Manuel Díez: "Queremos fomentar el régimen de alquiler de las viviendas de promoción directa"

Mientras los vecinos de San Blas se sumaban a la ola de protestas que ha levantado el decreto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en el que se fijan las nuevas modalidades de pago para las viviendas de promoción directa, los directivos del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) celebraban una rueda de prensa para aclarar -según explicaron- el verdadero alcance del mismo, que tiende a fomentar el régimen de alquiler y encarecer la compraventa, aunque las nuevas medidas afectarán sólo a las construcciones que se acometan a partir de ahora, y respetarán los compromisos adquiridos.

En una rueda de prensa larga y confusa, se fueron desgranando las cifras económicas y las modalidades de pago que prevé el decreto. Según la anterior normativa, las viviendas de protección oficial podían beneficiarse de una subvención de hasta el 30%, y el resto pagarlo hasta en 35 o cincuenta años, el 75% sin interés y el 25 % con unos intereses del 5%. Estas condiciones, a las que se acogían la mayoría de los compradores, significaban en realidad una subvención encubierta de hasta el 80% del valor de la vivienda.El nuevo decreto prevé en todos los casos, tanto si son proyectos nuevos como remodelaciones con compromiso previo, la desaparición de la subvención y que los plazos de pago no superarán los veinticinco años. Estos puntos son los contestados por los vecinos, quienes estiman que provocan un encarecimiento de la vivienda que la mayoría de ellos no pueden satisfacer por sus escasas posibilidades económicas. Sólo se respeta el que el 75% de los pagos aplazados sean sin interés.

Además, el Ministerio obligará a una serie determinada de barrios a que se acojan al régimen de viviendas en alquiler. Concretamente, en aquellas zonas donde no existan compromisos previos y en los casos en que los vecinos vivan ahora en alquiler (aquí entran todas las familias habitantes de las UVA), las nuevas viviendas que se construyan no podrán comprarse sino exclusivamente alquilarse. Como incentivo, el Ministerio ha previsto que los alquileres sean bajos, entre las 2.300 y las 4.625 pesetas mensuales.

En los casos en que los vecinos fueran ya propietarios de sus viviendas, o propietarios del solar donde se asientan, o existieran compromisos, se dará opción a la compra o al alquiler. Si se deciden por la compra, ésta se encarecerá bastante, no en cuanto al monto total, sino a la forma de pago. Si los vecinos prefieren pagar mensualidades fijas, éstas serán de unas 6.800 pesetas, y si prefieren pagos progresivos, irán de 4.200 pesetas los meses del primer año hasta unas 10.000 los del último. Siempre teniendo en cuenta que los precios pueden variar al acomodarse a la coyuntura económica del momento en que se terminen.

En el caso del Poblado Dirigido de Orcasitas, los directivos del INV sostuvieron que el 30% de bonificación no se incluía en el compromiso ministerial, y que las mensualidades subirán de doscientas o trescientas pesetas, como pedían los vecinos, hasta las 3.000 pesetas aproximadamente.

El sistema antiguo de pago se aplicará en la construcción de las 15.000 viviendas previstas para iniciarse en 1979, aunque con las modificaciones aludidas. En realidad, no son 15.000, sino 17.652, dejando una reserva para atender imprevistos o retrasos de tramitaciones.

En la rueda de prensa se planteó la conveniencia del fomento de viviendas en alquiler, pero se puso en entredicho que ese fomento sólo contemple en las actuaciones públicas, mientras que no se obliga de forma alguna a que las promociones de la iniciativa privada reserven un cupo obligatorio, por ejemplo. El señor Díez, director general del INV, estuvo de acuerdo en que tal medida es necesaria, pero que depende de la reforma de la ley de Arrendamientos Urbanos, competencia de las Cortes, en tanto que la iniciativa pública puede modificarse por simple decreto, lo que explica que se haya modificado la legislación antes en un campo que en el otro.