El alcalde expone a los inmobiliarios la "necesidad de conservar Madrid"

Durante algo más de media hora, a los postres de una cena a la que asistieron unas 150 personas, el alcalde de Madrid, José Luis Álvarez, intentó convencer a los inmobiliarios que controlan el mercado del suelo en la ciudad que la política que pretende seguir el municipio de conservar el paisaje urbano y los edificios que lo forman no va en contra de sus intereses. Pidió, además, su colaboración para conseguir conservar el conjunto de la ciudad, por razones económicas, sociales y culturales.

La cena había sido organizada por el Club Inmobiliario, entidad que agrupa a los promotores inmobiliarios que ejercen su actividad en Madrid, y en ella se esperaba que el alcalde diera explicaciones a los detentadores del capital urbanístico de la ciudad en torno al Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano -antiguo Precatálogo-, luego convertido, ante la oposición de los concejales para aprobar una normativa de tan amplio alcance, en el Plan Especial de Protección y Conservación de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico-Artístico de la villa de Madrid. También se esperaba que, en el curso de la cena, el alcalde y su política fueran fuertemente atacados por los inmobiliarios. Sin embargo, esto no ocurrió y el coloquio que siguió a las palabras del alcalde sirvió únicamente para que los reunidos expresaran ideas más o menos afines a las expuestas por el señor Álvarez.Las razones que expuso para demostrar que las ciudades deben ser conservadas se basaron en tres puntos de vista: económico -«a veces es más fácil destruir y volver a construir, pero no siempre es lo más barato»-, social -«la nuestra es una sociedad mixta, sin ghettos»- y cultural -«los edificios fueron construidos para ser vividos. Su conservación ayuda a la convivencia de las gentes»-.

Al hablar de un urbanismo de conservación -«andamos bastante cerca de la solución justa»-, reconoció, sin embargo, que existen dos vías de destrucción de la ciudad, por un igual: su abandono y su destrucción sistemática. «Pero no se puede remediar todo con una sola norma. Habría que entrar en la polémica propietario-arrendatario y lograr la modificación justa de la ley de Arrendamientos Urbanos y la formación de comunidades de propietarios que eviten que las casas se caigan.»

El alcalde terminó su intervención asegurando que «el Plan Especial no se dedica a atacar ni a usurpar ni se olvida de que la ciudad es un ente vivo».

A pesar de lo moderada que fue toda la intervención del alcalde, gran parte de los asistentes a la cena esperaban una más o menos airada reacción de los inmobiliarios en contra de cualquier política de conservación de edificios que impidiera que éstos fueran derribados para construir, sobre el solar resultante, nuevas casas que, una vez vendidas, dieran unos mayores beneficios.

Sin embargo, esta reacción en contra no llegó a producirse y sólo dos de las diez intervenciones que se produjeron pudieron poner en apuros, en cuanto a la respuesta, a las autoridades municipales.

Una de estas preguntas, dirigida al gerente municipal de Urbanismo, Luis Enríquez de Salamanca, se refería a la posibilidad de que el desarrollo del Plan Especial produjera un incremento en los niveles de paro en el sector de la construcción, cosa que reconoció, aunque derivada del Precatálogo, el gerente. La otra pregunta ligeramente comprometida fue hecha por un economista, quien se refirió a que alguien debiera pagar la diferencia entre la economía de mercado y la aplicación social de la misma, derivada de la conservación. Fue contestado por el alcalde en el sentido de que creía en la economía de mercado, pero no en la ley de la oferta y la demanda -«no se puede hacer lo que se quiera en la economía urbana»- y se refirió a la necesidad de que los beneficios obtenidos revirtieran a la comunidad por la vía de los impuestos.