Que hable el presidente
CON LA publicación de la Constitución en el Boletín Oficial comienza la cuenta atrás del plazo legal de treinta días que el presidente Suárez tiene para sacar, por fin, de su chistera la paloma de la investidura o -con toda probabilidad- el conejo de las elecciones. Aun corriendo el peligro evidente de cansar a nuestros lectores con lo reiterado de nuestra reclamación, hemos de insistir hoy en que, una vez terminado el proceso constituyente, este país necesita de urgencia ser gobernado y el primer acto de una gobernación clara y distinta es explicarnos a los españoles cuál va a ser el calendario político del próximo futuro. La argumentación absurda de que Suárez no podía ni debía hablar al respecto «antes de la Constitución» -¿qué insondable mal se habría derivado para los españoles del hecho de que supiéramos hace meses si iban a ser convocadas o no elecciones generales y cuándo?- no puede esgrimirse una vez promulgada ésta. Y la existencia del plazo jurídico de todavía un mes para que el presidente anuncie el tema no excusa a éste de las responsabilidades políticas de no hacerlo cuanto antes. La clase política de nuestra joven democracia -Oposición incluida- tiene una evidente y perniciosa proclividad a encerrar en su pequeño círculo todas las virtualidades y decisiones que afectan al conjunto de los ciudadanos y corre por lo mismo el nada desdeñable peligro de con fundir la legalidad con la realidad. El derecho del presidente a aguardar treinta días para anunciar su decisión no debe ocultar el hecho de que cada hora que espere el tiempo trabaja no sólo contra él, sino sobre todo y fundamentalmente contra la estabilidad política y económica del país. Pues en un régimen de libertades, diga lo que diga la letra de una ley, no es el privilegio del ejecutivo convocar las elecciones generales cuando quiere, sino, desgraciadamente para el propio ejecutivo, cuando puede. Las vacilaciones de que ha venido haciendo gala el Gobierno en la revelación del calendario político hacen suponer que hay demasiados ministros y desde luego demasiados ministrables, más ansiosos del cargo que de ver solucionados los problemas de este país.El presidente Suárez tiene el deber moral de revelar cuanto antes y con toda concreción sus decisiones electorales que afectan gravemente al futuro de la convivencia y al desarrollo de la economía de este país. Y no existe una sola razón objetiva de conveniencia pública o de interés nacional que justifiqué el retrasar la declaración que solicitamos.
