El Gobierno no ha tomado una decisión sobre la regulación de TVE en la campaña electoral

El Gobierno no ha tomado, por el momento, ninguna decisión encaminada a rectificar el real decreto por el que se establecieron en mayo de 1977 las normas para la participación de los partidos políticos en los espacios informativos electorales de la televisión y Radio Nacional. Este tema, que podría ser objeto de debate del próximo Consejo de Ministros, ha provocado múltiples reacciones de los partidos políticos que se presentan a los comicios.

El sentimiento general de los partidos con representación parlamentaria se ubica en torno a la idea de que es necesaria la rectificación del decreto. Alfonso Guerra, del PSOE, declaró ayer a EL PAIS que considera el asunto de competencia de la Junta Electoral Central, que es, a su juicio, quien debe sancionar la cuestión. Para el dirigente socialista, los partidos que concurren a las elecciones con la intención real de aspirar a escaños en el parlamento deben tener la oportunidad de expresarse en los medios de comunicación del Estado, siempre y cuando dichos partidos no sean meras organizaciones fantasmas con otras ambiciones de índole particular o profesional. Por el momento, el PSOE no tiene una propuesta concreta sobre una eventual reforma del decreto en cuestión.En UCD se sabe que el tema está en estudio y, aunque aún no se tomó una decisión al respecto, se piensa que será necesaria una nueva regulación de la presencia partidaria en radio y televisión.

Por su parte, los, partidos extraparlamentarios han lanzado una oleada de protestas ante la eventualidad de una restricción que afecte sus posibilidades. Estos partidos, de ámbito nacional o regional, desean igualdad de oportunidades en tiempo y en las horas de amplia difusión de la radio y televisión, desechando los espacios de la llamada red regional, por considerarlos sin alcance alguno sobre la opinión pública.

Es así que en el País Vasco, Euskadiko Ezkerra anunció ayer su intención de impugnar cualquier reforma del decreto vigente a la vez que justifica sus candidaturas de Madrid y Barcelona porque los espacios reservados en 1977 al País Vasco Carecían de audiencia. El PNV comparte este último criterio y pide presencia en programas de audiencia, «a falta de una televisión vasca». El PNV argumenta su posición refiriéndose al elevado número de votos que obtuvo en las últimas elecciones en el País Vasco.

Este mismo criterio es el que utiliza la Convergencia Democrática de Cataluña que pide la reforma del decreto en proporción con los votos y en defensa de los partidos nacionalistas y regionalistas con probada implantación política.

Sin embargo, los partidos y coaliciones que presentan listas en más de veinticinco provincias exigen la aplicación del decreto vigente. Este es el caso de las coaliciones de Izquierda Comunista y Movimiento Comunista, la Organización Comunista de España y de la coalición de Unión Nacional, que ayer hicieron públicos respectivos comunicados calificando de maniobras antidemocráticas cualquier intento de modificar el decreto. Unión Nacional, de Blas Piñar, definió como «totalitaria» cualquier medida restrictiva. A este mismo grupo se sumó también el Partido Liberal, que pide igualdad de oportunidades, mientras que la llamada coalición de Unión por la Libertad de Expresión, cuya candidatura sin objetivos políticos abrió el debate, declara que es necesario aumentar los espacios informativos de la radio y la televisión, para que todos tengan acceso a la difusión de sus programas electorales.

El Partido Carlista, por su. parte, entiende que hay que diferenciar entre extraparlamentarios y no parlamentarios, ya que estos últimos ni siquieran pudieron presentarse el 15 de junio por no estar legalizados.

Mientras tanto, en medios de la Administración existe una cierta confusión. No se sabe si el debate debe sancionarlo el Gobierno, la Junta Electoral, el Ministerio del Interior, o los propios partidos. En TVE nos dicen que no saben nada y que no habría horas posibles para tantos candidatos, pero que la dirección obedecerá las órdenes de la Administración.