La vivienda, una oportunidad de crear empleo
El programa económico del equipo de coyuntura que encabeza el profesor Fuentes Quintana -publicado por EL PAIS semanas atrás- será probablemente asumido por el Gobierno, dada la condición de «asesor presidencial» que sigue ostentando el ex vicepresidente económico. Por ello, acaso convenga señalar algunas de las condiciones que, ineludiblemente, deberán darse para que los objetivos allí definidos se cumplan. En concreto, para que las esperanzas en el capítulo de la creación de puestos de trabajo se materialicen, en lo que al sector de la construcción se refiere, será necesario disponer de una serie de recursos que, aun estando al alcance de la economía española, nadie ha mostrado predisposición a proveer.Para alcanzar los objetivos que se persiguen en materia de empleo se hace necesario partir de la actual situación, en cierto modo menos favorable que la tomada como punto de partida por el equipo de coyuntura económica. La tasa de empleo real del sector de la construcción es ligeramente inferior a la recogida por los redactores del programa, por lo que el esfuerzo a realizar deberá ser más cuantioso de lo inicialmente previsto. La falta de financiación y otros factores complementarios han generado una caída de la demanda y, consecuentemente, de la actividad, cuyo reflejo más inmediato ha sido el incremento de la tasa de población desempleada en el sector, que se aproxima ya peligrosamente a los 300.000 trabajadores.
De hecho, las dificultades de financiación con que tropieza el subsector vivienda desde hace meses afectan tanto al presunto adquirente como al promotor-constructor, con la lógica retracción del mercado. Retracción que se registra tanto en el apartado de viviendas de protección oficial como en las de promoción libre. (Véase cuadro 1.) La reducción de los coeficientes obligatorios de las cajas de ahorro han conllevado un trasvase de recursos desde el primero al segundo de los apartados en que dividimos el mercado de viviendas. Pero, al tiempo, también se han desviado disponibilidades crediticias hacia otros sectores de actividad, cuyo ciclo de financiación es más corto que el de la vivienda, que se sitúa al menos entre los diez y los quince años.
El cuadro 1 es suficientemente explicativo para que requiera ningún comentario, y en él se aprecia la tendencia regresiva para el año 1979.
A la hora de programar una actuación inversora en vivienda, debe partirse de la situación previsible y de una premisa esencial: una vivienda absorbe escalonadamente la inversión necesaria para su construcción a lo largo de un ciclo medió de dos años. Consecuentemente, la oferta potencial de empleo directo que cada vienda genera (1,2 puestos de trabajo distribuidos a lo largo del ciclo constructivo) no puede considerarse desde una óptica estable. Esta precisión es impor tante por cuanto el equipo Fuentes Quintana contempla básica mente la perspectiva de los próximos tres años, al final de los cuales se habrán creado 110.200 nuevos puestos de trabajo, fruto de la actuación a lo largo del trienio.
A esta cifra asumida por el ECE es necesario agregarle los 22.000 empleos que se calcula habrá perdido el sector al final de 1978. Supuesto que el 70% del nuevo empleo del sector construcción así estimado provenga del subsector vivienda, la creación de aproximadamente 92.000 puestos de trabajo al final del trienio exigirá acometer la construcción en 1979, de 77.000 viviendas adicionales a las que por la inercia se iniciarían el año próximo, manteniendo el nivel de 285.000 inicios en 1980 y 1981.
El caballo de batalla de estos propósitos es, sin duda, la financiación necesaria para cumplir estos objetivos. Un primer problema surge al contemplar las obligaciones pendientes de atención y las solicitudes sin atender en la Banca oficial, cuyo monto global se acerca a los 90.000 millones de pesetas.
La canalización de recursos no puede por menos que ser propiciada por el Estado, ya que, a los precios actuales del dinero, pocas posibilidades existen de cumplir los objetivos a partir de una concurrencia al mercado libre de capitales. Ello llevará a la Administración a actuar sobre la construcción de viviendas de protección oficial, cuya nueva normativa está siendo ultimada estos días.
Consecuentemente, las 77.000 viviendas de actuación adicional deberían sumarse a las 119.000 de protección oficial, cuyo inicio se prevé para 1979, manteniendo la cifra total de 196.000 viviendas iniciadas en este régimen para 1980 y 1981, asegurando la financiación de todas ellas a largo plazo.
Supuesto el inicio de viviendas uniformemente a lo largó del trienio, el cuadro II muestra claramente la creación de nuevo empleo tanto en el sector como el inducido en otros, las necesidades de financiación y los déficit presumibles de la misma tan sólo para el régimen de protección oficial. A estas cifras sería preciso añadir las necesarias para financiar las viviendas libres.
Como se decía al principio, los déficits previstos son cantidades asumibles por nuestra economía, pero para ello es necesaria la previsión de actuaciones concretas. Entre las opciones realizables las más viables son: desacelerar, en lo posible, la liberalización de los coeficientes de regulación especial de las cajas de ahorro; incrementar el presupuesto del INV (Instituto Nacional de la Vivienda); potenciar el crédito oficial de forma que pueda atender la demanda pendiente; aplicar preferentemente los fondos de acción coyuntural para cubrir la actuación reguladora del INV y del ICO (Instituto de Crédito Oficial); establecer convenios con cajas de ahorro y bancos privados, ya sea mediante subvención de intereses o bien a partir de compensaciones fiscales; Imitir cédulas de inversión hipotecaria y obtener conciertos de inversión con las compañías de seguros. A menos que se acometa una decidida actuación en varios o todos los frentes señalados, parece muy difícil que uno solo de los grupos de instituciones implicados pueda soportar el importante esfuerzo de financiación que el programa requiere.
Sería una torpeza eludir las dificultades de puesta en práctica que el plan presenta. Pero es urgente y necesario encarar el problema del paro en nuestro país, sin duda uno de los más virulentos con que nos enfrentamos, tanto a nivel económico, como simplemente social. Para ello el sector construcción, y más concretamente el subsector vivienda, presenta una idoneidad específica, en buena parte por la inmediatez de su realización. Por si ello fuera poco, un aspecto tan importante o más merece ser destacado. La realización de un programa de viviendas como el que se propone contribuiría a paliar el grave problema de carencia de habitación que afecta a buena parte delas familias españolas menos favorecidas. El tremendo bache en la dotación de viviendas asequibles, directamente derivado de los utópicos planes de vivienda social de recientes administraciones, podría así, de alguna manera, ser subsanado.
Una última reflexión a proponer es la de que, iniciados los debates para alcanzar un marco que configure la actividad económica en 1979, no se acometan planes unilaterales basados exclusivamente en criterios de oportunidad política o electoral. La operativídad de un plan como el propuesto por el equipo Fuentes Quintana pasa necesariamente por la intervención en su puesta en práctica de todas las partes implicadas. Lo que sería absurdo a estas alturas es lanzar al promotor y a las entidades financiadoras a unas directrices cuya efectividad resulte más que discutible. Son muchos los ejemplos recientes en los que la inviabilidad de este tipo de conductas ha quedado demostrada.
