El gasto público no puede crecer sin límites ni control parlamentario

El gasto del sector público constituye en estos momentos una de las preocupaciones más importantes de los países con economía de mercado. En España estamos viviendo un proceso de reforma fiscal que va a desembocar en un crecimiento constante del gasto del Estado y algunos se preguntan si el gasto español está bien orientado, tiene una rentabilidad adecuada, es objeto de control, etcétera. Algunas de estas preguntas se las han formulado los conferenciantes que participan en el seminario internacional «El sector público en una economía de mercado», que se celebra a lo largo de todo el mes de noviembre en el Instituto de Estudios Fiscales, organizado por el Centro de Estudios y Comunicación Económica, y por el propio Instituto.

A lo largo de la segunda sesión celebrada la pasada semana, los conferenciantes se han dedicado a cuantificar el volumen de gasto del sector público español, cuestión en la que no existe demasiada unanimidad, aunque en líneas generales todos están de acuerdo en señalar que el presupuesto del Estado representa en España una porción menor que en otros países industrializados con economía de mercado. El profesor Lagares señaló en su intervención que el gasto público español alcanzará el año próximo el mismo nivel per cápita que el logrado por los países de la Comunidad Económica Europea a principios de la década actual. El gasto público total per cápita español en 1979 será del orden de los 1.265 dólares, mientras que en Alemania era hace nueve años de unos 1.200 dólares per cápita y en Francia aproximadamente de 1.100 dólares. No obstante, como este dato no tiene en cuenla la capacidad económica de cada país, este indicador no suele ser el más adecuado para medir el nivel del gasto, que tiene un método más apropiado en su comparación con el producto interior bruto.En relación con el PIB, el gasto público español en 1979 se situará en valores próximos al 28 %, mientras que en Alemania se sitúa en el 44 %, en Francia era de un 42% y en Italia del 43% en el período comprendido entre 1974 y 1976. La media de los países de la OCDE mantenía en este período de tiem po un nivel del gasto público equivalente al 41,40 % del producto interior bruto.

Para Lagares, esta relación tampoco resulta demasiado satisfactoría porque no tiene en cuenta factores como la estructura social y la demografía. Ponderando diversos elementos, tales como la estructura de la producción nacional, la estructura de edades, el dinamismo de la población y otros, ha llegado a la conclusión de que el gasto público español se encuentra situado a un nivel próximo al

70 % del que le correspondería comparándolo con la media de los países de la Comunidad Económica Europea. Las funciones de gasto más desatendidas en nuestro país continuarían siendo las de enseñanza y cultura, sanidad y relaciones con el exterior, observándose asimismo una rápida pérdida de posicibnes en las actividades económicas del Estado.

El nivel teórico

Para el profesor Albi, de la Universidad Complutense de Madrid, los intentos realizados por diverso autores para fijar un techo técnico al presupuesto público no han tenido éxito. En su opinión, quien más se acercó fue Colin Clark, que en 1945 fijaba el techo tributario de una economía industrializada en el 25 % de la renta nacional, lo que equivale al 23 % del producto interior bruto.A pesar de esta teoría, en los años 70 el gasto público en los países de la OCDE (excluyendo la industria pública) ha llegado ya a superar como promedio el 40% del PIB de cada país. En algunas naciones, como Holanda y Suecia, alcanza ya la cota del 50%, y en Alemania Federal y en Gran Bretaña está alrededor del 44 %. España tiene alrededor del 25 % de su PIB en gastos públicos, la mitad que algunos países de los mencionados.

La tendencia observada en los países industrializados es de un rápido crecimiento del gasto público. En el período comprendido entre los años 1960 y 1975 la elasticidad del gasto público ha sido de 1,25, de forma que por cada punto. de crecimiento del producto interior bruto; el gasto aumentó en 1,25. La recaudación ha aumentado también, aunque a ritmo menor, lo que ha provocado crecientes déficit públicos, solne todo a raíz del desencadena miento de la crisis petrolífera en 1974. En el caso español, la elasticidad del gasto es similar a la de los restantes países de la OCDE (es decir, de 1,25), mientras que la flexibilidad impositiva del país ronda en torno a la unidad, en el mejor de los casos.

Los límites

«El sector público -señala el profesor Albi- no puede gastar sin límite. Por otro lado, las presiones en favor del gasto son casi insoportables. » Ante esta situación, el profesor,Albi propone algunas ideas:- En primer término, ampliar la información y conocimientos físcales de políticos, funcionarios y de la opinión pública en general, de forma que cuando tengan que tomar decisiones contemplen las dos caras del problema, los ingresos y los gastos.

- En segundo lugar, el sector público debería medir mejor sus resultados y mejorar su productividad. «Si justamente el sector público debe jugar un papel importante en una economía industrializada, no puede permitir el descrédito de que se le considere un agente despilfarrador. Ha de demostrar, al menos, tanta eficacia como el sector privado de la economía.»

- En tercer lugar, el gasto público debe ser controlado adecuadamente.

- Por último, se ha de volver a alcanzar un alto crecimiento de las rentas reales como condición indispensable para el crecimiento del gasto público.

«El Estado ha de mostrar un presupuesto no sólo transparente y completo, sino también eficaz y económico», señala el profesor Albi al referirse a la actual situación española, con una reforma fiscal en marcha. «El intento de una nueva relación contribuyente-Hacienda y las mayores obligaciones tributarias exigen una contrapartida clara y satisfactoria en la vertiente del gasto.»

En su opinión, es necesario ahora «evaluar e incrementar la eficacia económica del gasto público y de su gestión». «La mayor parte de las decisiones presupuestarias se toman, dentro del proceso político habitual, guiadas por criterios incrementales. Sin embargo, se hace cada día más evidente que este proceso de adopción de decisiones es muy imperfecto, sobre todo si la importancia y efectos de la decisión a tomar son considerables. La utilización de estos procedimientos más analíticos es pues, necesaria si se quiere alcanzar un grado mínimo de racionalidad. »

El control del gasto público, en opinión del profesor Albi, no se consigue solamente por medio de instrumentos administrativos, sino que debe ser complementado con el control político. «Es fundamental dejar bien sentado desde el principio que corresponde al Parlamento, asistido por las comisiones apropiadas, la aprobación y seguimiento del gasto público. El Parlamento, en un contexto democrático, ha de aprobar el presupuesto y enjuiciarlo responsablemente, controlando el ejecutivo e inyectando eficacia social al gasto público.»