Confusión en torno a la huelga de Correos

Tan confusa como su convocatoria resultó la huelga de veinticuatro horas programada a nivel nacional para el día de ayer en los servicios de Correos y Telecomunicaciones. Unos 15.000 funcionarios (el 30% de la plantilla) habrían secundado el paro, según fuentes de USO, central responsable del llamamiento. La incidencia, según fuentes del Ministerio de Transportes, habría sido mínima, y según CCOO y UGT -que se oponían a la huelga- no habría afectado más que a unos 4.000 funcionarios en paros parciales.

La confusión, por otra parte, alcanzó también a la propia convocatoria. El Sindicato Unitario, que según fuentes de USO recogidas por Europa Press había llamado también al paro, desmintió ayer formalmente cualquier adhesión al mismo.El paro, según noticias contrastadas procedentes de las distintas centrales (USO, CCOO y UGT), de la dirección de Correos y de los corresponsales de EL PAIS, afectó con toda seguridad de forma total o parcial a Vizcaya, Madrid, Málaga, Valladolid, Valencia y Granada. Algunas provincias más, según datos de USO, habrían secundado también la huelga.

UGT y CCOO, en un comunicado conjunto, tras comentar que el alcance de la huelga «respondía al peso real del sindicato convocante» (un 7% de los delegados), coincidían con USO y con nuestro corresponsal en Cádiz en denunciar que por parte de los responsables de Correos y Telecomunicaciones se habían ejercido investigaciones y coacciones para conocer los nombres de qué trabajadores habían o no votado el paro. Las dos centrales mayoritarias acusaban también a la dirección de Correos y al Ministerio de Transportes de estar ejerciendo la política sindical de UCD con intromisiones directas en sus departamentos, de irresponsabilidad por no haber entrado en contacto con la central convocante sobre los motivos del paro y limitarse a calificar de «ilegal» el mismo, al tiempo que advertían que «independientemente del juicio que nos merece esta huelga, no vamos a aceptar represalias de ningún tipo». Alertaban también sobre la posible utilización de este paro por sectores de la derecha de cara al referéndum constitucional, dada la incidencia que sobre la opinión pública ejerce este tipo de conflictos y la íntima relación de este servicio con el propio desarrollo de las votaciones del referéndum.

El proyecto de ley de cuerpos, base del conflicto, puede ser aprobado hoy por el Congreso. Los aspectos negativos del mismo, que son incluso reconocidos por UGT y CCOO, no justifican según estas centrales la retirada de un proyecto que recoge en líneas generales el 85% de las aspiraciones de los trabajadores. Son aspectos, declaró un portavoz de UGT, que escapan al propio proyecto, ya que son genéricos al funcionariado y vamos a luchar por darles una solución en el marco del estatuto de la función pública.