Suben los impuestos

CON LA primera soldada del año, los españoles asalariados -sin duda los más- se han encontrado con la desagradable sorpresa de las nuevas relaciones de su dinero con cargo al impuesto sobre la renta. A partir de los sueldos superioires a las 800.000 pesetas-año, las deducciones son importantes, especialmente en los solteros y, matrimonios sin hijos. Como el tema coincide con la negociación de los convenios que han limitado las subidas; salariales, lo que sucede es que en pesetas reales muchos; españoles de la clase media van a ganar efectivamente: menos que el año pasado y la gran mayoría va a ver reducida su capacidad adquisitiva. La cuestión no afecta como es lógico y plausible a las clases inferiores y menos acomodadas, ni tampoco como viene siendo inevitable a las rentas superiores que escapan al control salarial. El escepticismo de que la inspección sea capaz de descubrir efectivamente lo que ganan «los ricos» cunde entre la población. Pero en definitiva, y aunque a nadie le guste pagar, los ciudadanos de esta clase media profesional y asalariada se han sumado, gustosos y conscientes de sus responsabilidades, a este doloroso paso de la reforma fiscal. No se puede pedir una democracia si no somos capaces de financiarla entre todos.Pero esto no es más que la mitad de la reforma. Un ministro de Hacienda no es un simple recaudador de contribuciones, sino el administrador del dinero público. Una parte del sistema se ha renovado, la que precisamente proviene de los administrados. Pero el sistema seguirá siendo esencialmente injusto y arbitrario, y poco tendrá que ver con la democracia si la otra mitad no sufre, una severa y radical modificación en sus comportamientos y maneras de hacer.

Todo el problema reside ahora en saber qué se hace con el dinero público, cómo se administra, a dónde van los fondos que los ciudadanos hemos puesto en manos del Ministerio de Hacienda. Pues aquí no cabe hablar de niveles de presión fiscal a la europea, ya que en ese caso todos los niveles tendrán que ser equiparables. ¿Dónde están los puestos escolares para todos y la gratuidad de la enseñanza? ¿Dónde una Seguridad Social, sistema parafiscal, pero también dinero de los ciudadanos, no se olvide, cuya cuantía alcanza ya la de los mismos presupuestos del Estado, una Seguridad Social que funcione realmente y desprovista de corruptelas? ¿Acaso la medicina está realmente al alcance de todos, con el mismo trato? ¿Y las carreteras? ¿Y las subvenciones estatales descontroladas? ¿Y el despilfarro administrativo, la baja productividad del funcionariado, los enormes despachos suntuosos de la Administración, la financiación de las empresas en pérdida, las bufandas ministeriales y el «pluriempleo» de los altos cargos? ¿Qué nos da el señor Fernández Ordóñez a cambio de los impuestos? La Administración española debe verse saneada de arriba abajo, los presupuestos generales del Estado deben ser controlados hasta en sus más pequeñas partidas por un Parlamento que debe pensar en modificar sus comportamientos antes de lamentar las eventuales abstenciones del electorado. El pueblo español pagaya democráticamente. El gasto público es todavía digno del antiguo régimen.