El Gran Bilbao no tiene dinero ni para medir la contaminación de su atmósfera

Según un estudio elaborado por los médicos del sanatorio antituberculoso de Santa Marina, el 45% de las enfermedades del tórax tienen, en Vizcaya, su origen en la contaminación atmosférica. El dato, confirmado por otra parte por la Organización Mundial de la Salud, no debiera extrañar a nadie cuando, ya en diciembre de 1977, el director general de Acción Territorial y Medio Ambiente otorgaba a Bilbao el poco honroso título de ciudad más contaminada de España, confirmando el diagnóstico de la CIMA (Comisión Interministerial del Medio Ambiente), que en su informe del mismo año había calificado al área del Gran Bilbao (800.000 habitantes) como una de las más contaminadas de Europa.En diciembre pasado, el Tribunal Supremo resolvía un largo pleito, condenando a la Administración a indemnizar a los familiares de Josu Murueta, uno de los dos vecinos del barrio bilbaíno de Erandio muerto a tiros por la policía en el transcurso de una manifestación contra la contaminación que tuvo lugar en dicha localidad el 29 de octubre de 1969. Las muertes de Josu Murueta y José Antonio Fernández no fueron, sin embargo, suficientes para que el municipio bilbaíno, presidido entonces por la alcaldesa blas-piñarista Pilar Careaga, tomase medidas contra las empresas contaminantes. Pero sirvió, al menos, para que se instalasen unos cuantos sensores capaces de medir el grado de acidez del aire.

La medida, aprobada en enero de 1970, no tranquilizó especialmente a los habitantes de ambas márgenes del Nervión, que no acababan de ver el alivio que para sus pulmones podría suponer el estar informados -o, mejordicho, el que la alcaldía estuviera informada- de lo que ya todos sabían: que el aire de Bilbao es irrespirable un día sí y otro también. De todas formas, los bilbaínos fueron informados de que durante 1975 la zona estuvo durante 34 días en situación técnica de región contaminada y ocho días en situación de emergencia de primer grado. Los datos se repitieron en los años siguientes, sin que por ello notasen los ciudadanos mejoría alguna. Como tampoco la experimentaron al conocer que la ley de Protección del Ambiente Atmosférico fija el máximo admisible de anhídrido sulfuruso por metro cúbico de aire en 150 microgramos, siendo así que en 1975 y 1976 se rebasó el límite de cuatrocientos microgramos en, respectivamente, 173 y 103 días. Como denunciaron diversos organismos ciudadanos, estos datos eran más alarmantes teniendo en cuenta que el anhídrido sulfuroso es tan sólo uno de los diecisiete componentes tóxicos del aire.

Pero los datos de la CIMA tuvieron, al menos, el efecto de hacer tomar conciencia de la situación a las autoridades locales. Un pleno del Ayuntamiento, celebrado en octubre del 77, discutió sobre la conveniencia o no de que Bilbao fuera oficialmente declarada zona contaminada, a fin de poder acogerse a las medidas y beneficios legalmente previstos para tal circunstancia. El concejal Alberto Alonso Alegre, químico de profesión, argumentó en contra, alegando que «una medida de ese tipo alejaría aún más a los inversores». Sin embargo, el viejo chantaje de «o contaminación o subdesarrollo» no fue aceptado por la opinión pública, que por boca de los partidos y asociaciones ciudadanas devolvieron el argumento al concejal: «Si no se elabora en serio el problema de la contaminación, ligado al de reordenación del territorio, ni habrá salud ni habrá reconversión industrial.»

Zona de atmósfera contaminada

Así las cosas, el debate fue zanjado por el Consejo de Ministros, que el 16 de diciembre de 1977 aprobaba la declaración de zona de atmósfera contaminada para el conjunto de los diecinueve municipios integrados en el área del Gran Bilbao. Según anunció por entonces el ministro Garrigues-Walker, la medida implicaba la concesión inmediata de un crédito extraordinario de 392 millones de pesetas. Se trataba tan sólo, según explicó Daniel de Linos, director general de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, de un primer anticipo destinado a coordinar los distintos sistemas de control, ya que «una solución estable requerirá una inversión superior a los 15.000 millones de pesetas». Sin embargo, los 392 millones se vieron reducidos a cien, destinados, según consta en la partida correspondiente del Presupuesto General del Estado, a la «unificación, bajo la supervisión de la Jefatura Provincial de Sanidad, de las tres sedes de vigilancia, de la contaminación existentes en la comarca del Gran Bilbao». Según se explicó oficialmente, los casi cuatrocientos millones inicialmente previstos para financiar las medidas correctoras más urgentes quedarían congeladas hasta disponer de un informe sobre la situación. A su vez, el costo de un estudio de este tipo era fijado por la comisión correspondiente del Partido Nacionalista Vasco en trescientos millones. La pescadilla se mordía así, una vez más, la cola: sólo se invertirá cuando esté claro en qué y averiguarlo requiere unas inversiones para las que no hay fondos.Finalmente, en noviembre de 1978, el Consejo de Ministros aprobaba un plan de saneamiento atmosférico dividido en cuatro fases, de un año de duración cada una. El plan combina las medidas de protección del espacio atmosférico en general con la aplicación de determinadas restricciones en el empleo de combustibles por parte de algunas industrias. En aplicación del plan, la Administración se compromete a Otorgar subvenciones a las empresas afectadas por dichas medidas restrictivas, a la vez que se pone en pie un sistema coactivo que vigile la observancia de las medidas correctoras.

Las primeras subvenciones, cuya cuantía cubre apenas el 30% de lo solicitado, fueron aprobadas, por un importe total de trescientos millones, el pasado 30 de enero. De esta cantidad, casi la mitad va destinada a la empresa química Sefanitro. Los empresarios aseguran, por su parte, haber invertido ya unos mil millones en la aplicación de distintas medidas anticontaminantes.

Ignorancia de los organismos autonómicos

La provisionalidad de las corporaciones locales no ha hecho sino agravar la situación, ante la falta de decisión para aplicar medidas que un futuro ayuntamiento democrático podría impugnar. El plan de diciembre del año pasado habla por primera vez de la participación de los entes ciudadanos, pero ningún paso se ha dado para concretar esta participación. Entre otras cuestiones, el plan no tiene en cuenta al Consejo General Vasco, pese a existir una Dirección General del Medio Ambiente dependiente de la Consejería de Urbanismo. El Colegio de Ingenieros de Bilbao, en un informe sobre el plan de saneamiento, considera que esta ignorancia de los organismos autonómicos lo invalida de raíz, a la vez que crítica lo que considera insuficiencias técnicas del mismo, como el que no se tome en consideración la incidencia de la contaminación generada por la ría del Nervión.¿De dónde van a salir los 8.000 millones necesarios, según el plan director de saneamiento del Gran Bilbao, para limpiar la ría en un plazo de quince años? Las distintas candidaturas presentadas para las elecciones municipales se esfuerzan estos días por responder a esta y otras preguntas similares.

Una vecina de Erandio que hace diez años vio caer a Josu Murueta atravesado por una bala que -según el informe oficial- había sido disparada al aire, se mostró escéptica respecto a las soluciones: «Aquí todo seguirá igual mientras los alcaldes sigan viviendo en Neguri», dijo. «Allí no tienen humos y la ría les queda lejos.»