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Un juez "secuestra" 530 pisos vacíos en Roma

Juan Arias

En el marco del grave problema de la vivienda que agita las grandes ciudades italianas, una espectacular decisión del juez romano de la sección penal, Filippo Paorie, fue la noticia de ayer en todo el país: 530 pisos de Roma, que los propietarios mantienen vacíos sin quererlos alquilar, fueron entregados por el juez al alcalde comunista Giulio Carlo Argan para que sean alquilados a las personas más necesitadas de vivienda al precio del «justo canon ».

Este «justo canon» fue estipulado por una nueva ley, aprobada hace unos meses por el Parlamento después de años enteros de debate y que reglamenta la difícil disciplina de los alquileres. Hasta esta ley los alquileres de pisos en Italia estaban bloqueados por la Magistratura y era prácticamente imposible ni aumentar el precio, ni echar a la calle al inquilino. Sólo cuando un piso quedaba vacío podía alquilarse de nuevo; dado el grave problema de la vivienda, los alquileres habían subido por las nubes.

La nueva ley ha aumentado los alquileres viejos, pero ha puesto límites precisos a todos los nuevos contratos. El precio se calcula, según una serie de parámetros, desde la zona del piso, al año de construcción, o los metros cuadrados, etcétera.

Más grave

Pero a los pocos meses de la ley, la situación se ha hecho aún más grave. Los propietarios de los pisos antiguos han empezado a vender los pisos a precios bajos. Los nuevos propietarios, ateniéndose a la nueva ley que permite que se eche a la calle al inquilino por algunos motivos concretos, como, por ejemplo, si la casa la necesita un 'hijo del propietario, han empezado a dejar en la calle a cientos y miles de familias. En algunos casos, familias de ancianos se han visto de la noche a la mañana en medio de la calle.Más aún, burlando la ley, los propietarios de pisos vacíos han empezado a pedir a quienes deseaban alquilarlos y tenían dinero y necesidad extrema de vivienda, bajo cuerda, además del «justo carion» un nuevo alquiler o una cantidad fija de varios millones de liras. Algunos propietarios han acabado en la cárcel; la mayoría han preferido tener las casas vacías: prefieren venderlas que alquilarlas.

Este escándalo ha provocado la indignación de los sindicatos. El alcalde de Roma había amenazado con dimitir si no se resolvía el problema de las familias que se quedaban en la calle sin casa. Días pasados hubo una manifestación nacional en Roma para protestar contra el abuso en la aplicación de una ley que tanto había costado sacar adelante a las fuerzas democráticas.

El juez se ha basado en una norma constitucional que permite el secuestro de bienes de primera necesidad escondidos o acaparados. El alcalde Argañ había dicho en las plazas de Roma ante más de 100.000 manifestantes: «Roma no se puede convertir, porque sería contra los principios morales y civiles, en una ciudad de casas sin gente y de gentes sin casa.»

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