Polémica ante la posibilidad de implantar servicios privados de vigilancia

El servicio de vigilancia nocturna de la ciudad es algo que ha estado en la mente de los madrileños desde que hace un par de años el Ayuntamiento de Arespacochaga decidió acabar con el antiguo sistema de vigilancia. Ahora, ya aprobada su vuelta, aunque bajo condiciones distintas, la vigilancia de las calles ha llamado la atención a las compañías privadas de seguridad, que quieren aplicar su campo de negocios «al clima de inseguridad y miedo en que viven los madrileños» de los barrios más céntricos, o de las nuevas urbanizaciones.

José Luis Alvarez está a favor de la vigilancia nocturna ejercida por empleados de esas compañías privadas. Aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, entre otras cosas, porque no ha tenido ocasión concreta de hacerlo, pero su casa, uno de los primeros números de la calle Madroños, está situada a pocos metros del control -caseta de guardia, luces en el suelo, barreras cortando la calle- ocupado por vigilantes de la compañía de seguridad Ibeco, quienes desde hace un año velan por la tranquilidad de las familias del parque Conde de Orgaz.El servicio es bueno desde el punto de vista del que lo pide, y malo desde la perspectiva de quienes se oponen a la proliferación de servicios no municipalizados. En el caso del parque Conde de Orgaz, la aceptación ha sido mayoritaria y unas quinientas familias han firmado contrato con Ibeco.

El problema se centra en aquellas otras que prefieren no sentirse protegidas por nadie, aunque la contrapartida conlleve el riesgo de un asalto a mano armada en las vacías calles interiores del parque.

Cuando un vecino llega en su coche a la entrada del parque se encuentra con la calzada cortada por dos barreras, una desde cada acera, señalizadas por avisos previos y una fuerte luz intermitente puesta en el suelo. Obligado a detenerse su vehículo, tendrá que contestar a las preguntas de un señor uniformado, pistola al cinto, quien le interroga sobre quién es y a dónde se dirige. Si el vecino contesta a satisfacción del vigilante, sigue su camino. Si se niega a dar explicaciones a una persona que oficialmente no detenta ninguna autoridad, puede sufrir algunas molestias. Desde luego no conseguirá pasar si previamente no sostiene una agria discusión -«¿Puede usted enseñarme el carnet?» «¿Y por qué tengo que hacerlo?» «¿Puede usted decirme dónde vive?» «Supongamos que no quiero»-, que suele terminar por aburrimiento tenso de uno de los contendientes.

Si el vecino se atreve a sortear la barrera y continuar su marcha, el vehículo de vigilancia le seguirá hasta cerciorarse que entra normalmente en una vivienda.

El caso extremo es el del automovilista que vive en un barrio cercano y sin accesos adecuados, pensemos en Comillas, y que quiere atajar por la calle Madroños. Es muy posible que no le permitan entrar, o que lo hagan después de dar muchas más explicaciones de las habituales.

Dentro del parque, viviendas unifamiliares en las que habitan nombres conocidos -artistas, ex alcaldes- y otros no tan conocidos, pero también importantes -hombres de negocios, embajadores- Las afiliadas al servicio ostentan un escudo en la puerta avisando de su condición de socios. Las otras, no. Esas indicaciones pueden servir a los vigilantes para saber cuáles son las casas a las que oficialmente deben prestar atención, y, en pura teoría, servirían para orientar al hipotético atracador sobre los objetivos más fáciles, por simple deducción.

El tema de vigilantes, privados es delicado. Baste recordar el joven muerto por uno de ellos hace unos meses en Azca, sólo porque aquél sospechó algo. «Desde el momento en que una persona lleva armas existe la posibilidad de que la use, y ¿quién se atreve a delimitar cuándo lo hizo con fundamento y cuándo no?», dicen los vecinos que se oponen a este tipo de vigilantes. «Un guarda sin armas no es eficaz, cuando cualquier ratero lleva una navaja o una escopeta de cañones recortados», argumentan los vecinos que han contratado el servicio privado de vigilancia.

En medio, la difícil frontera de la aplicación de normas de seguridad y la caída en el arbitrarismo o el abuso de funciones. En el caso del parque Conde de Orgaz hay un factor menos de confusión. Al ser una colonia privada, la ley permite explícitamente la existencia del servicio, aunque la ley no pueda prever los conflictos individuales que plantea. Dentro del parque, las calles están vacías, es un urbanismo individualista, orientado a la permanencia dentro de las viviendas, y las personas ajenas a la urbanización, fácilmente detectables.

La polémica se centra en los casos en que una compañía privada contrate sus servicios con comunidades de vecinos situadas en vías públicas -existen ya varias negociaciones- y se vea en la necesidad de inspeccionar a distancia la actuación de personas que no sean del barrio, pero que tienen perfecto derecho a deambular por donde les plazca. Por ahora no se conoce si el Ayuntamiento, o el Gobierno Civil (también la competencia de la autorización está sin determinar) permitirán su implantación. Todo depende de la interpretación jurídica que los técnicos deduzcan del estudio del decreto-ley por el que se vuelve a poner en vigor los servicios de vigilancia nocturna.