Contener la inflación para resolver el paro

Si la política económica ha de partir de esta estimación popular, paro e inflación deben constituir los objetivos de la política económica.En el señalamiento de estos dos problemas por la mayoría de los políticos se sigue un orden. El problema del paro posterga a un lugar secundario a la inflación. En la lucha contra el paro todos parecemos coincidir con boca grande y palabra generosa. De la lucha contra la inflación se habla con la boca chica y con palabras que desdramatizan su urgente necesidad, su enérgica y obligada presencia. Dicho en otros términos: la jerarquía que al problema del paro le conceden política y políticos es mucho mayor aún que la que le otorga la preferencia de los ciudadanos.

Esta confesada prioridad del paro sobre la inflación de políticos y ciudadanos traduce, en primer lugar, un hecho positivo como es el éxito de la política antiinflacionista definida en los acuerdos de la Moncloa. Cuando la tasa de inflación aumenta mes a mes de forma ininterrumpida y alcanza valores que superan el 30% apenas si resulta necesario justificar la prioridad absoluta concedida a las políticas tendentes a frenar la aceleración de los precios. Sin embargo, cuando tras un año de esfuerzos, el índice de precios de consumo ha reducido sustancialmente su tasa de crecimiento en diez puntos, la lucha antiinflacionista tiende a perder su antigua vigencia. Las encuestas a los consumidores así lo prueban. Hace año y medio, en el mes de junio de 1977, la inflación y el paro jerarquizaban los problemas económicos de la sociedad española con el mismo peso. Hoy, con diez puntos menos en la tasa de crecimiento del coste de la vida y con la importancia del paro acentuada por el aumento sustancial que manifiestan sus diferentes registros, no puede extrañar que el problema del paro preceda y se despegue claramente del de la inflación en la estimación de los ciudadanos y en la preferencia de los políticos.

La estabilidad no se consigue con la pasividad

Pero en esta devaluación popular y política del interés de la lucha contra la inflación existe una segunda razón importante que no puede silenciarse: el coste, individual que reclama la perseverancia en el esfuerzo de la lucha antiinflacionista y los conflictos que ese esfuerzo origina.

Una mayor estabilidad de precios no puede conseguirse desde la pasividad. Exige una resuelta voluntad de quienes dirigen la política económica para aplicar un programa de saneamiento que discipline conductas y limite peticiones y comportamiento que eleven los precios. Dicho en otros términos: una política antiinflacionista plantea siempre conflictos de interés y sus objetivos no pueden lograrse sin imponerse a los deseos y actitudes de determinados grupos sociales.

Por el contrario, el objetivo. del empleo no es, aparentemente al menos, objetivo de conflicto sino objetivo de consenso: su consecución une a la sociedad entera, no la divide. ¿Quien se opone hoy a un aumento de empleo? ¿Qué político o partido renuncia a propugnar aquello que por todos se desea y por nadie se critica? Gobernar a favor de objetivos que aúnen el consenso de la sociedad equivale a marchar con el viento de la popularidad: una tentación irresistible para los políticos de todo tiempo y lugar.

Un tercer motivo de la postergación política de la lucha contra la inflación es su prejuzgada regresividad. La tradición política de los países latinos tiende a concentrar las preferencias de los líderes sindicales en un aumento de los salarios monetarios y lleva a los políticos de la izquierda a propugnar decisiones de política monetaria o fiscal que favorezcan un laxismo financiero y económico, para apoyar políticas expansivas de la producción y el empleo. Esas dos actitudes favorecen la inflación y posponen el objetivo de la estabilidad de precios. Las preferencias políticas de la izquierda latina que propician la inflación coinciden con los deseos empresariales, que han visto siempre a la inflación y la devaluación como medios útiles para escapar de sus duros compromisos de reducir costes y conseguir, vía precios, los beneficios que son incapaces de registrar en un marco de estabilidad y competencia.

Por esos tres expuestos motivos la lucha contra la inflación ha perdido jerarquía en la agenda de la política económica.

Esta huida de los políticos ante la inflación constituye la gran amenaza para el futuro de la economía española. Una amenaza que puede traducirse fácilmente y que consiste en que la importancia económica de la inflación está hoy claramente por encima de su cotización política.

La inflación, causa básica del paro

Ningún economista conocedor de su oficio puede aceptar esta devaluación política de la lucha antiinflacionista. Nada resulta tan erróneo como creer que el proceso inflacionista ha sido dominado y que la lucha contra la inflación no debe seguir ocupando un lugar prioritario. Atendamos al problema del paro y pospongamos la lucha contra la inflación, es la más peligrosa de las falacias con la que deben enfrentarse los economistas, ya que constituye, por el coste y la impopularidad que reclama la lucha contra la inflación, la gran tentación para los políticos.

No es posible dar un solo paso para remediar de forma duradera el grave problema de paro que la sociedad española padece sin disminuir el grado de la inflación. No se trata de que la inflación sea el problema más lacerante desde el punto, de vista social y humano. Se trata de que nuestro primer problema nacional -el paro y el grado de actividad de nuestra población- encuentra en la inflación su causa básica. La inflación es el factor preponderante en la generación del desempleo. Por ello, si el paro es nuestro primer problema, la lucha contra la inflación ha de ser la primera exigencia de un programa destinado a resolverlo.

Esta importancia que la lógica económica obliga a conceder a la inflación incomoda a muchos políticos. Una presión incontenible de los distintos grupos sociales y económicos pide, en este tiempo de crisis, intervenciones múltiples que desembocan todas ellas bien en aumentar las partidas presupuestarias que transfieren recursos a sectores con problemas, bien en abrir las puertas de la cantidad de dinero para favorecer el crecimiento del crédito, bien en cerrar los ojos ante actitudes y comportamientos reivindicativos que comprometen la estabilidad y aseguran la inflación por elevar salarios, rentas y precios. La petición diaria de mayor estabilidad de precios y la negativa de los sacrificios necesarios para lograrla constituye la gran contradicción de las sociedades de nuestro tiempo.

Este comportamiento social hace muy difícil para un político embarcarse en un proceso de saneamiento de la economía o continuar con él, y ello explica que la pregunta más repetida a los técnicos sea: ¿Qué ganamos con la lucha contra la inflación? Una pregunta que alcanza tintes dramáticos en la proximidad de fechas electorales, en las que la suerte de los políticos se decide en el intercambio de políticas por votos que gobiernan las decisiones de una democracia.