Moderación en las propuestas económico-sociales para el XXVIII Congreso del PSOE

Las propuestas económicas y sociales que el comité federal del PSOE planteará al XXVIII Congreso del partido pasan por un desarrollo más eficaz y progresivo de un modelo económico sensiblemente parecido al actual, con fortalecimiento de las centrales sindicales, establecimiento de fórmulas de «democracia en la empresa» y una política general de acuerdos Gobierno-patronal-sindicatos, así como la defensa contra movimientos corporativos de quienes tienen empleo contra quienes carecen del mismo. En lo que se refiere a la negociación con la CEE, dichos documentos plantean la necesidad de un referéndum antes de que sea aprobado el tratado de adhesión.

Los textos mencionados arrancan de una referencia a Marx, al decir que la línea general de salida de la crisis adoptada por UCD viene marcada por la voluntad de frenar la inflación, sin tener en cuenta los costes sociales en que se incurriría. «De esta forma se adopta la resolución de la crisis en los términos descritos por Marx, lo cual pasa por una extremada dureza social, que supondrá una mayor concentración económica, con la desaparición de innumerables empresas. »Y agrega: «El fortalecimiento capitalista resultante irá acompañado por una elevadísima cifra de parados y el aumento de marginación y de desintegración social. Se busca la separación política desesperanzada de una parte de las clases populares y una debilitación de la acción sindical con el crecimiento del ejército industrial de reserva. » Contrapone esta política a la que, en términos generales, defiende el PSOE, que consiste en una «lucha contra la inflación decidida, pero compatible con la minimización de los costes sociales medios en número de parados y en pequeñas y medianas empresas desaparecidas».

Dice después que «la vía que defendemos los socialistas es la de acuerdos económico-sociales», que deben buscar, entre otras cosas, «una moderación de los costes salariales, entre los que figura el salario en mano». Esta moderación debe asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo y comprender aquellos sectores populares -pensionistas, parados, campesinos, funcionarios de categoría intermedia o baja- que no contratan colectivamente o que no tienen fuerza suficiente. «Estos acuerdos se diferencian solamente del pacto social -afirma textualmente el documento- porque deben comprender contrapartidas en materia de empleo, de seguridad social y legislación laboral; asimismo, debe ser considerado el apoyo para la consolidación de las centrales sindicales y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores.»

Necesidad del crecimiento económico

En esta etapa de transición, prosiguen, el objetivo de la política socialista no puede ser otro que «la defensa de la democracia, amenazada en todos los frentes, y también en el económico, por la derecha». Anuncia que en este campo se mantendrá «una inequívoca lucha ideológica, y no caeremos en el discurso tecnocrático que pretende ocultar, tras aparentes relaciones científicas entre magnitudes económicas, las reales relaciones entre clases y capas sociales, en defensa de sus respectivos intereses». Y se muestra partidario de «un crecimiento económico relativamente elevado», no sólo por el hecho mismo del crecimiento, sino para «conseguir unos niveles de desarrollo que sólo serán posibles si se produce un aumento de los recursos sociales».En este sentido se dice que para el PSOE «la lucha salarial sigue siendo fundamental, pero esta lucha debe articularse en el seno de las empresas con un conjunto más amplio de reivindicaciones», lo cual se completa con el equilibrio y reducción de los horarios de trabajo, favoreciendo así la absorción de trabajadores en paro.

En relación con la negociación colectiva, se establece la necesidad de una discusión de las bases generales y de la oferta de bienes públicos, que debe realizarse a tres partes: centrales sindicales-patronal-Gobierno. Sin embargo, debe eliminarse la repetición de macroacuerdos salariales, de forma que las negociaciones a niveles de sector y empresa tengan importancia y permitan recoger « características propias».

Afirman también los documentos del comité federal del PSOE que las decisiones a adoptar sobre el desarrollo energético «no pueden ser gobernadas por mecanismos de mercado», aunque no se concreta mucho cuáles serían los sistemas a aplicar; se propone un desarrollo constitucional en el que se dé contenido a la posibilidad de planificación, y se dice que «la política socialista no considera al mercado como un valor en sí, sino como un mecanismo de organización, el cual, junto a otros instrumentos de dirección de la economía, puede realizar determinadas funciones».

Hay otra línea directriz en el documento económico del PSOE, y es la indicación de que la política anunciada en el mismo supone la modificación de las pautas de crecimiento y consumo actuales. «La intervención decisiva del sector público en el control de la economía implica un modelo de desarrollo distinto que tiene que contar con el asentimiento del país. El cambio económico sólo es posible si se produce un cambio social en las pautas de comportamiento de la población, especialmente en sus hábitos de consumo.» Y precisa: «No es una simple política de austeridad, sino una política que implica la limitación del consumo de ciertos bienes de carácter privado y la orientación hacia un consumo colectivo.»

Responsabilidades de la empresa privada

En cuanto a la empresa privada, el documento citado habla de «superar el desfase existente entre la importancia social de la empresa privada y su escasa o nula responsabilidad ante la sociedad y los trabajadores», lo cual implica establecer «la democracia económica en la empresa», así como una estricta vigilancia de prácticas monopolistas, una reglamentación de las relaciones entre las pequeñas y grandes empresas, que impida situaciones de dominación, y la articulación internacional del movimiento sindical, para poner coto al inmenso poder de las empresas multinacionales.Asimismo, y sin concretar las fórmulas que lo harían posible, el documento socialista analiza con alguna extensión el objetivo de la acción sindical en la empresa, que se dirigiría a «condicionar el poder de organización, de dirección, de sanción, que el empresario ejerce en la actualidad con la máxima discrecionalidad o, en muchos casos, arbitrariedad».

Otro aspecto de los documentos del comité federal del PSOE se refiere a la integración de España en Europa. La propuesta dice que el PSOE Considera la integración de España en Europa como un «asunto de Estado», y en este sentido la formulación de la posición negociadora debe hacerse con participación y audiencia de las fuerzas sociales y económicas afectadas. Propone igualmente el sometimiento del tratado de adhesión a un referéndum.

Asimismo, realiza un análisis de las desviaciones institucionales en que ha incurrido la Comunidad Europea y entiende que, «después de veinte años de aplicación de los tratados fundacionales, la actual construcción europea no constituye un intento real de organizar la sociedad europea occidental en función de un proyecto global o coherente, sino simplemente un mecanismo auxiliar de la sociedad liberal capitalista», frente a lo cual los partidos socialistas deben construir la « Europa de los trabajadores».