Tribulaciones de la víctima de un atraco

La sociedad persigue en España a la víctima de un atraco, cual si ésta fuera la culpable. Tal es mi experiencia reciente, atracado en mi automóvil a la puerta de mi casa, en la calle de Castelló, en las proximidades de Juan Bravo, al regreso de una sesión nocturna del teatro, acompañado de mi esposa. Un coche con cinco atracadores se colocó a mis espaldas, cuando esperaba la apertura de la puerta del garaje, y se me amenazó con navajas. Por suerte, terna a mano una de esas barras de hierro que enlazan el volante al pedal del embrague -el «candado»-, y pude salir combatiendo del coche (que ya había abandonado previamente mi mujer), huyendo hacia Juan Bravo. Uno de los atracadores me quitó, por último, el «candado» y me lo arrojó a la cabeza: falló por poco, ocasionándome dos astillamientos del hueso de la zona escapular izquierda. Si hubiera hecho diana diez centímetros más a la derecha pudo haberme matado.Reconocido en la asistencia pública y denunciado el hecho ante la comisaría del barrio, confieso que quedé estupefacto al no encontrar referencias ulteriores sobre el mismo en los diarios, ya que suponía favorable la difusión de la noticia, que me permitiría encontrar de nuevo mi coche. Por lo visto, o la policía no creyó digno de comunicación a la prensa el intento de homicidio de uno de los más antiguos catedráticos de universidad de España (tengo el número cinco en un escalafón con más de 1.700 nombres), o bien la prensa no estimó necesaria la publicación de la noticia.

Al no aparecer mi automóvil pasado un tiempo prudencial, reclamé la indemnización correspondiente a la compañía de seguros. Esta me comunicó un valor fundado en la depreciación anual y el precio del coche en fábrica. Las revistas especializadas comunican un valor para los coches según su antigüedad anual, pero mi coche fue adquirido el 4 de diciembre de 1977 y no puede tener un «valor venal» igual al comprado el 1 de enero de ese mismo año; por otra parte, los precios de 1 os coches han subido.

Si adquiero ahora un nuevo vehículo, me informan que el Ministerio de Hacienda no se preocupa ni poco ni mucho sobre lo ocurrido, cobrándome de nuevo un impuesto sobre el lujo originado por la ineficiencia de un servicio público fundamental, cual es la seguridad ciudadana. Es decir, se hacen oídos sordos al atraco, para favorecer la recaudación fiscal, contraviniendo los principios constitucionales básicos sobre la determinación de los tributos. Esa incoherente política me costará un impuesto de 102.000 pesetas, pagado dieciséis meses más tarde del que aboné por mi coche robado.

Señor director: a través de las insuficientes informaciones de los diarios se deduce que actúan unas bandas de navajeros que operan con violencia e impunidad, robando uno o más coches cada noche, y a veces durante el día. ¿Qué hace la policía que parece incapaz de encontrar a los que cometen insistentemente un delito, que a veces origina la muerte? ¿Cómo se permite que los autores de esos hechos aparezcan poco después en libertad? ¿Qué clase de legisladores hemos tenido que no enmendaron correspondientemente la legislación penal para que esos infames delincuentes sufran la larga privación de libertad que se merecen? Todo parece favorecer, señor director, a la delincuencia más desenfrenada, discriminando en contra del resto de los ciudadanos; para éstos sólo existen los «derechos inhumanos».

Esperemos que desaparecido el funesto ministro Martín Villa, según el cual la seguridad ciudadana era excelente en España, se consiga rápidamente por sus sucesores que Madrid sea una ciudad en la cual los pacíficos habitantes puedan frecuentar el teatro y los espectáculos sin jugarse por ello la vida. (Catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense).