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Tribuna:

La agricultura y el empleo

Presidente de la Asociación Española de Economía y Sociología AgrariasDentro del programa de recuperación que pueda adoptar el Gobierno para tratar de solucionar la crisis económica con la que nos hemos acostumbrado a convivir -de forma más o menos consciente y- responsable- desde 1973, cabe esperar se arbitren una serie de medidas que, sin comprometer el necesario aumento de la productividad en la agricultura, contribuyan a atenuar la situación de desempleo y subempleo existente en el país,

Los condicionantes con que se encuentra la economía española -elevadas cifras de paro, escasa inversión pública y privada, inflación pertinaz y expectante, encarecimiento energético, restricciones por parte de los países europeos para aceptar trabajadores españoles, etcétera- determinarán, en gran medida, la. posibilidad de absorción no sólo los excedentes de mano de obra que tradicionalmente genera el campo español, sino también la gran demanda de primer empleo de la juventud que alcanza la edad laboral. La agricultura española ha vivido en la década de los sesenta en base a un esquema de desarrollo, lógico en cierta medida para aquel período, pero no reproducible en los momentos actuales. Durante muchos años el sector agrario ha sufrido las consecuencias de un proceso de huida del campo hacia las grandes ciudades y centros industriales del país y hacia la desarrollada Europa. Ello tuvo un coste social y económico y unas importantes repercusiones sobre la estructura demográfica del sector (envejecimiento de la mano de obra), en las comunidades rurales (atonía o abandono de pueblos) y en la empresa agraria (sustitución del factor trabajo por capital). Por contra, la agricultura española se hizo más «moderna», y disminuyó su pesada carga laboral. Los movimientos migratorios incontrolados crearon no pocos problemas de índole social, de degradación del medio rural y de ruptura de la sociedad campesina, pero también produjeron una agricultura más eficiente, más diversificada, más productiva.

En los momentos actuales nos encontramos con el fenómeno del paro, el peor mal social con que se enfrenta la sociedad española y uno de los exponentes de esa crisis económica que nos alcanzó en las «vísperas» de nuestra transición política. El desajuste que originó el encarecimiento a nivel internacional de las materias primas y los crudos petrolíferos en los países carentes de fuentes energéticas básicas, determinó, entre otros aspectos, el retorno de los emigrantes y la menor actividad industrial de importantes sectores de nuestra economía, lo que se ha traducido en un aumento de la fuerza laboral potencial, una disminución del empleo y un menor trasvase de población del sector agrícola, al industrial y de servicios. La manifestación de todo ello es el paro que ensombrece la coyuntura económica y social del país.

Parece, por ello, oportuno la necesidad de adoptar un programa económico que rompa con la actual situación, cobrando la mayor prioridad todos los aspectos que, de una u otra forma, estén relacionados con el empleo, ya que es muy posible que marchando en esa dirección encontremos la mayor estabilidad política para el país. Es evidente que se han hecho intentos para resolver la crisis económica, aun dentro de un entorno histórico de indudable delicadeza y trascendencia, pero también es claro que los esfuerzos realizados han sido insuficientes y, por el momento, desproporcionados al difícil panorama económico con el que nos hemos encontrado y que aún se vislumbra.

Dentro de la complejidad de las posibles medidas y la interrelación que deberá existir entre las actuaciones en unos y otros sectores económicos para absorber el desempleo existente y atender las ofertas de trabajo futuras, es evidente que a la agricultura le corresponderá un determinado papel, distinto al representado hasta la fecha.

Las líneas maestras de la política agraria habrán de perseguir una mayor utilización del factor trabajo y un adecuado (no excesivo, ni despilfarrador) empleo del capital; una intensificación de los rendimientos de los cultivos mediante la aportación de inputs (más biológicos, que químicos o mecánicos), que no determinen pérdidas de empleo; una política de distribución de tierras y de ordenación de cultivos que contemple el interés actual de los regadíos y de los llamados -con acierto o sin él- «cultivos sociales»; una mejora de la vida rural (de la vivienda, de la comunidad y del status social) a través de programas de desarrollo comunitario, en los que los trabajadores no sólo obtengan unos jornales, sino una satisfacción al resolver, con su esfuerzo, una necesidad sentida, en orden a una mejor calidad de vida en su propio municipio; unos programas de retiro de actividad de campesinos de edades avanzadas, junto con otros de incorporación de jóvenes y capacitados profesionales de la agricultura; un fomento de la industrialización a nivel local y comarcal, que dé origen a la creación de puestos de trabajo, la elevación de los ingresos familiares y a la mejor utilización y salida de los recursos de la propia región; una mejora de la eficiencia energética de los sistemas agrarios que evite el deterioro sistemático del entorno natural, el ahorro de fuentes de energía convencional e, incluso, la creación de la biomasa precisa para conseguir energía química a través de la actividad fotosintética de los vegetales; una política forestal y de conservación de la naturaleza que cree nuevas fuentes de empleo y de abastecimiento de producciones deficitarias y que restaure los ecosistemas degradados.

La gravedad e importancia del paro en el país, su posible incidencia sobre el desarrollo agrario y su gran entidad en la región andaluza, son las razones que han aconsejado a la Asociación Española y Sociología Agrarias a organizar en Sevilla, durante el mes de mayo, unas reuniones de estudio sobre el tema «La agricultura y el empleo», en las que ha colaborado la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura. El prestigio de los equipos de especialistas que ha participado -entre ellos los de Coyuntura Económica, Estudios Rurales Andaluces, Cátedra de Política Agraria de la Politécnica de Madrid) y de los profesores, estadísticos y expertos a nivel internacional, es una prueba más de cómo puede contribuirse, al margen de planteamientos puramente políticos, administrativos o profesionales, al contraste interdisciplinario e independiente sobre temas de interés nacional que pueden contribuir a visualizar un problema en un marco diferente al estrictamente público o político, o al privado o sectorial. Parece que, ante la importancia de las cifras de paro que fueron expuestas y las faltas de expectativas de empleo que se comentaron, cualquier cambio de impresiones que contribuya a profundizar en tan importante tema, y en sus conexiones con la crisis económica por la que atraviesa el país, puede ser útil para ayudar a buscar soluciones que desgraciadamente no serán ni sencillas, ni rápidas, ni improvisadas, ni milagrosas.... y por supuesto, tampoco populares. Para ello, como para tantas cosas, se requiere el esfuerzo de todos; al fin y al cabo, es el gran desafío con que hoy debe enfrentarse la sociedad española.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de mayo de 1979

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