No habrá exención para las siete mil familias de Fuenlabrada
Unas 7.000 familias de Fuenlabrada pueden perder, provisionalmente, sus derechos a la exención de impuestos sobre transmisiones patrimoniales (entre 160.000 y 200.000 pesetas), debido a la complicada maraña administrativa y a las incongruencias de algunos organismos oficiales, -que consideran buenas las viviendas a la hora de pagar impuestos, y se resisten a tratarlas igual a la hora de declararlas exentas.
La práctica totalidad de las viviendas nuevas construidas en Fuenlabrada se han hecho en un marco legal insuficiente, al no existir un plan general de ordenación. Los constructores han aumentado los volúmenes concedidos en la licencia municipal, y en muchos casos no se han preocupado de ejecutar la adecuada urbanización de las calles de la nueva colonia. Los compradores de los pisos, según datos aportados por los abogados que llevan el caso, pertenecen en su casi totalidad a la clase media baja, y entre un 30% y un 35% se encuentran en paro.Por término medio, en el caso de un piso del que se haya pagado millón y medio de pesetas, con otro millón aún pendiente, el impuesto citado anteriormente alcanza entre las 160.000 a las 200.000 pesetas. La legislación permite a los compradores lograr la exención de dichas cantidades, siempre que se cumplan una serie de requisitos, como el que la compra se haya efectuado en un plazo no anterior a tres años y -este es el escollo puesto por la Administración- que esté situado en un polígono de nueva urbanización, lo que implica encontrarse dentro de la legislación de planes parciales y generales que depende de Coptaco (Comisión de Planeamiento y Control del Area Metropolitana).
Se da la circunstancia, ya aludida, deque la mayoría de los pisos de Fuenlabrada, se han construido con graves irregularidades, muchos de ellos sin plan parcial ni nada parecido. Cuando los compradores quisieron acogerse a su derecho de pedir la exención de impuestos, se encontraron con la resistencia del secretario de Coplaco, Heliodoro Gil, a expedir las certificaciones, oportunas que declaren correctas las urbanizaciones de las colonias, porque no lo están, y eso es cierto.
La certificación de Coplaco es indispensable para que la Dirección General de lo Contencioso del Estado conceda la exención. El abogado-jefe de ésta, Julián Camacho, ya ha manifestado su intención de aplicar estrictamente la legalidad. Es decir, que los vecinos paguen el impuesto y que luego planteen un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo. Sí mientras dura el pleito, los vecinos consiguen los justificantes en cuestión; el tribunal fallaría a su favor, y se les devolvería el dinero pagado, aunque eso supondría tenerlo congelado durante un año, aproximadamente.
Los compradores de pisos de Fuenlabrada, a través de sus representantes legales, contaban con la buena disposición del ministro de Hacienda Fernández Ordóñez, que estaba dispuesto a conceder la exención, por entender que era justo, aunque faltara tal o cual papelito. Con su salida del equipo ministerial, la situación se ha complicado para los primeros.
Se da la circunstancia de que los que no tienen problemas de ningún tipo son, precisamente, los compradores, de las urbanizaciones más lujosas, tipo Puerta de Hierro, Montecarlo, Collado Mediano, avenida de la Paz y similares. Chalets unifamiliares o viviendas que valen bastantes millones, que por el impuesto correspondiente tendrían que pagar entre uno y dos millones de pesetas, consiguen la exención con facilidad, ya que sus urbanizaciones están bien acabadas y, por supuesto, se han hecho dentro del marco de un plan parcial.
Los abogados quieren que Coplaco expida las certificaciones, aceptando las posibles irregularidades cometidas por las constructoras como consumadas, ya que esas deficiencias no les impiden existir a la hora de pagar otros impuestos, y tampoco la Administración se preocupó en su día de obligar a las empresas a construir bien.
