La universidad española: una deuda pendiente

LA KAFKIANA situación administrativa en la que se ha visto apresado, en la facultad de Medicina de Córdoba, Carlos Castilla del Pino debería servir de recordatorio acerca de lo mucho que todavía falta para que nuestro país recupere su pulso cultural y eleve su nivel científico. A lo largo de varias décadas, el acceso a la Universidad estuvo controlado por mafias-politicas, ideológicas y religiosas que, si bien no impidieron el ingreso en el cuerpo de catedráticos de una minoría de excelentes intelectuales y científicos, permitieron el engrosamiento de los escalafones con insignes mediocres, sobresalientes, en cambio, en las artes del conformismo y la obsecuencia, y convirtieron las oposiciones en un ejercicio casi heroico para quienes no gozaban de los favores de las camarillas o las sectas dominantes.Casos como el de Carlos Castilla del Pino, suspendido, en medio del escándalo, en unas. oposiciones a la cátedrade Psiquiatría, o de Manuel Sacristán, también injustamente preterido en su intento de ganar una cátedra de Lógica, marcaron el límite del absurdo y del descaro. Pero no siempre fue necesario recurrir a tan drásticas y espectaculares alcaldadas para marginar a los heterodoxos. Otros procedimientos más refinados y tortuosos contribuyeron » a crear el clima de disuasión preventiva que movió a un, buen número de intelectuales con vocación docente o investigadora a descartar cualquier proyecto de opositar a una cátedra. El hecho de que horribres como Julián Marías o Julio Caro Baroja hayan realizado su obra fuera de los recintos universitarios españoles es una triste prueba de que los procedimientos de selección del cuerpo docente, aunque permitieron a los jefes de clan colocar a sus vasallos en nómina, alejaron de la vida académica a valiosos intelectuales poco dispuestos a realizar esfuerzos sobrehumanos para vencer los gratuitos y caprichosos obstáculos erigidos por las mafias.

A estos «exiliados interiores» habría que añadir la larga lista de intelectuales que tuvieron que emigrar al extranjero, incluso después de finalizada la guerra civil, para investigar y enseñar en un clima de libertad y sin pasar hambre. Sólo la concesión del Premio Nobel a Severo Ochoa hizo que sus compatriotas conocieran la existencia de este eminente biólogo, que tuvo que buscar en Estados Unidos lo que su patria no le daba; y el reverso que la historia tiene su más triste ejemplo en el regreso de Duperier a España. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia o en México, decenas de españoles eminentes dan clases, investigan y escriben. Pero ni siquiera cabe plantear la posibilidad de su regreso a España, tanto más difícil cuanto que en esos países gozan de posiciones difícilmente conquistadas o porque aquí nadie les pide que vuelvan, al igual que nadie ruega a los exiliados interiores que se incorporen a la vida universitaria.

Y si tal es el olvido o el menosprecio de la universidad española hacia los intelectuales marginados dentro de nuestras fronteras o exiliados a lo largo de casi cuatro décadas, sería ingenuo pedir que abriera sus puertas a los catedráticos y profesores argentinos, chilenos o uruguayos que, casi cuarenta años después del Masivo exilio español hacia Latinoamérica, se han visto obligados a un doloroso trasterramiento en la dirección opuesta. Para su desgracia y para nuestra vergüenza, la única aspiración de estos intelectuales huidos del Cono Sur se reduce a conseguir un puesto al sol en actividades muy alejadas de la docencia y de la investigación, y a mantener sus papeles en regla para no ser expulsados de lo que sólo irónicamente pueden llamar «madre patria».

Sería injusto atribuir a la Administración todas las responsabilidades por ese lamentable desaprovechamiento de las posibilidades de enriquecer nuestra anémica vida universitaria. Porque la ley de Educación admite, aunque con parsimonia y precaución, -el nombramiento de catedráticos extraordinarios. Las mayores resistencias, inhibiciones y trabas se producen precisamente en los claustros universitarios, donde ideologías y militancias polítícas se difuminan y borran en nombre de los sagrados principios de la defensa de los intereses creados y los derechos adquiridos. No sólo algunos ayatollahs del periodismo se homologan con los especialistas en riñón, los cirujanos o los ingenieros de caminos, para justificar la absurda pretensión de que únicamente el carnet oficial de prensa capacita para trabajar en un diario o en una revista. Las personas que accedieron a las cátedras por favoritismo nepotista se unen, ahora, a quienes tuvieron que pasar por las humillantes pruebas de los ritos iniciáticos de las oposiciones franquistas -más parecidos a los que se escenificaban en la película Un hombre llamado Caballo que a un concurso de méritos académicos- para hacerse los distraídos ante la existencia, en la vida intelectual española o en las más prestigiosas universidades norteamericanas y europeas, de notables intelectuales y científicos que aguardan inútilmente que España les reclame para integrarse a una vida universitaria que les necesita mucho más de lo que ellos la necesitan. Que ninguna universidad española haya pedido la incorporación de José Ferrater Mora o de Julián Marías, de Manuel García Pelayo o de Julio Caro Baroja como catedráticos extraordinarios dice muy poco en favor de los profesores numerarios que anteponen sus estrechos intereses gremiales y su cerrado espíritu de cuerpo a la apertura y universalidad que, al menos teóricamente, deben caracterizar el mundo de la cultura. Difícilmente seremos capaces de detener esa permanente sangría que para nuestro patrimonio científico y cultural supone la «fuga de cerebros» cuando ni siquiera abrimos los amurallados recintos de la universidad española a quienes, marginados de la vida académica o forzados a exiliarse al extranjero durante el franquismo, demostraron, con sus libros y con su obra, su capacidad intelectual y científica. Respetemos los derechos adquiridos, incluso aunque sus actuales titulares no hicieran más méritos para lograrlos que su servilismo; pero que esa actitud no sirva para negar otros derechos, mucho más dignos de amparo y protección, y para demorar por más tiempo la cancelación de una deuda pendiente con los marginados por el anterior régimen.