La comarca catalana adquiere rango legal en 1936
Los decretos de la Generalidad de Cataluña de 27 de agosto y de 23 de diciembre de 1936, por primera y única vez, hicieron corresponder la realidad popular, la comarca, a la ordenación legal del territorio de Cataluña. Para ello había sido necesario el trabajo, durante cinco años, de una ponencia ad hoc.
Los trabajos de dicha ponencia partieron de una encuesta a la que fueron sometidos todos los municipios de Cataluña. Se les preguntó respecto a qué comarca creían que pertenecía su localidad y a qué mercados asistían sus habitantes. También se estudió la trascendencia de los partidos judiciales, mucho más racionales que la división provincial, por cuanto que las localidades cabeza de partido solían ser las mismas en que se celebraban los mercados.
La ponencia realizó su trabajo de forma eficaz y partiendo de criterios científicos, que, con el paso del tiempo, aparecen como profundamente modificables. Por ejemplo, consideró conveniente que desde cualquier pueblo de una comarca se pudiera ir, y volver en un mismo día a la capital de la misma. También intentó que, por razones de economía, el número de demarcaciones fuese mínimo.
El resultado fue la instauración de 38 comarcas, agrupadas en nueve divisiones supracomarcales, denominadas vegueríes (división de origen medieval). Una y otra demarcación recogían dos fenómenos diferentes. La comarca respondía básicamente a la realidad agrícola, geográfica, económica y demográfica. La veguería respondía preferentemente a un sustrato histórico estatal de origen romano. La existencia de dos grados de demarcación permitía al poder político escoger el nivel de actuación, en función del fin perseguido y del tema considerado.
Primer planteamiento democrático
No es extraño que la promulgación de una división comarcal de origen popular fuese paralela a la revolución social que se inició en Cataluña el 19 de julio de 1936. Como tampoco hay que extrañarse de que el 14 de abril de 1931 hubiese implicado un planteamiento democrático de la ordenación del territorio.
Llegados a este punto es precisa una reflexión genérica. Por vía inductiva vemos cómo toda revolución o cambio social profundo ha generado automáticamente una nueva división territorial. Ahí están la Francia de 1789, la Rusia de 1917 y la China de 1949, entre la infinidad de ejemplos posibles. Un caso curioso es ver cómo incluso la reforma hoy en curso en España establece constitucionalmente la comunidad autónoma. En sentido opuesto a los indicados también destaca el salvaje destrozo de las culturas africanas por el colonialismo, al crear países artificiales y, por esa razón, ingobernables. Por vía deductiva es fácil constatar que el derecho de toda persona a identificarse con una parte del territorio que le rodea es algo básico e inalienable.
El rechazo de la provincia
Todas las fuerzas democráticas y catalanistas reivindicaron, desde la ilegalidad a las que les sometió la dictadura franquista, el restablecimiento de las comarcas, al tiempo que expresaban su absoluta falta de aprecio por la centralizadora provincia, palabra que habitualmente era citada entre comillas en la prensa clandestina. Al mismo tiempo, los partidos y organizaciones sindicales (PSC, PSUC, CCOO, etcétera) establecieron desde siempre su organización interna en base a la división comarcal instituida en meramente bajo la Segunda República.
Hechos concretos acreditan,que el rechazo del concepto de provincia es unánime en Cataluña. Así, incluso bajo el franquismo, catalanes del régimen desaparecido, como Santiago Udina Martorell, subsecretario de Obras Públicas con Silva Muñoz, expresaron tantas veces como fueron preguntados su repudio de la división provincial.
La realidad objetiva del problema, la clara postura de las fuerzas antifranquistas -vencedoras en Cataluña el 15 de junio- y la tradición histórica apuntaban en favor de que el tema de la división comarcal fuese rápida y claramente planteado por la Generalidad provisional de Cataluña, desde sus primeros días de existencia, tal y como sucedió en 1931. Pero, por desgracia, las cosas han sido así, con lo cual el problema -aparecido ahora en su vertiente menos generosa, la electoral- puede generar tensiones populares y violentas comparables a las que hace años se produjeron en Italia, al ser establecida una nueva división territorial.
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