La mayoría de los grupos parlamentarios aceptaron aplazar el debate sobre orden público
El aplazamiento del debate sobre el orden público, en el Pleno del Congreso, que había solicitado Alianza Popular (AP), fue acordado por los distintos grupos parlamentarios, que estimaron la conveniencia de posponerlo para no interferir los trabajos de la Comisión Mixta Constitucional. Alfonso Guerra, diputado por el PSOE, afirmó, según informa Efe, que parte del Gobierno consideró que Fraga habla preparado un discurso al estilo de Calvo Sotelo, en una línea tremendista, no conveniente en las actuales circunstancias.
Mientras, el Ministerio del Interior asegura, por medio de sus portavoces, que el aplazamiento del debate sobre el orden público ha causado «gran contrariedad y profundo malestar» en el departamento, otras fuentes afirman la satisfacción del Gobierno por la decisión.Según ha podido, saber, EL PAÍS, el señor Martín Villa había preparado un discurso en el que se congratulaba de la realización de un Pleno sobre un tema «que a todos nos preocupa», y en el que abordaba toda la problemática de orden-público, con extensa referencia al terrorismo.
«Fue el vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril, quien propuso y pidió a los portavoces del Congreso -nos imaginamos que en nombre del Gobierno- el aplazamiento», afirmó a Efe, el diputado del PSOE por Cuenca, Virgilio Zapatero.
Por su parte, el portavoz co munista, señor Solé-Tura, dijo que no recuerda exactamente de quien partió la propuesta del aplazamiento, pero añadió: «Estoy seguro que salió del grupo de UCD.»
El señor Pérez Llorca llamó por, teléfono al señor Fraga, que no se encontraba presente en la reunión de los portavoces. El líder de AP se opuso al aplazamiento del debate, aunque dijo que aceptaba la opinión de la mayoría si ésta se mostraba partidaria del aplazamiento.
El comité ejecutivo de AP se reunió ayer e hizo pública una nota en la que, entre otras cosas, protesta por la «inadmisible sus pensión». «La opinión pública -añade la nota-, juzgará este nuevo intento de evitar un debate parlamentario sobre cuestiones fundamentales y en particular de amordazar a AP, en el cumplimiento de su deber ciudadano y en el ejercicio de sus derechos constitucionales.»
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