Decálogo para leer y analizar los programas económicos electorales

España ha vivido, desde el final del régimen anterior, un ciclo político peculiar que ha interferido la marcha del proceso económico y condicionado la evolución de la economía. Ese ciclo político peculiar no ha tenido los cuatro años característicos del ciclo político de las democracias occidentales, sino un plazo mucho menor. El tiempo económico ha estado interferido, desde finales de 1975 hasta llegar a los acuerdos de la Moncloa, por decisiones políticas trascendentales que condicionaban plenamente las elecciones de los intérpretes de la vida económica del país cada seis ,meses. Sólo a partir de octubre del 77, el pacto de los partidos políticos concedió a la economía -el plazo excepcional de poco más de un año. Esa corta disponibilidad de tiempo económico, sin decisivas interferencias políticas, tiene, según indican los tratadistas del ciclo político, consecuencias importantes. Cuando el calendario necesario para resolver los problemas de la economía no encaja con los plazos que le concede la política las decisiones fundamentales para corregir los problemas de fondo, con más densidad temporal, no se adoptarán. Para complicar las cosas, la salida de la crisis económica pasa en España -como en otros países- por el planteamiento y solución de problemas estructurales que reclaman un programa y un tiempo muy superior del que hasta ahora se ha dispuesto. Quizá sea esta la razón que -entre otras- haya aconseja do la celebración de elecciones -vistas las posiciones previas de los partidos políticos- para contar con un tiempo económico suficiente en el que sin interferencias de fechas políticas semestrales, como en el pasado, pueda abordarse la solución de los auténticos problemas económicos españoles.De esta decisión de convocatoria de elecciones arranca la competencia de programas políticos que hoy vivimos. ¿Cuáles son en esta competencia electoral la función de valoración de los electores y la función política, esto es, los programas o respuestas que los partidos nos ofrecen a los ciudadanos?

La función de valoración de los electores se obtiene con claridad, pues sus respuestas se polarizan en torno a tres problemas fundamentales: el paro, la inflación y la debilidad de las inversiones. Como prueban las cifras del cuadro 1 (para el conjunto de los consumidores españoles), el paro aparece destacado en primer lugar, seguido a bastante distancia del problema de los precios y a mucho más considerable trecho por el que suscitan la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Esa prioridad del paro lo es para todas las clases sociales, con independencia de su nivel de renta, si bien debe afirmarse que los hogares de más baja renta, los jóvenes y los asalariados, sienten con más intensidad sus consecuencias y destacan más dramáticamente su importancia.

El segundo problema lo constituye la inflación, problema que tiene la misma característica de generalidad para todas las clases sociales, si bien aquí los tres núcleos que más profundamente sienten el crecimiento de los precios son un tanto diferente, ya que es la población jubilada, la de más edad y las amas de casa quienes manifiestan más intensamente su aversión al crecimiento de los precios y desean más fervientemente la prioridad de la lucha antiinflacionista. En definitiva, la población trabajadora joven polarizaría sus preocupaciones hacia el paro; la población-trabajadora madura, sus preocupaciones hacia la inflación. La suma de ambas prácticamente agrupa todo el electorado. De ahí la clara prioridad de estos dos objetivos sobre todos los demás y la valoración preferente que los ciudadanos realizarán de los programas en función de su capacidad para enfrentarse con estos dos grandes males de las sociedades industriales que son el paro y la inflación.

Ratificando este cuadro la clase empresarial ha ordenado sus preocupaciones económicas (véase cuadro 2) destacando en primer lugar al paro, pero haciendo interferir entre el paro y la inflación la debilidad de las inversiones y colocando tras de la inflación las dificultades financieras de la empresa. Esta función valorativa de los empresarios no resulta incompatible con la de los consumidores, pues la caída de la inversión y las tensiones financieras de las empresas no son sino la cruz de una moneda cuya cara es el objetivo prioritario del paro. La encuesta a los empresarios nos dice también que esa crisis de la inversión se ha producido fundamentalmente por la incertidumbre política que rodea al futuro de la empresa libre en el país, por la incertidumbre de la política económica y por las elevaciones en los costes del trabajo y en costes financieros.

La función de valoración económica del electorado de cara a las próximas elecciones es muy clara, lo cual explica las escasas diferencias de los programas ofrecidos por las distintas funciones políticas.

Los modelos del ciclo político electoral afirman que cuando un problema económico alcanza un nivel crítico, esto es, cuando limita las posibilidades de reelección o de acceso al poder, ese problema sube en la agenda de los programas de los distintos partidos políticos, con independencia de las ideologías de partido. Ese objetivo visible e importante existe esta vez y eso explica que casi todos los programas manejen un parecido lenguaje y, sobre todo, sean casi monotemáticos, pues el paro domina la mayor parte de su contenido y la inflación el resto.

Ante la existencia de estos distintos programas (funciones políticas) parece justificada la perplejidad de los electores. Quizá la única contribución útil que en su favor pueda realizarse consista en ayudarles al elegir, ofreciéndoles algunos criterios generales, con cuya ayuda juzgar por sí mismos los programas de los diversos partidos políticos.

Un "test" para juzgar los programas electorales económicos

1. Desconfíe el elector de aquellos programas en los que exista un desequilibrio claro entre fines y medios. Un programa económico no es fiable cuando se convierte en pura retórica o apología de finalidades. Lo importante no es ponderar los fines, sino indicar cómo alcanzarlos.

2. Una meta económica para ser alcanzable debe cuantificarse. Los economistas diferencian entre fines y objetivos cuantificados. El elector debe desconfiar de aquellos programas que no cuantifiquen los fines a cuya consecución aspiran. Combatir el paro es un propósito plausible, pero no es una tarea operativa si no se nos indica a qué nivel queremós reducir el paro, cuántos puestos de trabajo, dónde y cómo se van a crear y qué secuencia temporal tendrá el aumento del empleo y la reducción de la desocupación.

3. Cuando se lea un programa económico debe preguntarse inmediatamente por la compatibilidad entre los fines propuestos. Los economistas sabemos claramente, según muestra abtumadoramente la experiencia, que no pueden conseguirse simultáneamente todos los fines que se pregonan. Cuando un programa afirma que va a eliminar el paro, reducir la inflación, lograr un equilibrio exterior y conseguir una sociedad más justa sin que estas exigentes finalidades tengan que moderarse entre sí sacrificando las ambiciones en un objetivo concreto al logro de otras finalidades, el ciudadano puede cerrar tranquilamente el programa económico y dedicarse a otras lecturas.

4. El realismo en los objetivos constituye un test de crucial importancia para enjuiciar un prograrna económico. Dos son los términos de referencia que el lector de un programa económico puede tener para juzgar su viabilidad: a) el comportamiento histórico de su propio país, y b) lo que han hecho los demás países en situación semejante a la española.

Dos términos de referencia importantes para los objetivos prioritarios de los programas políticos electorales españoles son las cifras de Paro y las de la inflación. Cuando se habla de eliminar radicalmente el paro, como lo hacen todos los programas, el lector debe recordar que nuestra tasa de paro actual está situada en el 7%, y que la de la mayor parte de los países europeos supera el 5%.

Cuando se le prometa estabilizar los precios, no puede olvidar que la tasa de inflación actual está situada en el 16,5%, que la tasa europea se sitúa en torno al 7 o al 8%. Cuando se prometan tasas de desarrollo de la producción y de la renta envidiables, el ciudadano no debe olvidar que la tasa de desarrollo económico del pasado ejercicio se situó en España en el 3%, que España no ha crecido después de la crisis económica a tasas superiores a éstas, sino por el contrario, inferiores (2-2,5%), y que la mayoría de las tasas europeas se han: cifrado, para, desgracia de esos países y la nuestra, en tasas de crecimiento muy semejantes (2-3%).

El realismo de los objetivos constituye el más importante de los requisitos con los que un programa económico debe cumplir, porque el mayor de los peligros de las democracias contemporáneas se encierra justamente en lo que se ha denominado las esperanzas excesivas del electorado, unas esperanzas excesivas en gran parte alentadas por requiebros electorales que han excitado las insatisfacciones del electorado. Es un hecho -que los sociólogos reconocen hoy- que, en la mayoría de los países industriales, extensos sectores de la población mantienen secretas expectativas de mejora y albergan sentimientos de injusticia relativa en su posición en la escala de rentas. Los ciudadanos propenden a creer que su nivel de vida. está por bajo de lo que les corresponde y esas esperanzas defraudadas son las que alienta el mercado político en una democracia con el riesgo grave de crear situaciones insostenibles, que, en, último término, se pagan con el desencanto de los electores y con el propio desprestigio del sistema político.

5. El grueso de un programa económico debe estar dedicado a exponer los medios para conseguir las finalidades contenidas en el prograrna. La calidad del programa dependerá de cómo este programa articule los medios necesarios para alcanzar aquellas final¡dades. Esos medios deben valorarse porque todo programa tiene un coste. Un programa económico sin estar cifrado constituye una trampa demagógica que insulta la raciorialidad del lector. Quizá halague sus ambiciones, pero dificilmente puede conquistar su razón.

6. Defecto común de la mayoría de. los programas económicos es no estimar debidamente el coste de las actividades encomendadas al sector público. Rara vez se reconocen debidamente las restricciones presupuestarias que se oponen al logro de los fines, pocas veces se contabiliza el esfuerzo fiscal que el pago de los mayores impuestos comporta y casi nunca se valora la competencia que la emisión de deuda pública, necesaria para financiar determinadas propuestas, plantea a la inversión privada. Como el ciudadano bien sabe nada en economía es gratuito. Cuando se le invita a un festín de actividades del sector público puede estar seguro de qui¿n es el pagano: él mismo.

7. Tampoco la política monetaria y la necesaria política de rentas salen bien libradas de los programas electorales. La política monetaria, porque sus redactores suelen acordarse de ella para enviar un cariñoso recuerdo a los empresarios (generalmente «pequeños y medianos» para que sean más -es decir, más electores-) sobre las preocupaciones que ésta les ha causado en la financiación de sus actividades. Frecuentemente se promete una política de créditos imposible, en la que se indica que «el coste del crédito se reducirá suministrándolo en plazos más largos y razonables que los actuales». Esta es una promesa demagógica más, si no se indica cómo ese crédito mayor puede compatibilizarse con una política monetaria que sirva a los objetivos de la estabilidad de precios que está escrita en todos los programas. Tampoco la política de rentas suele tener mejor fortuna. La contención responsable del coste de trabajo constituye una necesidad prioritaria para reducir la inflación. Negar que en el crecimiento de los costes de trabajo se halla una de las causas fundamentales de la actual inflación es negar una evidencia, y negando evidencias no se resuelven los problemas. El reconocimiento de ése crecimiento de los costes de trabajo y de otras rentas obliga a definir una política de rentas no siempre presente en todos los programas económicos.

8. La búsqueda de «responsables» de la situación crítica con condenas genéricas y apocalípticas hacia ellos, como solución de los problemas, constituye un buen índice para detectar un mal programa económico. Las acusaciones genéricas a los intermediarios o a los especuladores, defraudadores, sin concretar los sectores en los cuales estos villanos de la trama actúan y sin proponer soluciones posibles para los problemas que se plantean en los lugares o sectores en que esos sujetos operan, no resuelven, por sí mismas, ningún problema económico.

9. El ciudadano debe eliminar de su subconsciente la idea de que la crisis económica actual a la que los programas de los partidos deben dar respuesta sea una crisis corta y pasajera. Nos hemos acostumbrado a una economía en la que el desarrollo era intenso y continuado y los problemas que se presentaban exigían a lo sumo pausas en el ritmo de expansión que se curaban con una corta dieta estabilizadora que no podía ir más allá de unos meses. Con este prejuicio se han articulado no pocas falsas y fracasadas soluciones a la crisis presente, y de este prejuicio es del que se debe huirse, si queremos tener conciencia clara de la crisis con que nos enfrentamos, condición primera para poder superarla.

10. El olvido de una parte de los escenarios de la crisis económica puede constituir también un defecto de los programas económicos. El ciudadano de nuestros días no debe olvidar que la «crisis económica de los setenta» es una crisis compleja que se manifiesta en cuatro escenarios distintos: en la inflación, en el desequilibrio de la balanza de pagos, en la crisis del ahorro y de las inversiones y en el aumento del paro y en la necesaria reestructuración de la industria. Un programa económico no debe omitir una referencia a los problemas que se debaten en estos cuatro escenarios y las posibles soluciones.