que se cubran mejor las fuertes necesidades de equipamiento de las grandes ciudades, lo que sin duda originará una mayor presión fiscal local en estas últimas que en el resto del país. Deben también de revisarse los criterios de distribución de la fiscalidad estatal hacia los municipios en un sentido más favorable para estos últimos que lo que ahora existe.

En los últimos tres años, la inversión en vivienda ha experimentado un continuado retroceso. El subsector de las viviendas de protección oficial ha presentado, sobre todo, un panorama muy deprimido. Así, dentro de las viviendas de protección oficial, entre 1975 y 1978, han disminuido a ritmos medios anuales del 6% las viviendas terminadas; en un 21%, las solicitudes de calificación provisional, y en un 12%, las viviendas protegidas iniciadas. Esta situación puede dar lugar a que en los próximos años el número total de viviendas terminadas quede por debajo del crecimiento demográfico, con lo que podría aumentar, de nuevo, el déficit, aparte de no reponerse el importante número de viviendas ahora ocupadas y que se encuentran en condiciones deficientes de conservación.

Parece evidente que el sector de la vivienda no va a crecer en el futuro a los ritmos correspondientes a los años sesenta y primeros años setenta, pero las necesidades ahora existentes justifican un número anual de terminaciones superior a 300.000 viviendas. Frente a esta necesidad, el total de iniciaciones ha debido estar muy por debajo de esa cifra en 1977 y 1978. En bastantes países industriales, la moderada recuperación que se ha registrado en la demanda interior se ha visto ayudada por importantes mejoras en la iniciación de nuevas viviendas (ejemplos: Holanda en 1977, Japón en 1978, Estados Unidos en 1976-1977, Suecia en 1978). En España se ha pasado, desde 1977, de un sistema de financiación basado en una fuerte aportación de fondos, proporcionada a través de los coeficientes de préstamos de especiales de las cajas, a un esquema bastante más liberal, lo que ha podido influir, de alguna forma, en el débil ritmo de iniciaciones. No existe ahora en España un sistema de financiación que permita adquirir una vivienda sin excesivos sacrificios a las familias de menores ingresos, por medio de préstamos en condiciones favorables de plazo y tipo de interés, al contrario de lo que sucede en la mayor parte del mundo occidental. La desaceleración del ritmo de reducción del coeficiente de préstamos especiales de las Cajas, entre las recientes medidas adoptadas en materia de política monetaria, aunque conveniente, no va a cambiar mucho la situación actual. El establecimiento de un subcoeficiente específico de préstamos-vivienda hubiese sido más conveniente, puesto que no cabe esperar que las emisiones de cédulas hipotecarias destinadas a proporcionar recursos al crédito oficial vaya a ser la solución al problema, que también tiene su origen en factores reales. Un sistema que, con todos sus defectos, ha funcionado, no puede dejarse de lado sin crear paralelamente otro alternativo. Debe de desarrollarse, en todo su alcance, el pasado decreto 3.148/1978 (BOE de 16 de enero), sobre viviendas de protección oficial, y también deben acrecentarse los fondos presupuestarios destinados a favorecer las compras de viviendas por las familias más humildes.

La economía española precisa, pues, de un estímulo importante de la demanda interior. La participación del sector público queda todavía muy por debajo de los patrones normales en otros países. El acrecentamiento de dicha participación parece necesario, y más por la vía de la inversión que del consumo. Pero esta acción debe ser selectiva y, a corto y medio plazo, las dos vías aquí citadas, aumento de la inversión de las corporaciones locales y estímulo al gasto en vivienda, pueden afectar de manera favorable a la creación de puestos de trabajo, aparte de suponer un empuje primario a una demanda interior que todavía ofrece un panorama muy deprimido.