La Oposición critica el proyecto de estatuto jurídico de Radiotelevisión Española

El PSOE y el PCE, las centrales sindicales UGT y CCOO expresan sus primeras críticas al proyecto de estatuto jurídico de RTVE remitido por el Gobierno a las Cortes y cuyo texto fue conocido ayer por su publicación integra en EL PAÍS. El estricto control de la radiotelevisión estatal por parte del Gobierno, la escasa descentralización del organismo, la desmembración de RTVE como un holding de empresas y el verticalismo de los órganos ejecutivos son los principales flancos débiles del proyecto gubernamental, a juicio de la oposición, cuyas líneas alternativas de estatuto se exponen también en la información recogida por

«Nuestra opinión hacia el proyecto de estatuto permitido por el Gobierno es muy desfavorable porque dista mucho de las propuestas que nosotros elevamos entonces al Consejo Rector», manifestó a EL PAÍS Luis Gómez Llorente, de la Ejecutiva del PSOE y vicepresidente del Congreso de los Diputados. El señor Gómez Llorente declinó ulteriores comentarios de su partido en Javier Solana, con quien no fue posible ponernos en contacto.En el proyecto de ley de radiodifusión y televisión del PSOE, que se remonta a finales de 1977, y aunque no fue presentado oficial mente como tal, destacan los siguientes principios generales ya expuestos en el Consejo Rector: rechazo de la privatización que se contempla parcial y transitoria mente sólo para la radio; descentralización con amplias competencias para las autonomías y regiones; fomento de la radio de ámbito local y comarcal dependientes de instituciones democráticas y organizaciones de base, como cooperativas y federaciones de vecinos; desaparición de la publicidad en RTVE e introducción paralela de un canon por receptor de televisión; creación de espacios de libre disposición para partidos, sindicatos y asociaciones; un consejo general como órgano máximo rector de RTVE, compuesto por parlamentarios, representantes de la Administración, trabajadores del medio y audiencia organizada; el director general, quien desempeña las funciones ejecutivas, es nombrado por el Gobierno, por un espacio de tiempo predeterminado y con carácter gerencial y no político y es responsable ante el consejo general; derecho de rectificación, supresión de la censura, libertad de expresión e incremento de la producción propia.

La oficina de prensa del PCE informó a EL PAÍS que, a la espera de analizar criticamente el proyecto de estatuto jurídico de RTVE remitido por el Gobierno a las Cortes, el PCE mantenía los principios expuestos en su propio estatuto y, en particular, «el monopolio estatal de la radio y televisión como servicio esencial a la comunidad, democráticamente controlados por la sociedad y al servicio de toda la nación y no del Gobierno ».

El estatuto del PCE, que ya había sido presentado al Congreso el 6 de noviembre del pasado año, propugna además una gestión descentralizada con emisoras estatales de radio y de televisión con programación y producción propias de carácter nacional, regional y comarcal. Contempla también la desaparición de la publicidad, se opone rotundamente al canon por uso de receptores, por entender que se trata de «un impuesto de claro carácter regresivo y discriminatorio». En cuanto a los órganos de administración y dirección de RTVE, el PCE defiende la creación de un consejo rector como máximo órgano de dirección, integrado por diecisiete diputados, cinco representantes de la Administración, tres representantes de la Audiencia, tres de los trabajadores de RTVE, los presidentes de los consejos rectores de RTVE de cada una de las comunidades autónomas y el director ejecutivo. Este último sería nombrado por el Congreso, por mayoría absoluta, para un período de tres años, renovables por otros tres, de entre una terna de nombres presentada por el Consejo Rector de RTVE. El director ejecutivo presidiría el comité ejecutivo, órgano con participación de los trabajadores. Por lo que respecta a la programación de RTVE, y de acuerdo con las líneas establecidas por el Consejo Rector, se crearían comités de programas (para informativos diarios, informativos semanales o extraordinarios, programación general de televisión y programación general de radio), cuyos contenidos deben inspirarse en criterios de pluralismo cultural e ideológico. Se prevé, igualmente, la creación de consejos de producción para cada uno de los programas que produzca RTVE.

El PCE ya había elevado unas «notas críticas», dentro del Consejo Rector, a las «bases» propuestas por el Gobierno en su día (16 de noviembre de 1978) y que en síntesis son: no establecer el carácter de monopolio del Estado, que debe de tener la gestión radiotelevisora, oposición al fraccionamiento en tres sociedades y a la figura del administrador único al frente de cada sociedad, «corno responsable unipersonal de la programación y sin ningún órgano colegiado con quien compartir las decisiones».

«Mi primera impresión es que se trata de un proyecto pobre -dijo a EL PAÍS Ramón Gómez Redondo, secretario de prensa del sindicato de radio y televisión de UGT-, que no recoge una serie de puntos mínimos que los socialistas y ugetistas hemos defendido siempre. Es ambiguo en otros aspectos y suponiendo que este modelo de carácter empresarial y gerencial sea aprobado en sus líneas generales por el Parlamento, el problema estaría en aplicarle una serie de factores correctivos. Tres, a mi modo de ver. En primer lugar, que los poderes que se atribuyen al Gobierno -como nombramientos y otros- se traspasen al consejo de administración, órgano emanado del Parlamento. Porque lo que sí está clarísimo es que RTVE tiene que estar al servicio de la sociedad y desvinculada jurídica y políticamente del Gobierno. En segundo lugar, el consejo asesor, tal y como queda recogido, parece una broma, una tomadura de pelo. Se crea un organismo fantasmal e ilusorio para contentar a los trabajadores. Un aparato formal que sin competencias es mejor que no exista. Por último, todo el proceso de descentralización y traslado de competencias a las autonomías de nacionalidades y regiones es abolutamente pobre, etéreo y precautorio, con una prudencia que parece inspirada en las formulaciones del espíritu del 12 de febrero.»

Jaime Martínez, secretario del sindicato de RTVE de CCOO, manifestó a EL PAÍS: «Este estatuto no nos vale y nosotros estamos dispuestos a plantear una batalla a fondo y concienciar a la opinión pública por los puntos que siempre hemos defendido, suscritos por el comité coordinador estatal de empresa de RTVE y por todos los grupos parlamentarios de las anteriores Cortes, todos excepto UCD. En síntesis, estos puntos son: la promoción de los valores de la democracia, libertad de expresión e información, difusión prioritaria de la cultura de los pueblos de España, monopolio del Estado, desvinculación del Gobierno, control democrático y social del medio y una real autonomía de programación y producción para nacionalidades y regiones, además de regular el acceso a los programas de RTVE, de todas las corrientes políticas, culturales y sociales. »