La vivienda, problema prioritario para los partidos

La insistente demanda de la necesaria convocatoria de estas elecciones, dados los problemas de todo tipo que asolan a los ayuntamientos, no ha sido reflejada en los programas con el suficiente nivel de concreción y soluciones, algo más que meramente teóricas. Incluso algunos partidos, apremiados por el tiempo, no los han publicado hasta úItima hora. En este sentido, es de destacar la anticipación con que ORT y PCE han elaborado sus propuestas, que, al igual que el resto, abarcan un amplio espectro de la vida ciudadana, desde los problemas planteados con la tercera edad hasta el de las zonas verdes, Todos los programas comienzan exponiendo cómo deben estructuranse los nuevos y democráticos ayuntamientos, coincidiendo en recabar un mayor protagonismo y autonomía en las competencias de la Administración local, así como una mayor participación ciudadana, pero tan sólo ORT-PTE esboza un plan donde los vecinos tienen capacidad decisoria, sin limitar su actuación a meras funciones consultivas.Se hace especial hincapié en el problema de la vivienda, por ser el de mayor repercusión, y en el del urbanismo. En lo que se refiere al primero, reconocido como derecho en el artículo 47 de la Constitución, es clara la unanimidad, salvo matices, en cuanto al análisis del tema y a las soluciones. El realojamiento de las 50.000 familias que actualmente ocupan chabolas e infraviviendas en un plazo de cuatro años (cinco para UCD) y la potenciación de viviendas de promoción oficial en régimen de alquiler es un punto en el que coinciden absolutamente todos los partidos, sólo existen diferencias en la forma de gestión de las mismas, protección, ayudas, etcétera. Es decir, la intervención estatal en la creación de nuevas viviendas. UCD aboga por la importancia de la colaboración de la empresa privada, el PSOE propone una solución intermedia, «sociedades mixtas», donde existiría una participación mayoritaria del municipio, y la colaboración con entidades de crédito como las cajas de ahorro. Por su lado, el PCE afirma que las viviendas de protección oficial deben llegar al 60% del total construido, en lugar del 25-30% actual, siendo el Ayuntamiento el que asumiría la gestión de toco el proceso, pero indicando que hay que mantener un importante sector de la iniciativa privada, dando prioridades a las cooperativas, reguladas en base a una nueva ley. El resto de las opciones políticas (ORT-PTE, MC-OIC, LCR) propugnan una estricta gestión estatal.

Respecto al tema del mantenimiento y conservación de viviendas (más de 22.000 casas en ruinas o en mal estado de habitabilidad), todos se muestran también de acuerdo en la necesidad de una actuación por vía financiera, capítulo prioritario dentro del programa del PCE: «Se trata de cuidar la ciudad que tenemos, en lugar de construir de mala manera nuevos barrios.»

Todos piden también la modificación de la actual ley sobre declaración de edificios en ruina; asimismo, el PSOE y demás partidos de izquierda apoyan la realización de un inventario de pisos vacíos y de un mecanismo eficaz para su rápida adjudicación.

Se remarca con especial interés lo referente al control de las edificaciones, tanto a la hora de concesión de licencias para nuevas construcciones como para otorgar la cédula de habitabilidad en las ya realizadas, y penalización rigurosa de las infracciones que se puedan cometer.

En cuanto al capítulo de financiaciones, se divaga, como en el resto de los apartados, sobre los sistemas más adecuados. UCD indica «apoyo ante las entidades competentes, para la creación de un sistema de, financiación que permita un pago a largo plazo de la vivienda que se ocupó o se pretende adquirir», este partido es el único que apunta el problema de la anacrónica industria de la construcción española: «Racionalización de las técnicas tradicionales de la edificación y fomento de la construcción industrializada en los casos de promociones medias y grandes.»

Es opinión generalizada la imperiosa necesidad de una reestructuración a fondo del actual planeamiento urbanístico; para el partido del Gobierno, este cambio se producirá en base a los actuales sistemas de planeamiento; el resto de los grupos políticos se pronuncian por una transformación :más radical, en función de nuevos planeamientos, aunque ni unos ni otros aclaran cómo realizarlos.

Y es que esta cuestión es importante, ya que gira en tomo al problema básico de la reconversión del suelo en urbanizable. Si para UCD es inmediata la necesidad de creación de gran cantidad de suelo urbanizable, para el PSOE existen reservas suficientes con las que atajar el problema, tendiendo a «limitar a los mínimos necesarios los procesos de calificación de suelo urbanizable que, hasta ahora, sólo han servido para aumentar la especulación y los precios».

La municipalización del suelo es afrontada de diferentes maneras. PCE y PSOE establecen un sistema a muy largo plazo, dilación no admitida por la izquierda extraparlamentaria.

La ineficacia de los actuales organismos de gestión urbanística es denunciada con unanimidad y se demanda la remodelación de la Dirección General de Urbanismo (DGU) y especialmente de Coplaco, pues incluso UCD habla de la «inadecuación de las funciones y estructura de Coplaco para el cumplimiento de la función encomendada», así como de su constante interferencia en la Administración local.

En resumidas cuentas, los programas se apoyan más en la posible fe del elector que en una profunda exposición y estudio de soluciones y recursos. La carencia de datos, de previsiones calculadas y presupuestos, hacen tan aleatoria la resolución del problema de la vivienda en cuatro años como en cinco.