Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial: EDITORIAL i

Nunca ha resultado tan fácil como hoy para nosotros el seleccionar una opción a la hora de expresar nuestro juicio sobre qué ha de votarse y qué votará moral y simbólicamente EL PAÍS en el referéndum constitucional. Mañana se cumple un objetivo en cuya consecución, pensamos, hemos puesto también nosotros nuestro humilde grano de anís: la consulta popular a los españoles sobre si quieren o no darse a sí mismos un régimen de libertades. Y ante tanta confusión, oportunismo y falsas interpretaciones como han pretendido darse del texto constitucional no es posible expresar sólo el deseo de que nuestros lectores cumplan con el deber ciudadano del voto; sumamos nuestra recomendación, si recomendación puede hacerse, de que este voto sea afirmativo y contribuya así al establecimiento de un sólido sistema democrático en España.

Porque esta es la opción, nada capciosa, planteada mañana en las urnas: se vota o no a favor de la libertad. Y así se ha de certificar el cerrojazo histórico a una dictadura que mantuvo durante cuarenta años a los españoles bajo la presión del miedo y de la injusticia, contribuyó al empequeñecimiento nacional y aumentó nuestras dependencias estratégica y económica de las grandes potencias extranjeras. Ese régimen, hoy añorado por sus más directos beneficiarios, es el paradigma de lo que nunca debe ser un sistema político que respete al hombre y a la sociedad. Un régimen que, finalmente, ha de pasar mañana a la historia sin la revancha de sus perseguidos, con el abrazo entre los españoles, pero cuyos excesos y abusos serán imposibles de olvidar en mucho tiempo.

No resultan, pensamos, superfluas estas reflexiones ala hora de expresar nuestra solidaridad con el texto constitucional sometido a consulta. Cuando menudea la postura del «sí.... pero» ante el mismo, hay que decir que no es precisamente esta la hora de expresar ninguna reserva, y no porque el documento constitucional sea perfecto o porque no puedan existir en él múltiples motivos de discrepancia, según se juzgue desde una u otra óptica. No exponemos reservas simplemente porque es un documento de concordia y diálogo y porque no existe opción de ningún género -exceptuadas las de quienes predican y practican la violencia-, que no tenga acomodo en la Constitución española de 1978. Ante esta realidad, los defectos y desacuerdos técnicos disminuyen de tal forma que desaparecen en el momento de depositar el voto.

La Constitución española de 1978 consagra principios básicos e irrenunciables en la vida de los pueblos civilizados. Devuelve a los españoles su soberanía, respeta y protege el pluralismo político, religioso, cultural e intelectual, ampara las peculiaridades de las nacionalidades y regiones de todo el Estado, deposita el poder político en las manos de los representantes del pueblo, deroga la pena de muerte, promueve la solidaridad social, garantiza el gobierno de las mayorías, pero defiende los derechos de toda minoría existente. Es una Constitución moderna, progresiva y nada idealista, pero con el grado de utopismo necesario para que su cumplimiento, que es, en definitiva, la construcción de la democracia, exija un esfuerzo colectivo y continuado. No es, pues, una Constitución voluntarista, pero sí supone un compromiso popular en la defensa de las libertades de todos. Democracia, en definitiva, es también responsabilidad.

Por lo demás, ya tuvimos ocasión de decir, cuando el texto se aprobó en las Cortes, que lo esencial de las buenas constituciones, lo que determina sus cualidades para regir la vida de los pueblos, es su durabilidad por sí mismas. Estamos convencidos de que la Constitución española de 1978 va a ser aprobada masivamente por el pueblo español. Los grandes partidos mayoritarios han recomen dado amplia y abiertamente el sí. La abstención de los miedosos, y la beligerancia activa de quienes predican el no, es también amparada y respetada por el propio texto constitucional sometido a referéndum, pero no ha de obtener, creemos, elevados porcentajes en las urnas. Por lo demás, la Constitución no resuelve todos los problemas. Antes bien, no resuelve casi ninguno. Marca, eso sí, las reglas de juego comunes para que los españoles aborden con decisión la resolución de los conflictos sociales que toda sociedad libre y viva comporta. La Constitución busca así la solución pacífica de los contenciosos políticos, laborales, ideológicos y regionales de nuestro país durante décadas, proscribiendo el espectro de la guerra civil, que se ha materializado desgraciadamente en España en tres ocasiones durante el último siglo y medio. Pero esas normas para la convivencia no son un simple y neutral agregado de procedimientos, sino que se basan en valores liberales y democráticos de rancia tradición histórica. El contenido de la Constitución consagra un modelo de funcionamiento del Estado al servicio y bajo el control de la sociedad, tal como es y no como los fanáticos de uno u otro signo quisieran que fuera. El texto constitucional refleja así la pluralidad de intereses y de creencias de la comunidad española.

Nosotros, en definitiva, votamos sí a la Constitución, porque votamos a favor de los derechos de un pueblo centenario que mañana tiene una cita histórica con su libertad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de diciembre de 1978

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >