El tema de la pena de muerte, tratado por la Asamblea francesa

A salto de mata, la Asamblea Nacional francesa evocó ayer por primera vez desde hace setenta años el problema de la pena de muerte. Francia es el único país de Occidente en el que aún se aplica la pena capital. Durante los últimos diez años han sido ejecutados siete condenados. A pesar de las enganchadas, públicos y solicitudes múltiples en épocas diversas sobre la cuestión, todos los Gobiernos franceses que se han sucedido desde el año 1908 se negaron a abrir un debate consagrado a la pena de muerte.El Gobierno actual, como los que le precedieron de una u otra forma, ha justificado su negativa estimando que «el momento no es oportuno».

El actual ministro de Justicia, Alain Peyrefitte, elaboró un informe sobre la pena de muerte por encargo del presidente de la República. Esto sucedió pocos meses antes de que el autor de Cuando China despierte aún no era ministro y, en el estudio antedicho, se pronunciaba contra la pena capital.

Pero desde que se hizo cargo de la cartera de Justicia, en varias ocasiones, ha alegado la inoportunidad de la supresión de la guillotina y de una discusión sobre el problema en el recinto parlamentario.

Este ostracismo por parte de las autoridades gubernamentales incitó ayer a dos diputados a meter el problema en la Asamblea por la puerta trasera: aprovechando la discusión, en el hemiciclo, del presupuesto del Ministerio de Justicia, el diputado socialista Raymond Forni y el gaullista Pierre Bas, presentaron dos enmiendas que proponen la supresión de los créditos correspondientes a la guillotina y al verdugo encargado de su funcionamiento: 185.000 francos en total, equivalentes a tres millones largos de pesetas anuales.

En la discusión que dedicó la Asamblea Nacional en 1908 para estudiar la posibilidad de abolir la pena capital los argumentos expuestos entonces por defensores y enemigos fueron exactamente los mismos que arguyen hoy sus sucesores. La única diferencia entre aquel momento y el presente radíca en la actitud del Gobierno. El de entonces era favorable a la supresión, contrariamente al actual. Pero tras cuatro sesiones de debate, la Cámara decidió el mantenimiento. por 330 votos contra 201.