La huelga de la EMT madrileña podría desconvocarse

«El Gobierno Civil de Madrid estima, en base al informe de la Delegación de Trabajo, que existen condiciones suficientes para que pueda producirse un arreglo entre los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (que han solicitado huelga legal a partir del día 21) y la dirección, por lo que no hace uso en tanto que no sea preciso de sus facultades en orden al funcionamiento de los servicios públicos.»En el comunicado del Gobierno Civil, tras dar cuenta del traslado por la Delegación de Trabajo de la solicitud de huelga, que presenta defectos formales, se reproduce el criterio de esta última en el sentido de «que las reivindicaciones de los trabajadores tienen que ser examinadas, previamente a cualquier decisión de paro, por la comisión de control del convenio colectivo».

Por su parte, la empresa, en otro comunicado, afirma entre otras cosas: «El día 6 de noviembre el comité de empresa anunció la convocatoria de huelga legal para los días 21 al 25 de noviembre fundada en el pretendido incumplimiento por parte de la empresa de diez cláusulas del convenio colectivo. Los puntos sustantivos de las mismas se refieren a la petición de la jornada de cuarenta horas semanales -actualmente es de 42- y a la implantación de la técnica de canceladores en el cobro de vehículos de agente único.

Respecto al primer punto, el convenio es claro en cuante a que se implantaría si se enconstraba una fórmula por la cual no tuviera repercusión económica, ya que las mejoras firmes del convenio habían agotado el 22%, tope máximo del pacto de la Moncloa. La valoración en las condiciones de aplicación más económicas de la jornada de cuarenta horas, supondría, sólo para el personal de movimiento, un aumento de costo superior a doscientos millones, estudio de repercusión que conoce el comité de empresa.

En relación con la política de canceladores, el compromiso de la empresa en el convenio era agilizar al máximo en tramitación y conseguir las autorizaciones precisas para implantar el sistema en el menor plazo posible. El pasado jueves, día 2, la comisión provincial de precios, informó favorablemente el expediente de implantación de canceladores, lo que supone, a falta de aprobación de algunos extremos del mismo por parte de la dirección local, la culminación del proceso para su implantación.»