Un asunto de Estado

Secretario de relaciones internacionales del PSOE

El acto de apertura formal de las negociaciones entre España y la CEE supone una etapa más de la marcha de nuestro país hacia Europa y una ocasión oportuna para llevar a cabo una valoración del tratamiento gubernamental del tema europeo. El PSOE tiene una larga lista de puntos negros a señalar a la opinión pública sobre la actuación del ministro de Relaciones con la CEE, señor Calvo Sotelo. Sin embargo, la postura de nuestro partido no se limita a tal función de denuncia, sino que consciente de sus responsabilidades no duda en hacer públicas las grandes líneas de la posición y la estrategia que: mantendrá en el supuesto de ser llamado, como consecuencia de las próximas elecciones legislativas, a conducir las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Por lo que se refiere al primer punto, la actuación del señor Calvo Sotelo, como ministro sin cartera encargado de las relaciones con la CEE es valorada por el PSOE negativamente en base a las siguientes constataciones:

1. Incumplimiento de sus promesas políticas hechas ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado el 15 de noviembre de 1978, cuando declaró que el Gobierno español consultaría a las Cortes mediante la presentación de un esquema de la posición negociadora de España antes de comenzar las negociaciones para la adhesión. Tal incumplimiento puede ser revelador, además, de la inexistencia de una estrategia para la negociación.

2. Origen, por sus actitudes y su egocentrismo negociador, de la desorganización gubernamental que impera en el tratamiento de la adhesión. Cada ministerio actúa de una forma descoordinada y sin una perspectiva global de la integración, lo cual se ha reflejado en el fracaso de todas las negociaciones sectoriales que están, teniendo lugar con la CEE en la actualidad. Capítulo especial de esta desorganización gubernamental lo constituye las vicisitudes vividas por el Consejo Coordinador de la CEE, cuya lánguida existencia, pese a ser el máximo organismo a nivel administrativo en el tema de la adhesión, es reveladora de la divergencia de criterios y de los enfrentamientos entre el señor Calvo Sotelo y el señor Oreja, ministro de Asuntos Exteriores.

3. Uso electoralista de la actuación gubernamental del señor Calvo Sotelo como ministro de relaciones con la CEE, debido a su absoluta incapacidad para comprender que la adhesión es un asunto de Estado en el que se encuentra comprometida la estabilidad económica de nuestro país y, en definitiva, el futuro de 36 millones de ciudadanos. Tal uso electoralista se manifestó en las presiones ejercidas por el señor Calvo Sotelo para que el dictamen de la Comisión de la CEE sobre la adhesión española fuese presentado antes de finalizar el año 1978, con la consecuencia lógica de que tal dictamen adolezca de graves defectos conceptuales, y en su empeño de mantener la fecha del 5 de febrero de 1979 (dos días antes del inicio de la campaña electoral) como la de apertura de las negociaciones, en contra incluso del parecer de diversos ministros de Asuntos Exteriores de países miembros de la CEE que se mostraron partidarios y aconsejaron, en base a una mínima prudencia política, el posponer tal apertura oficial para después de la celebración de las elecciones generales españolas.

4. Absoluto desprecio por los intereses económicos y humanos de algunos sectores seriamente comprometidos en la negociación, como se desprende de sus declaraciones a la prensa del 20 de diciembre de 1978, en las que haciendo referencia al tema pesquero afirmó que el problema de tal sector está excesivamente magnificado, que afecta sólo a los armadores y que tiene muy poca incidencia social y menos aún económica. Tales declaraciones muestran la irresponsabilidad y la falta de conocimientos técnicos del señor ministro sobre un sector económico de vital importancia para diversas regiones españolas. La pertenencia y sujeción del señor Calvo Sotelo al círculo de los grandes intereses financieros e industriales explican en buena lógica su menosprecio por los legítimos intereses de sectores económicos que la oligarquía financiera considera como no apetecibles. Tal incomprensión y falta de altura en el tratamiento de la adhesión descalifican al señor Calvo Sotelo para la dirección de la operación económica y política (la integración en la CEE) más delicada que debe afrontar nuestro país en los próximos años y en la que se impone un respeto estricto de todos los intereses en juego, por muy modestos que sean.

5. Desprestigio en los medios de la Comisión de la CEE (lo cual debilita su postura negociadora) pese a las recientes declaraciones corteses del portavoz de dicha Comisión, las cuales se inscriben en la naturaleza normal de la diplomacia internacional, pero que en modo alguno desmienten el estado de opinión que existe en medios comunitarios sobre los procedimientos de actuación del señor Calvo Sotelo, lo cual fue transmitido al PSOE y confirmado a la prensa española en Bruselas recientemente.

Por lo que se refiere a la posición y estrategia que el PSOE mantendrá en el tema de la adhesión, nuestro partido hará públicas en su día tal posición y estrategia, que se basan en las siguientes grandes líneas:

1. La negociación de adhesión debe considerarse como un tema prioritario a nivel nacional y en ningún caso deberá estar condicionada por factores de orden político partidista o electoral. Por ello es imprescindible contar con el período de negociación necesario para mejor defender los intereses nacionales. Las posiciones de negociación deberán adoptarse no de forma burocrática, sino tras haber escuchado a los diferentes sectores de la vida económica del país implicados en el proceso, y muy especialmente a las centrales sindicales y a las organizaciones empresariales y de haber analizado conjuntamente y a nivel global los procesos de adaptación económica necesarios y las consecuencias de la adhesión.

2. Con independencia de las negociaciones de adhesión, la política económica del país debe tomar en cuenta, como variable fundamental, el principio de aceptación del régimen comunitario. Evitar el aumento de las divergencias entre ambos sistemas y reducir, en la medida de lo posible, las actualmente existentes debe constituir un objetivo fundamental del Gobierno. No parece concebible llevar a cabo una política, en este sector, independiente de la política económica del Gobierno.

3. Es imprescindible definir, a corto plazo, los sectores y las regiones que pueden verse más perjudicados en cuanto se refiere al empleo. En ambos casos deberán arbitrarse las medidas necesarias, a nivel español y comunitario, que permitan que el proceso de adaptación sea lo menos violento posible y que ofrezcan alternativas económicas válidas para tales sectores o regiones.

4. La racionalización del sistema económico interno debe iniciarse con anterioridad al propio momento de la adhesión en la medida en que se eviten parte de las disfunciones actuales y permita un más fácil proceso de transición.

5. Ello no debe suponer, sin embargo, que se realicen esfuerzos desequilibrados y mayores por parte de España que por parte de la Comunidad, antes o durante el período transitorio. En este sentido el PSOE no comparte la tesis de la renegociación del Acuerdo Comercial Preferencial de 1970, por considerar que tal acuerdo en modo alguno es favorable a nuestro país, y, en todo caso, supone la situación de partida de la aproximación económica entre España y la CEE.

6. El principio expuesto en el dictamen de la Comisión sobre la concertación entre ambas partes es inaceptable si se aplica tan sólo en los sectores industriales en crisis en la Comunidad. Dicha política de concertación deberá ser global o no existir, dejando paso a acciones autónomas que cada parte deberá adoptar en interés común.

7. En el marco general de consecución de un mejor reparto de la riqueza a nivel comunitario el PSOE presta especial atención a la salvaguardia de los intereses económicos, sociales y políticos de nuestro país. El éxito de la ampliación de la CEE a nivel global pasa por la puesta en práctica de la solidaridad de los países más ricos de la Comunidad en favor de los países mediterráneos a través de una respuesta política decisiva en materia regional y agrícola.

Las exigencias de los Gobiernos de los países del sur europeo deberán ser rotundas en esta vía, ya que de lo contrario las diferencias regionales se acrecentarán de forma inevitable, imposibilitando cualquier avance en la unidad europea. El PSOE establece como uno de los principios básicos de la negociación para la adhesión, en el supuesto de ser llamado a conducirla, el rechazo de toda pretensión comunitaria de acentuar el modelo económico periférico de nuestro país. En el supuesto de que tal eventualidad no se produzca, el PSOE velará a lo largo de todo el proceso negociador por la salvaguardia de los intereses económicos de nuestro país, no descartando la posibilidad de una renegociación, en su día, del acuerdo de adhesión que se firme, si dicho acuerdo no satisface las legítimas aspiraciones españolas y pone en peligro nuestra estabilidad e independencia económica.