Incendios forestales
Como cada año, la llegada del calor es seguida, con un raro automatismo por los incendios forestales. Indiscriminadamente atacan las zonas de especial riqueza arbórea, pero como gallego he de lamentar que sea Galicia la región más castigada. Sin tomar en consideración el hecho marginal de la secular depauperación del noroeste español, cada verano arrecia el inevitable proceso de deterioro del medio ambiente y e inexorable camino de la desertización.La primera pregunta que podemos hacernos es, ¿qué hace la administración para combatir esta nueva forma de terrorismo? Quiero poner especial énfasis en la inoperancia de las medidas preventivas. Faltan, o no se ponen en práctica, las dos medidas esenciales, la investigación y determinación exactas de las causas socio económico-políticas que los provocan, y el establecimiento de una amplia, eficaz y operativa red de vigilancia y detección.
Aunque no poseo excesivos conocimientos de edafología o botánica, creo evidente que una de las razones motrices de esta plaga es la equivocada política de repoblación llevada a cabo por Icona. La inundación de pinos, por su rápido crecimiento y relativa baratura, en zonas eminentemente húmedas, como Galicia, es, además de erróneo, contraproducente. Y me remito a un artículo publicado, no hace mucho, en EL PAÍS, sobre investigaciones conjuntas de la Universidad compostelana y centros americanos sobre el castaño, que insisten en poner de manifiesto la degradación sistemática que se está operando en la flora galaica.
Otra causa de los incendios provocados apunta en una dirección meramente comercial, las maquinaciones fraudulentas para alterar, por vía de siniestro, el precio de la madera, ¿y qué se hace contra todo ello?
Pero, aun admitiendo que no todo es obra del hombre, el más grave problema es la infradotación de medidas de vigilancia. Porque tan sólo se acude al empleo de los inefables aviones o a la movilización de las guarniciones militares cuando el mal es irreversible. Carecemos de personal suficiente y de medios de detección; nos falta una verdadera red de alarma forestal que localice los focos incipientes y los ataje cuando sus efectos aún no sean desvastadores; no hay rapidez operativa en supuestos que hacen imprescindible adelantarse a los acontecimientos. Y lo que es más chocante, todavía no conozco un caso en que se haya detenido, o tan siquiera localizado, a los posibles causantes.
La política antiincendios debe encaminarse a prevenirlo, y no a lamentarse, en diciembre, de que las pérdidas alcancen cada año los 17.000 millones de pesetas. De momento, y mientras los hechos no demuestren lo contrario, el problema de los incendios sigue siendo insoluble.
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