Moderación o defraudación

La decisión del presidente Suárez de disolver las Cámaras y convocar unas elecciones legislativas llamadas a celebrarse un mes antes que las municipales, que, de todos modos, habrían de tener lugar dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de la Constitución, es muy amplia, y muy profundamente criticable desde el punto de vista del interés público, es decir, del interés de la sociedad española, en su conjunto. Hasta ahora, ha sido principalmente criticada desde los puntos de: vista de los partidos políticos. Pero estas críticas de la decisión gubernamental, hay que examinarlas (o sea, criticarlas a su vez) desde el punto de vista del interés general.

Un pie forzado: las municipales

Que España no está, en estos momentos, para elecciones -y menos aún, para elecciones tan repetidas- es algo que salta a la vista. La demagogia, el oportunismo partidista, el apasionamiento sectario y la penosa sensación de incertidumbre, que toda campaña electoral entraña, no crean un clima propicio para resolver los graves y apremiantes problemas que el país tiene planteados. Pero, en virtud de una decisión anterior, tomada hace ya bastantes meses, las elecciones municipales tendrán que celebrarse antes de mayo próximo. Esas elecciones serán, probablemente, poco favorables al partido gobernante, o le serán -en todo caso- menos favorables que las legislativas. ¿Cómo, ante su inminencia inevitable, habría sido posible mantener el clima de tregua política que requiere la práctica de una política enérgica para encarar con un mínimo de éxito asunto s tan graves como son el terrorismo en el País Vasco, el paro en todas partes (y singularmente en Andalucía), la negociación de los regímenes autonómicos y un largo etcétera cargado de grandes y trascendentales responsabilidades? Es cierto que las elecciones municipales pudieron -y debieron- haber tenido lugar hace tiempo, pero la cosa no tiene ya remedio. Si, de todos modos, había que convocarlas para marzo o para abril; y si se presume razonablemente que el Gobierno ha de salir debilitado de ellas, mejor es hacer ahora las elecciones legislativas que correr el riesgo de que un Gobierno quebrantado por los resultados de las municipales se vea obligado a dimitir y sea preciso convocar nuevas elecciones a Cortes en mayo o junio, con lo cual el período de incertidumbre y demás inconvenientes que trae consigo la campaña electoral duraría en vez de tres meses, como ahora, cinco o seis.¿Cómo habría podido evitarse todo eso?

La única fórmula (pues, bien miradas las cosas, no hay otra) habría sido la formación de un Gobierno de amplia coalición, o concentración, o como quiera llamársele, compuesto de personalidades de la UCD, del PSOE, de alguna minoría de menos entidad y de independientes, presidido quizá por uno de éstos y que, a poder ser, contase con un apoyo (aunque fuera pasivo; pero, en todo caso, negociado) de los comunistas y de Alianza Popular, con un programa amplio y ambicioso, para atender las grandes prioridades de la política española, y con un compromiso firme de durar, por lo menos, año y medio o dos años, sea cual sea el resultado de las elecciones municipales. Este Gobierno quizá hubiese tardado en formarse, pues las negociaciones conducentes a su constitución habrían durado, sin duda, varias semanas; pero, revestido de la autoridad que su amplísima base le habría conferido, habría podido emprender una labor de gran aliento, a plazo medio, para poner en la práctica y de hecho las bases de esta nueva España democrática, que la Constitución se ha limitado a dejar sentadas en teoría y derecho: lo que, evidentemente, era indispensable, pero no es de ningún modo suficiente.

La responsabilidad de los partidos

Quién no ha querido esa solución? ¿Suárez y la UCD? ¿González y el PSOE? ¿Ninguno de los dos líderes y ninguno de sus partidos? Lo probable es que no lo sepamos mañana, ni pasado; pero es seguro que lo sabremos algún día. Y entonces se verá sobre quién o sobre quiénes ha de cargarse la responsabilidad de que esa fórmula no haya sido puesta en práctica.En cualquier caso, Alianza Popular (que, por boca de su jefe, está reclamando elecciones a todos los niveles -legislativo, municipal, provincial- para los meses siguientes a la entrada en vigor de la Constitución) no tendrá autoridad para echar a nadie en cara el no haber aplicado una receta que habría ido en contra de sus propios planes, no ya ocultos, sino abierta e insistentemente expuestos.

Por lo que se refiere a los nacionalismos vasco y catalán, cabe presumir que no habrían mirado con muy buenos ojos la constitución de un frente común por los dos grandes partidos que ellos llaman «estatalistas» o «sucursalistas» y que preferirían aprovechar la división de éstos en la neaociación de los estatutos, a tener que enfrentarse con un bloque sólido y ampliamente mayoritario: pero también es posible que prefieran esto último a las dilaciortes que las justas electorales van a imponer en materia de autonomías.

Los únicos, de quienes es seguro que tienen derecho a protestar, son los comunistas, todos cuyos portavoces reclaman desde hace tiempo esa solución. Y hay dos razones de mucho peso para hacerles caso. La primera es que, por ahora, el Partido Comunista no tiene posibilidad de entrar en el Gobierno, de modo que no lo mueven esas ambiciones a corto plazo que obnubilan en cambio, o que malean, a los grandes partidos. La segunda, es que sus hombres saben de sobra que, si la democracia fracasa en España, van a ser sus costillas, por no decir sus cabezas, las primeras destinatarias de los golpes; por eso, el interés que primordialmente los mueve es la consolidación de la democracia en toda la paz y en toda la prosperidad que buenamente puedan lograrse. Hay muchos motivos para dudar de la rectitud de las intenciones comunistas a la larga; pero, a corto plazo, y aún a plazo medio, sus intereses coinciden con los del país.

Esperemos ahora los resultados del primero de marzo. Y veamos si, entonces, no es el cuerpo electoral el que, no dando a ningún partido mayoría absoluta en el Congreso, impone la solución que acaba de ser rechazada; solución que, si esto ocurre, solamente habrá quedado aplazada.

Se habrán perdido, en tal caso, tres meses preciosos. Nos queda el consuelo de pensar que, a cambio de ello, se habrá obtenido la seguridad de que es el pueblo con su voluntad, y no los políticos con sus tejemanejes, quien señala el camino. Pero, para que así sea, hará falta que los partidos (y muy especialmente el PSOE y la UCD) muestren, durante la campana electoral, la moderación más exquisita en su enfrentamiento con sus adversarios. Porque, si resulta que unos partidos que se atacan ahora con furia, se reconcilian y pactan dentro de tres meses, será muy difícil impedir que sus electores se sientan terriblemente defraudados y pierdan, si no toda, gran parte de la confianza que todavía tengan puesta en el régimen democrático.