UCD defendió sin concesiones el nuevo sistema fiscal sobre las empresas

Unión de Centro Democrático defendió ayer sin concesiones el nuevo sistema de imposición fiscal sobre las empresas, con motivo del debate celebrado en el Pleno del Congreso de los Diputados en relación con el proyecto de ley de impuesto, sobre sociedades. Al comienzo de la sesión, Manuel Fraga logró extender a las dos últimas víctimas del terrorismo el minuto de silencio en homenaje a Salvador de Madariaga.

La nueva ley quedó aprobada, según el dictamen de la ponencia, sin que los distintos grupos parlamentarios, tanto desde la derecha como desde la izquierda, lograran imponer ninguna de sus enmiendas. En general, la posición del partido del Gobierno pareció moverse, al oponerse a las iniciativas de los restantes grupos, en una línea de equilibrio entre la posición de Alianza Popular, por una parte, de defensa a ultranza de los beneficios de las empresas, y la de los comunistas, por otra, que insistían en cerrar todos los recovecos que, a juicio de este grupo, deja abiertos la nueva ley y que permite la defraudación fiscal.El debate de la sesión de ayer se inició con una enmienda presentada por el diputado Ramón Trías, en nombre de la Minoría Catalana, al artículo 15 del proyecto de ley relativo a los incrementos y pérdidas de patrimonio. El señor Trías defendió la tesis de que los efectos de la inflación debían tenerse en cuenta en la valoración de las plusvalías, ya que el fenómeno inflacionista actúa de hecho como si se subieran las tarifas. El diputado catalán calificó su enmienda como toque de alarma sobre la necesidad de que la legislación española tenga en cuenta la inflación en el sistema fiscal, si se quiere potenciar la capacidad de auto financiación de la empresa española. «Desconocer los efectos de la inflación en el sistema impositivo de las empresas, más que una injusticia es un error», concluyó el señor Trías.

En nombre de UCD, el diputado Jaime García Añoveros se opuso a la enmienda de la Minoría Catalana, afirmando que la repercusión de la inflación en las empresas es un tema evidentemente grave, pero que ya estaba resuelto a lo largo del articulado del proyecto de ley. Manifestó también que la enmienda presentada no estaba bien hecha desde el punto de vista técnico.

Tamames, contra las defraudaciones fiscales

El diputado Ramón Tamames, en nombre del grupo Comunista, defendió a continuación una enmienda sobre un párrafo del artículo 15, que establece que «el valor de enajenación se estimará en el importe real por el que en dicha enajenación se hubiera efectuado». El diputado comunista mantuvo que el valor de enajenación debería ser el establecido en el mercado, ya que el importe real puede ser simulado y dar lugar a posibles defraudaciones fiscales.

Alianza Popular, por su parte, a través del diputado Pedro Mendizábal, defendió también una enmienda por la que defendía que en el supuesto de disolución de sociedades no se producía enajenación, sino simplemente especificación de derechos. A estas dos enmiendas también se opuso, en nombre de UCD, el señor García Añoveros. Fueron rechazadas, al igual que la de la Minoría Catalana, por la mayoría de los diputados.

Otro tema de discrepancia entre AP y UCD fue el relativo al tipo de gravamen del impuesto sobre Sociedades previsto en el artículo 23 de la nueva ley. Según esta, existe un tipo general de gravamen del 33 % para todas las sociedades, salvo cuando se trate de cajas de ahorro, cajas rurales, mutuas de seguros generales y cooperativas, cuyo tipo será el 18%. La enmienda de Alianza Popular, defendida por Alvaro Lapuerta, establecía, por el contrario, un tipo general de gravamen del 30%, que quedaría reducido al 26% en el caso de sociedades de responsabilidad limitada y en comandita y al 16% para las sociedades de tipo cooperativo. Refiriéndose al sistema de gravamen establecido en la nueva ley, el señor Lapuerta manifestó que constituía un excelente medio para sustituir la inversión privada por la pública.

El señor García Añoveros, en nombre de UCD, se opuso a la enmienda aliancista recordando que rebajar en tres puntos el tipo general de gravamen supondría una rebaja de 12.000 millones de pesetas de los impuestos. Por otra parte, según añadió, la presión fiscal sobre las empresas ha quedado ya suficientemente disminuida en numerosos mecanismos previstos en la nueva ley y, por otra parte, las sociedades de responsabilidad limitada y en comandita tienen posibilidad de acogerse al régimen de transparencia fiscal, en caso de que su capital social no llegue a los cien millones de pesetas. La enmienda de AP fue rechazada.

Tampoco tuvo éxito otra enmienda del mismo grupo, al artículo 25, referente a las bonificaciones en la cuota. Alvaro Lapuerta pretendía que hubiera una bonificación del 90% en la cuota del impuesto de las sociedades constructoras de viviendas oficiales destinadas a funcionarios.

El grupo comunista, a través del diputado Ramón Tamames, insistió una vez más en el tema de las posibles evasiones fiscales, presentando una enmienda al artículo 26 del proyecto de ley, relativo a la deducción por inversiones. El diputado comunista manifestó que esta deducción podía considerarse como un privilegio inadmisible si no se determinaban las condiciones en que debía efectuarse la inversión para tener derecho a esa dedución. Calificó como bueno el proyecto de ley debatido, pero estimó que dejaba abiertos ciertos recovecos por los que podrían introducirse operaciones de evasión fiscal por parte de sociedades bien asesoradas.

En nombre de UCD, el señor García Añoveros negó que esta posible evasión fiscal pudiera producirse.

En apoyo de la enmienda comunista se manifestó el grupo socialista, a través de la intervención del diputado Baldomero Lozano. Este grupo también insistió en que la deducción por inversiones establecida en la ley abría un agujero legal que sería necesario tapar si se quiere evitar el fraude fiscal. La enmienda comunista, que había conseguido convencer a los socialistas, no obtuvo sin embargo suficientes votos y fue rechazada por 116 votos a favor y 130 en contra.

Créditos

El Pleno del Congreso aprobó también, entre otros proyectos de ley, un total superior a los 25.941 millones de pesetas, 15.000 millones de los cuales se destinarán a apoyar el sector siderúrgico; 9.800 millones a ayudas al sector de la construcción naval, ambos con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria y Energía.

Otros proyectos de ley aprobados ayer fueron los de creación del Colegio Oficial de Geólogos; ampliación de plantillas de técnicos comerciales del Estado y de diplomados comerciales del Estado, y sobre cambio de denominación del cuerpo de auxiliares de la Lotería Nacional.