Agricultura: ventajas para aceite de oliva, vino y frutas, y problemas para leche, carne y remolacha
La adhesión de España a la CEE tendrá consecuencias favorables para nuestra agricultura, si para antes de esta fecha se consigue concluir una profunda reforma de las estructuras agrarias españolas, y, en especial, las que afectan a las producciones de algunos cereales, remolacha azucarera, leche y carne. Esta es la principal conclusión que se obtiene en el plano agrícola del informe reservado del Gobierno sobre la adhesión de España a las Comunidades Europeas. El documento anuncia una incidencia de la política agrícola comunitaria en los precios al consumo españoles. Escribe Pablo Sebastián.
El ingreso de España en la CEE obliga a la adopción de la política agrícola comunitaria (PAC), lo que supone la aplicación de sus precios, supresión de derechos de aduana frente a los Estados miembros de la CEE, aplicación de la tarifa exterior comunitaria (TEC) y aceptación de los compromisos contraídos por la CEE con países terceros. Estas adaptaciones no son automáticas en su totalidad y muchas de ellas estarán sometidas a períodos transitorios, por ejemplo en lo que se refiere a la unión aduanera y a la política de precios comunitarios, así como a los llamados sectores sensibles de nuestra agricultura.El informe declara de manera tajante: «La perspectiva de la adhesión condiciona en gran medida el desarrollo de nuestra política agrícola a corto plazo, la cual deberá preparar, con la mayor anticipación posible, la integración de la agricultura española a la CEE.»
1. Consecuencias generales. «La adhesión exige adaptaciones muy profundas, con grandes repercusiones sociales y económicas», dice el informe, y explica que ello se debe, en especial, a la complejidad de la PAC, con su mercado común agrícola (MCA) y sus organizaciones comunes de mercados (OCM), lo que deja poco espacio a la iniciativa de los Estados miembros de la CEE, supeditados a las decisiones de la PAC. Ello sirve de argumento a los expertos agrícolas para proponer una política de preparación de funcionarios españoles con vistas a la participación de España en las instituciones comunitarias y a la inserción de las organizaciones agrarias hispanas.
Asimismo se apunta que las deficiencias estructurales de nuestra agricultura causará problemas económicos y sociales al entrar ésta en competencia con la europea, más dotada de medios, organización y técnicamente superior. Por ello, el informe pide la puesta en marcha inmediata de una reforma estructural hispana del sector con la ayuda económica del Estado, y en especial para aquellas regiones menos dotadas para resistir la competencia de la CEE.
También se incluyen en las consecuencias generales la incidencia que tendrá en los precios al consumo españoles la adopción de los precios comunitarios, generalmente más altos y más protegidos de los mercados mundiales mediante la TEC. Precios hispanos que deberán regularse de acuerdo con la unidad de cuenta agrícola europea o moneda verde, y que en algunos casos favorecerán a varios productores españoles (de vinos, frutas y aceite, por ejemplo) y en otros los dañará (leche, carne y remolacha).
También, por diferencia de precios y de origen de suministros agrícolas que no sean comunitarios, España deberá aportar serias sumas de dinero al Fondo Europeo de Ordenación y Garantía Agrícola (FEOGA). Dinero que vuelve luego al territorio español como ayuda a España para sus reformas estructurales y puesta en marcha de la PAC. Según el informe, los propios cálculos de la CEE, dan un balance favorable a España.
Por último, el documento destaca la incidencia en los precios al consumo que causará también la aplicación futura en España de la tasa del valor añadido (TVA) y los problemas que causará a ciertas exportaciones hispanas (vinos y agrios) la competencia de países terceros como los del Magreb.
2. Consideraciones específicas. Estas se refieren a casos concretos y se subdividen así:
a) Precios de regulación. Estos dependen de la paridad que se dé a la peseta verde, lo que tendrá una influencia especial en los distintos productos, como afirmábamos antes. Esta será un punto clave de la negociación. De todas maneras, se prevé que serán necesarias reestructuraciones de los sectores lechero, carne, remolacha azucarera y algunos cereales.
b) Precios percibidos por agricultores. El informe se limita a un análisis de cuatro productos (leche y remolacha azucarera, más caros en España que en la CEE, y vino y aceite de oliva, más baratos en España), a título de ejemplos indicativos. Se señala la necesidad de reconvertir el sector ganadero y de buscar un régimen diferencial transitorio para la remolacha azucarera, a fin de evitar la desaparición del cultivo. En el aceite de oliva se señala la ventaja de nuestro precio frente al comunitario, porque sólo asciende al 57% del de la CEE y se piensa que habrá aquí efectos muy positivos. Igual se piensa para el vino, aunque aquí la diferencia de precios es inferior a la del aceite y sólo está en un 17%.
c) Ayudas estatales a la agricultura. No se piensa que este apartado cause problemas mayores, ya que las hispanas son inferiores a las comunitarias.
d) Cereales. La aplicación de la OCM en cereales trae como consecuencia una diversificación arancelaria de este sector. Se apunta que la adopción de los precios de la CEE traerá ventajas para trigo duro y cebada, e inconvenientes para trigo blando y maíz. La avena y el sorgo quedarían sin sostén de garantía. Se señala aquí que el seguro de cosechas español no se opone al Tratado de Roma y que la Administración preparó ya un borrador de Reglamento Básico de Cereales.
e) Leche y productos lácteos. No se presentan aquí problemas de OCM, aunque sí sobre la aplicación de dichos reglamentos. Se dice que las diferencias de precios causaran graves problemas a los productores españoles por ser, más altos los de España y se abunda en la necesidad de reestructurar con tiempo este sector, instalado en un 60% en la cornisa cantábrica. Por ello se prevé que España defenderá aquí un largo período transitorio.
f) Grasas. España pedirá a la CEE reconsiderar su política de grasas en favor del aceite de oliva en contra de los de semillas.
g) Azúcar. Se espera conseguir tratamiento diferencial para remolacha, dado que Francia y Alemania producen este tubérculo más barato.
h) Incidencia en precios al consumo. El informe realiza un cálculo aproximativo que da un aumento mínimo de un 2%, teniéndose en cuenta sólo las repercusiones directas y los principales productos (ver cuadro), calculados por sus precios de regulación y no por los de origen.
3. Acciones urgentes. El informe concluye enumerando las acciones urgentes a realizar con vistas a la adopción de la PAC. De entre ellas destacan: acciones socio-estructurales (programas de modernización de cultivos, retiros anticipados, formación profesional y programas específicos de montaña y zonas desfavorecidas), participación necesaria de España a la PAC (con la preparación de funcionarios y apoyo a organizaciones de agricultores), regulación de campañas de acuerdo con normas comunitarias y promoción de ayudas a la exportación de los sectores en dificultades.
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