Garrigues Walker propugna el modelo de "sociedad competitiva" para España

Joaquín Garrigues Walker, ministro de Obras Públicas, esbozó ayer en el Club Siglo XXI, de Madrid, los rasgos fundamentales del nuevo modelo de Estado que, a su juicio, debería instaurarse en España en los próximos años a la luz de la Constitución recientemente refrendada.El señor Garrigues Walker, tras manifestar que el coste del proceso democrático ha sido reducidísimo si se compara con el precio pagado por los españoles por el establecimiento del régimen anterior, declaró que la cuestión esencial en la etapa constitucional ahora iniciada radica en decidir si España se inclina por una «sociedad igualitaria» o por una «sociedad competitiva». A lo largo de su conferencia el ministro de Obras Públicas ensalzó las ventajas de la «sociedad competitiva», aunque no dejó de resaltar que la igualdad y la competitividad no son antitéticas y excluyentes, ya que «la llamada sociedad competitiva crea mucha más igualdad entre los ciudadanos que la que se arroga el título de igualitaria». Después de referirse a la importancia de esta elección, con el fin de impedir un rumbo equivocado, el señor Garrigues Walker analizó algunos aspectos de la Constitución. Hizo especial hincapié en el papel arbitral de la Corona, ya que si este papel -dijo- ha sido decisivo en los tres últimos años más aún puede serlo durante el desarrollo de los estatutos de autonomía. También se refirió, en cuanto eficaz garantía en la primera etapa de rodaje constitucional, al Tribunal Constitucional. Según manifestó el señor Garrigues, los nombramientos de los doce miembros que lo componen, y en especial el de su presidente, pueden condicionar un rumbo u otro.

En el terreno de la economía, el señor Garrigues estimó que deberá hacerse la transformación de un sistema intervencionista en un sistema competitivo de libre empresa. En primer lugar deberá restablecerse con urgencia en los próximos años el equilibrio del presupuesto y deberá detenerse el crecimiento del sector público de la economía española