El anteproyecto de Estatuto Vasco

EL ANTEPROYECTO de Estatuto de Autonomía del País Vasco, hecho público el sábado pasado, es sólo un primer paso hacia el establecimiento de auténticas instituciones de autogobierno en Euskadi. Queda todavía un largo y complicado camino de discusiones en la Asamblea de Parlamentarios vascos y en las Cortes y de refrendos populares antes de que exista el País Vasco como comunidad autónoma. Sería, por tanto, precipitado analizar este anteproyecto provisional como si se tratara de algo definitivo. Y una maniobra destinada a sembrar la confusión que los partidarios del proyecto, tal y cómo está redactado, presentan dicho texto como el Estatuto, y las eventuales modificaciones posteriores, como atentados y mutilaciones merecedores de protestas.La principal línea divisoria que recorre el País Vasco es la que separa a los partidarios de la violencia terrorista de los defensores de la paz ciudadana. Si bien esa marca fronteriza no se superpone exactamente con la que deslinda ahora a los independentistas y los autonomistas, parece probable que la promulgación de un Estatuto de Autonomía reducirá incluso en el campo del separatismo los apoyos a la violencia. Las actitudes del PNV, de acatamiento a la Constitución, se harían todavía más definidas y explícitas si las posibilidades abiertas por el título VIII para la creación de comunidades autónomas fueran aprovechadas satisfactoriamente en Euskadi; lo cual, obviamente, reforzaría los planteamientos del nacionalismo vasco adversos a la violencia terrorista. En tal caso, los partidarios del independentismo, que han encontrado en el referéndum del 6 de diciembre las pruebas de su escaso apoyo popular (alrededor del 10 % de la población censada, porcentaje del que hay que descontar el voto de la ultraderecha), se verían abocados a elegir entre tres posibilidades: continuar su loca aventura de crímenes y atentados, adoptar una actitud testimonial, pero pacífica (posición cuya legalidad nos parece indudable) o trasmutar su segregacionismo imposible por un autonomismo realizable.

Por esta razón, el Estatuto vasco es urgente. En la necesaria interrelación de soluciones políticas y soluciones policiales a la violencia terrorista en Euskadi, son las primeras las decisivas. Se comprende la insistencia del Consejo General Vasco, reiterada en la entrevista de ayer con el presidente del Gobierno, en las medidas políticas. Pero, mientras en Euskadi los independentistas utilicen el sangriento lenguaje de las metralletas, sería suicida, para las fuerzas de orden público, y cínico, para los ciudadanos que no se hallan en la línea de fuego, enfundar las armas de la defensa legítima del Estado.

Por otra parte, los procedimientos políticos para erradicar definitivamente las semillas de la violencia en Euskadi no deben ser tales que conduzcan a la escisión del pueblo vasco en dos comunidades enfrentadas. Es necesario y urgente elaborar y promulgar un Estatuto de Autonomía como muro de contención contra el terrorismo. Pero en ese texto deben encontrar acomodo y satisfacción todos los segmentos y capas de la población vasca que desean la democracia y la paz y que no tratan de imponer sus propios puntos de vista particularistas. Sin olvidar que existe una Constitución que establece el techo de las competencias autonómicas y que hay sentimientos e intereses respetables en el resto de la comunidad española a las que no se debe gratuitamente herir o lesionar.

Antes de ser discutido en las Cortes por los representantes de la soberanía popular de todo el país, el Estatuto tiene que ser elaborado por los parlamentarios vascos. Ambos trámites no están herméticamente separados, ya que una parte importante de los diputados y senadores elegidos en Euskadi pertenecen a partidos de ámbito estatal. Se da, así, un doble motivo para que el proyecto de Estatuto sea adoptado, en ese primer escalón de la Asamblea de Parlamentarios, por consenso de las dos grandes fuerzas políticas de la futura comunidad autónoma: el PNV y el PSOE. Un Estatuto aprobado sin los votos socialistas no sólo marginaría a los sectores de la población vasca representados por el PSOE (el partido más votado en el conjunto de las cuatro provincias en junio de 1977), sino que carecería del apoyo del Grupo parlamentario Socialista en el Congreso. El indudable éxito del PNV en Guipúzcoa y Vizcaya en el referéndum del 6 de diciembre no debe subírsele a la cabeza ni hacerle olvidar que en Alava no fue seguida de manera mayoritaria y en Navarra tuvo un mínimo eco.

Los socialistas reprochan al anteproyecto hecho público la semana pasada que «el sistema tradicional de concierto económico» previsto en el artículo 40 es una forma apenas encubierta de consagrar los principios del privilegio fiscal. Sería un imperdonable error conceptual confundir las haciendas autónomas con el derecho a establecer en el País Vasco un sistema tributario que diera como resultado una presión fiscal inferior a la del resto de España o claras desigualdades en la exacción de los tributos. Parece necesario, a este respecto, abrir un debate lo suficientemente amplio para aclarar si las exigencias del PNV implican o no el privilegio económico y la posibilidad de crear en el País Vasco paraísos fiscales.

La segunda discrepancia de los socialistas estriba en la desvalorización que hace el anteproyecto del Parlamento vasco. Las excesivas competencias atribuidas a «las instituciones de los territorios históricos», esto es las Juntas Generales y diputaciones forales, y la estructura «confederal» de las cuatro provincias irían, así, en contra del órgano representativo del conjunto de Euskadi. También temen que a la representación numéricamente igual de las cuatro provincias, desigualmente pobladas, en el Parlamento pueda unirse, además, un sistema de elección que privilegie a los pequeños municipios, donde el PNV es hegemónico, frente a las grandes ciudades, bastión de los socialistas. La actitud de apoyo de Alianza Popular o de UCD a estos planteamientos no deberían extrañar demasiado. En cambio, la adhesión o el silencio de la izquierda abertzale a los deseos del PNV de reforzar el poder provincial y municipal termina de rizar el rizo de sus contradicciones y paradojas. He aquí a unos socialistas revolucionarios que prefieren las alianzas con un partido interclasista, de orientación conservadora en lo económico y tradicionalista en el diseño del sistema de representación política antes que unirse a las propuestas de los partidos que tienen su electorado en las grandes concentraciones urbanas y en la clase obrera industrial.