La visita del Papa a México plantea graves problemas de protocolo

El viaje del papa Juan Pablo II a México, con motivo de la inauguración de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se celebrará en Puebla, está planteando al Gobierno del presidente López Portillo graves problemas protocolarios, para cuya resolución los diplomáticos mexicanos y vaticanos están empleando lo mejor de su tacto.Los problemas tienen su origen en la ausencia de relaciones entre los dos Estados y en las severísimas disposiciones de la Constitución mexicana en materia religiosa.

Desde mediados del siglo pasado, la Iglesia católica fue duramente combatida por los movimientos revolucionarios mexicanos y acusada de ponerse del lado de ricos y opresores. Toda la furia antieclesiástica de la Revolución de Madero, en 1910, se plasmó en la Constitución de Querétaro, promulgada en 1917 bajo la presidencia de Venustiano Carranza y aún vigente hoy.

Dicho texto establece, por ejemplo, que todas las iglesias son propiedad del Estado, que puede alquilarlas a las autoridades eclesiásticas. Monjas, religiosos y sacerdotes carecen de derechos políticos, como el voto, y no pueden pertenecer a ningún partido. El uso de hábitos está totalmente prohibido fuera de los recintos dedicados al culto, restringidos exclusivamente a las iglesias. La Constitución señala, además, que religiosos y clérigos ejercitantes deben ser de nacionalidad mexicana.

Todas y cada una de estas disposiciones legales (que en la práctica se quebrantan diariamente, con la tolerancia de las autoridades) suponen otros tantos problemas de protocolo. Por ejemplo: si el Papa, como es previsible, llega a México vistiendo sus ropajes pontificios, estará violando la Constitución. Si, como está previsto, Juan, Pablo II oficia en Puebla una misa al aire libre, también quebrantará la Carta Magna. Teóricamente, el Papa tampoco podría ejercer su ministerio pastoral en la inauguración de la Conferencia de Puebla, pues no es ciudadano mexicano. Este último problema parece resuelto, pues el Gobierno mexicano ha concedido a Juan Pablo II un visado de «visitante distinguido».

En virtud de la inexistencia de relaciones diplomáticas entre México y el Estado vaticano, las autoridades no han previsto ningún acto oficial de recepción o despedida, ni ninguna ceremonia civil de salutación al ilustre viajero. Pero son muchos los analistas que piensan que la visita de Juan Pablo II a México puede ser el primer paso para la normalización diplomática entre ambos Estados soberanos.

La situación es tanto más paradójica si se tiene en cuenta que la población mexicana es en un 97,5 % católica, y que el número de practicantes es uno de los más altos del mundo. La religiosidad de los mexicanos, sobre todo en las áreas rurales, es una característica consustancial de la personalidad popular.