La factura financiera de la política municipal
Catedrático de Universidad
Hemos asistido a la constitución de los ayuntamientos resultantes de las elecciones locales. Ante la filiación política de sus alcaldes y, por tanto, de las agrupaciones de concejales que los han elegido, resulta una clara y generalizada diferencia ideológica entre estos últimos y el partido titular del Gobierno general. Esta distribución de áreas de ejercicio del poder político y, sobre todo, de actividades administrativas es, en principio, conveniente para los españoles por cuanto ha de surgir, o debe surgir, una noble y empeñada emulación para lograr los más ambiciosos objetivos en el bienestar cultural y material de todos.
Pero toda actividad de las administraciones públicas, tanto en el orden general como en el orden territorial, tiene un coste financiero. Nada se puede llevar a cabo en la esfera política sin financiación. La política nada es sin administración y la administración no existe, sin financiación propia o ajena. Sé que los políticos se rebelan contra los condicionamientos administrativos y financieros, tanto porque son factores limitativos de sus propias metas políticas, como porque traslada a los técnicos la instrumentación de su política y a éstos corresponde decidir realmente en términos de posibilismo. De aquí que los políticos se hagan técnicos y que los técnicos accedan a la política aunque los tachen de tecnócratas. Pero volvamos al tema que encabeza las presentes reflexiones.
La administración municipal española, regida en su mayoría por quienes no tienen responsabilidades en el Gobierno general del país, ha de intentar facilitar los bienes públicos y prestar los servicios públicos que demanda la población del respectivo término o territorio. El hacer coincidir las áreas de revelación de las necesidades públicas y de provisión de las mismas es el argumento más poderoso a la hora de razonar -dialéctica no visceral- las autonomías territoriales. Pero de esta identidad geográfica de las necesidades y de las decisiones públicas siempre surge un notable incremento de las exacciones tributarias por la propia proximidad de los demandantes. Mas, ¿cómo van a obtenerse los recursos públicos que precisan los ayuntamientos recientemente constituidos?
Suponiendo que las haciendas municipales, inicien esta nueva etapa con tesorería (cualquiera que sea su fuente de financiación) y sin déficit presupuestario de ejercicios precedentes -que no deja de ser una hipótesis optimista, dada la crónica insuficiencia financieras de los municipios españoles-, no pueden esperar que la Hacienda general o estatal ceda más recursos de los que ya ha cedido. La Hacienda estatal bastante tiene con atender las necesidades colectivas que están a su cargo y con aguantar la sangría de las autonomías territoriales no municipales. Las haciendas municipales habrán de dirigir sus exacciones al campo de lo que ha dado en llamarse «recursos propios».
Precios y tasas
En esta vía estan, en primer lugar, los precios y las tasas siempre que cubran el coste total de los respectivos bienes y servicios públicos. Aquí no hay más limitaciones que las resistencias de los usuarios o consumidores de los bienes y servicios municipales. Si estos últimos se prestan con calidad y con eficacia, es de esperar que una ancha franja de la actividad municipal sea así atendida y financiada. Ello supondrá, indefectiblemente, un paso más en la municipalización o colectivización -por no decir socialización- de nuestras necesidades individuales. También puede provocar -por qué no apuntarlo- el rechazo vecinal, pues es bien sabido que quienes demandan servicios públicos desean que la factura sea pagada por los demás o que, al menos, no se pague por ellos en función del coste para el usiario o consumidor, sino de acuerdo con la capacidad económica de este último. La asignación del «principio de beneficio o de equivalencia» para la hacienda municipal, que a comienzos de este siglo postuló el profesor Flores de Lemus, no cuenta con el respaldo de la conciencia social de nuestros días.
Agotado este escalón de las fuentes financieras propias e indiscutibles de los municipios, éstos han de recurrir a los impuestos ya establecidos y a los que puedan establecer. Los impuestos ya establecidos pueden rendir mayores recaudaciones que las actuales mediante una gestión eficiente o mediante una elevación de tipos de gravamen. ¿Están las administraciones locales en condiciones de responder adecuadamente a las dificultades técnicas que son consustanciales en todo impuesto justo? Los gravámenes sobre solares, de radicación, sobre incrementos de valor de los terrenos, sobre gastos suntuarios, etcétera, que hoy constituye la imposición -¿autónoma?- municipal son de administración difícil, aparte de bordear o incidir en capacidades económicas ya sujetas a los tributos de la Hacienda general o del Estado.
Impuestos "nuevos"
Restan los impuestos a «estrenar» o a «resucitar» en el ámbito municipal. Determinados consumos -incluido el del agua-, las construcciones inmobiliarias, los traspasos de negocios y pocas capacidades económicas más pueden ser hoy fuentes de recursos para las haciendas municipales españolas. No obstante, habrá que evitar se conciban como impuestos «nuevos» lo que sólo son meros, «arbitrios» o disfrazada reiteración tributaria (superimposición o sobreimposición) sobre ciertas unidades productivas o familiares.
Orientaciones
Quedan expuestas las alternativas que se ofrecen a unos ayuntamientos que desearán presentar, además de una administración correcta y óptima de los recursos disponibles, una mejora y un incremento de los servicios públicos en el respectivo término municipal. Una vez más, y quiérase o no admitir, la política pasa la factura al contribuyente. Además, tratándose de la política municipal, se puede caer en el taifismo fiscal, que romperá inevitablemente cualquier sistema tributario racional y justo que desde el Estado se establezca a golpe de reformas materiales y administrativas.
Son, en efecto, pocas las opciones tributarias y muchos los riesgos de reparto sin equidad del coste financiero de la política municipal, por lo que habrá que actuar en líneas de coordinación y de administración compartida (Estado más municipios). Estimo que así lo esperan los españoles y bien merecen que ello se intente con buena voluntad y con criterios de justicia social, que sólo pueden realizarse en ámbitos de solidaridad y de administración conjunta.
