Remitido a las Cortes el estatuto jurídico de la radio y televisión estatales

El Gobierno acordó ayer remitir a las Cortes, entre otros proyectos de ley, el de estatuto de la empresa pública; el de ampliación de la plantilla de catedráticos numerarios y profesores adjuntos de Universidad, y el estatuto jurídico de la radio y la televisión estatales. Asimismo aprobó un decreto-ley que elimina la pena de muerte del Código de Justicia Militar para adaptarse a la abolición de dicha pena, que figura en el texto constitucional. La reunión del Consejo de Ministros se inició a las diez de la mañana y concluyó a las cuatro de la tarde. Sólo estuvo ausente el ministro de la Presidencia, José Manuel Otero Novas, de visita oficial en el País Vasco.

El decreto-ley que modifica el Código de Justicia Militar trata de adecuar el citado cuerpo legal al artículo 15 de la Constitución, que regula el derecho a la vida y abole la pena de muerte. Según la información oficial facilitada, se pretende que el citado decreto-ley entre en vigor el mismo día que la Constitución. La modif-1cación afectará a los artículos en que figura la pena de muerte, que será sustituida por la de reclusión mayor.De acuerdo con lo establecido en el artículo citado de la Constitución, al dejar a salvo de la abolición de la pena capital «lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra», los artículos del Código de Justicia Militar que sancionan conductas delictivas en tiempos de guerra quedarán exceptuados de la regla general de eliminar dicha pena.

Estatuto de la empresa pública

El proyecto de ley que se remite a las Cortes conteniendo el estatuto de la empresa pública define a ésta como la sociedad mercantil en la que la participación estatal en el capital sea mayoritaria, así como la entidad de derecho público que realice actividades mercantiles en régimen de derecho privado. La creación de tales empresas públicas se podrá hacer siempre que lo exija el interés general, superándose así los vigentes principios de subsidiariedad. Un título del proyecto de ley está dedicado a regular la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de la empresa pública.El estatuto de la empresa pública establece los mecanismos de control de la misma por parte de los ministerios de los que depende y de la intervención General del Estado. La coordinación y racionalización del conjunto de las empresas públicas correrá a cargo del Gobierno, en primer lugar, y del Parlamento, en última instancia. Para ello se ha tenido en cuenta lo establecido en los pactos de la Moncloa sobre regionalización de inversiones de las empresas públicas.

Estatuto de RTVE

Otro acuerdo importante fue la remisión a las Cortes del proyecto de ley del estatuto jurídico de radio y televisión estatal, que obedece -según el Gobierno- a la «necesidad de establecer unas reglas claras y precisas para el funcionamiento de la radio y la televisión y necesidad de adecuar el funcionamiento de estos medios a los principios y criterios establecidos por la Constitución».El número tres del artículo 20 del texto constitucional establece que «la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España».

En la redacción del estatuto se han tenido en cuenta los precedentes de la BBC y la radio-televisión francesa. Los objetivos son la consecución de «la objetividad e imparcialidad en la información; la distinción entre información y opinión, y el respeto al pluralismo político, al honor y a la intimidad de las personas.

El estatuto configura a RTVE como entidad de derecho público, si bien en sus relaciones jurídicas externas estará sujeta «sin excepción» -señala el Gobierno- al Derecho mercantil. Funcionará por medio del consejo de administración, el director general y el consejo asesor.

Otro proyecto de ley pretende la ampliación de plantilla de catedráticos y profesores adjuntos de Universidad y escuelas universitarias. El aumento será de 1.800 cátedras y 1.800 adjuntas para facultades y escuelas técnicas superiores, y de 980 cátedras y 1977 agregadurías de escuelas universitarias. Esta ampliación de dotación de profesorado universitario «no tiene precedentes en nuestro país», según señala el Gobierno, que añade que se trata, sin duda, de «la mayor en toda la existencia de la Universidad». El funcionamiento de las nuevas plazas se propone para principios de septiembre de 1979, que el Ministerio de Educación y Ciencia podrá anticipar en los casos necesarios.

Participación estatal en los riesgos de la exportación

El Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes otro proyecto de ley para regular la participación del Estado en el reaseguro de los riesgos comerciales del Seguro de Crédito a la Exportación, motivado por el crecimiento de las exportaciones españolas en los últimos años y estableciendo un límite máximo al compromiso del Estado.Otro acuerdo económico fue la concesión de un crédito a largo plazo a Babcock & Wilcox, por importe de 2.200 millones de pesetas, corno última fase del programa de relanzamiento de esta sociedad. Asimismo se aprobaron expedientes de obras por un importe superior a los 744 millones de pesetas.

El Consejo de Ministros recibió amplios informes del vicepresidente segundo y ministro de Economía y del ministro del Interior sobre las consecuencias catastróficas de los temporales de Galicia, y acordó la evaluación de los daños y la declaración de zonas catastróficas en Barcelona, Salamanca, Lérida y Córdoba.

El Gobierno recibió información del ministro de Justicia sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de filiación. Por su parte, el ministro del Interior informó sobre el acuerdo Gobierno Diputación Foral de Navarra.