"El rechazo a la Constitución no va a significar el rechazo a las vías autonómicas constitucionales"

José María Benegas, diputado, secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSOE) y consejero del Interior del organismo preautonómico vasco, nació en Caracas hace treinta años. Es hijo de un nacionalista vasco exiliado, está casado y es abogado de profesión. Su posición en el Consejo General Vasco le ha convertido en protagonista de primer orden en la búsqueda de la pacificación de Euskadi, objetivo que se ha convertido en el leiv motiv de su actuación política en los últimos meses. El plan que en este sentido esbozó en el Club Siglo XXI, y que ayer fue presentado en Bilbao, ha merecido ya la valoración positiva de figuras destacadas del PNV y de UCD. Sobre este tema habla extensamente con Jesús Ceberio.

Pregunta. ¿Es posible a corto plazo la paz en Euskadi?

Respuesta. Creo que la paz es posible, debe serlo, y en este sentido estamos trabajando en la Consejería del Interior. El tema tiene componentes muy difíciles de resolver, pero hay que ponerse a trabajar seriamente por conseguir esa paz a corto plazo.

P. Usted se ha reunido recientemente con todos los partidos y fuerzas sindicales del País Vasco con vistas a elaborar un programa de pacificación. ¿Qué conclusiones ha sacado?

R. Yo diría que las actitudes que he encontrado son de tres tipos. Una primera, de pasividad, de quienes consideran que la violencia no tiene solución a corto plazo y confían en que el desarrollo del proceso autonómico mitigará el problema. La segunda actitud es la de aquellos que se limitan al comunicado de condena, que no por ser cada vez más enérgico contribuye a superar la violencia. También se da una tercera posición muy clara: la justificación de la lucha armada mientras no se cumplan determinadas condiciones políticas.

Nosotros hemos tratado de buscar un planteamiento que supere, al menos, las dos primeras actitudes. Un dirigente político no puede permanecer pasivo ante un tema de esta envergadura ni puede limitar su acción a los comunicados. Después de una profunda reflexión hemos concluido que no basta con los actos aislados, sino que es necesario un proceso delimitado en el tiempo. Primero hay que incorporar a la tarea pacificadora a esa mayoría del pueblo vasco que está contra la violencia y no se expresa. Esta incorporación no debe entrañar, sin embargo, riesgo de enfrentamiento de la población.

La segunda conclusión es que la idea de la paz hay que unirla a una alternativa política. Por último, es preciso delimitar un plazo para conseguir esa paz.

P.¿Qué se va a hacer para incorporar al pueblo a esa tarea?

R. El programa de iniciativas está en fase de elaboración, pero entre los proyectos qpe manejamos figuran unas jornadas de reflexión teórica sobre la violencia en una sociedad desarrollada, con presencia de intelectuales cualificados. Paralelamente, queremos que un grupo de economistas vascos estudie la relación que existe hoy en Euskadi entre violencia y crisis económica: Una segunda iniciativa pretende unir la idea de la paz a festivales populares, de forma que no sea algo traumático, sino motivo de alegría.

Creemos también que este tema debe ser discutido a fondo por la clase obrera en asambleas de fábrica, al mismo tiempo que los principales líderes del Estado y del País Vasco establecerán un debate acerca de la violencia, exceptuando únicamente a la derecha reaccionaria. También pretendemos efectuar un sondeo de opinión para saber con certeza lo que el pueblo vasco opina de la violencia. Toda esta campaña, que se llevará a cabo en diciembre, después del referéndum constitucional, no pretende otra cosa que crear un ambiente propicio a la paz.

P. El segundo objetivo que usted se ha planteado es el de buscar una salida política a la violencia.

R. Está claro que si nuestra acción se limitase a esta campaña no habríamos conseguido gran cosa, porque la violencia seguiría en pie. Efectivamente, hay que presentar una alternativa política a quienes practican la violencia como método de reivindicación.

Nosotros entendemos que el momento más adecuado puede ser después del referéndum constitucional, porque es preciso respetar el debate previo que se va a abrir en el País Vasco y que, inevitablemente, va a dividir a las fuerzas vascas. Pero sea cual sea la posición de cada partido, una vez aprobada la Constitución va a imperar un sentido de reflexión, incluso en aquellas fuerzas que se opongan al texto constitucional. Pienso que los partidos van a formular el siguiente análisis: o se lucha por una autonomía real, utilizando al máximo los resquicios, a veces ambiguos, que abre la Constitución, o no queda otra alternativa que luchar contra todo, sin horizonte político.

Este es el momento para unir la idea de la paz a una alternativa política. Esa posible solución debe concretarse en un Estatuto que no sea elaborado sólo por los partidos mayoritarios, sino que esté abierto a todos, incluso a los sectores más radicalizados.

P.¿Cabe pensar que ETA pueda aceptar este marco de negociación, cuando partidos más moderados han optado por rechazar la Constitución?

R. Efectivamente, hay partidos que van a oponerse a la Constitución, pero al día siguiente del referéndum van a estar a favor del Estatuto, que incluso han empezado a elaborar. El rechazo de la Constitución no va a suponer el rechazo de las vías constitucionales para conseguir la autonomía. Por lo que a ETA se refiere, yo me remito a lo que la propia ETA dice en sus comunicados. Desde febrero de este año han variado sus objetivos inmediatos.

ETA habla también de que un alto el fuego puede conseguirse a cambio de una negociación política en la que sus condiciones son las de la alternativa KAS. Creo que en este sentido la negociación es posible, siempre que las intenciones respondan a los comunicados.

P.¿Qué puntos de la alternativa KAS considera negociables?

R. El único punto claramente innegociable es la exigencia de que las fuerzas militares asentadas en Euskadi dependan del Gobierno autónomo. En cambio pueden llevarse a la mesa de negociación las reivindicaciones en torno al euskera, la legalización de los partidos independentistas, el orden público y las exigencias de autogobierno. Si efectivamente se consigue la paz podría buscarse también una solución de hecho para los detenidos.

P. ¿Qué actitud mantendría el Gobierno en el supuesto de que la paz exigiera una negociación directa con ETA?

R. El Gobierno no puede negarse a resolver el problema si en un momento determinado se ve con claridad que la paz en Euskadi supone llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas vascas, incluso las más radicalizadas. En ese caso el Gobierno no debe cerrarse.

P. ¿Qué espera usted, a este respecto, de las Fuerzas Armadas?

R. Por supuesto que este planteamiento es muy criticado, pero si somos sinceros tendremos que reconocer que nadie puede oponerse a la paz en Euskadi, siempre que el precio no sea impagable para la democracia. Y cuando digo nadie incluyo también a las Fuerzas Armadas.

P. Un tercer punto que usted ha planteado antes es la necesidad de fijar un plazo para conseguir la paz. ¿Cuál es ese plazo?

R. Cuando hablo de un plazo lo hago como método de trabajo. La Constitución ya ha marcado el techo en determinados, puntos y el Estatuto lo hará en otros, si se aprueba sin haber llegado a un acuerdo. Por eso digo que el momento de lograr la paz es el de la negociación del estatuto de autonomía.

P. ¿Quiere esto decir que ETA, al menos su alternativa presente, debe estar presente en la elaboración del Estatuto?

R. Es una posibilidad. Que estén presentes o no es algo que deben decidir ellos.Lo que nosotros podemos ofrecer es una discusión abierta a todos.

P. ¿La intensificación de la lucha armada por parte de ETA no le coloca en situación de ventaja a la hora de negociar?

R. Eso es relativo. La violencia puede en determinado momento superar el aparato coercitivo del Estado, pero en ningún caso podrá ganar adeptos para una lucha generalizada. El proceso será más bien a la inversa. Por eso es fundamental para una organización armada que combatió a la dictadura saber en qué momento debe terminar con la violencia.

P. ¿El precio es la negociación?

R. Yo tampoco estoy seguro de que sea una salida definitiva, pero sí que es la única alternativa que tenemos nosotros desde el Consejo General Vasco.

P. Uno de los puntos en el que ETA ha insistido más ha sido en la sustitución de las fuerzas policiales. ¿Puede haber acuerdo en este punto?

R. Desde mi punto de vista el País Vasco tiene un problema específico de orden público, que no se da en otras partes y que se deriva de la represión implacable que la dictadura puso en práctica contra el pueblo vasco, cuya memoria no la ha olvidado todavía. A esto se añaden los permanentes errores en materia de orden público. Todo ello configura un rechazo mutuo entre sectores de población y policía.

Por otra parte, nosotros creemos que los autogobiernos son también Estado, aunque descentralizado. Como poder ejecutivo necesitan un poder coercitivo para mantener su autoridad.

Si conjugamos estas dos premisas, no vemos otra solución que una policía autónoma con poderes reales en materia de orden público, que no se limite a servir de elemento decorativo en fachadas y edificios oficiales. Desde una perspectiva realista pienso también que el poder central debe tener su propia policía, incluso en los territorios autónomos.

Dada esta duplicidad, será preciso delimitar las respectivas competencias. En la medida en que se amplíen los poderes del Gobierno autónomo se deberá proceder a la sustitución de la policía estatal, porque en el País Vasco no queremos tener el doble de policía que los demás.

Creo que éste es un tema negociable y que caben acuerdos incluso con las fuerzas más radicales.

P. ¿Esta negociación de las policías autónomas debe producirse en el marco del Estatuto?

R. Creo que definitivamente va a ser así, pero se van a dar algunos pasos antes. Este mismo mes empezará la negociación para preparar una norma legal que permita crear policías provinciales en el País Vasco, pero la estructuración definitiva del orden público se hará en el Estatuto, con rango de ley orgánica.

P. Cuando se refiere a que la policía autónoma debe hacerse cargo del orden público, «se refiere exclusivamente a las funciones actuales de la Policía Armada?

R. También a las que desempeña la Guardia Civil.

P. Hasta ahora hemos hablado de las exigencias de ETA. ¿Cuál sería la contrapartida de esta organización?

R. Una muy clara: el cese definitivo de la violencia. Si se llega a un acuerdo negociado debe ser un alto el fuego para siempre.

P. ¿Debería cesar la violencia durante la negociación?

R. Yo lo planteo como el resultado final.

P. A la vista de las escisiones sufridas por ETA, ¿no existe el riesgo de que una parte no acepte el resultado?

R. El riesgo existe, pero el problema sería distinto. No habría toda una organizáción en lucha, sino unos grupos disidentes.

P. ¿Qué respuesta han encontrado estos planteamientos en los grupos políticos más próximos a ETA?

R. Su posición es justamente la misma que yo defiendo. De haber alguna salida a la violencia piensan que hay que buscarla después del referéndum constitucional y tiene que ser una salida política.

P. En todo caso, usted está convencido de que la représión no puede solucionar este problema.

R. Tendría un coste muy elevado y un dudoso éxito. Pero también entiendo que si agotada la vía política la sociedad continúa sometida a la violencia, debe defender el derecho a la vida de sus ciudadanos.

P.¿Qué haría en este terreno un Gobierno socialista que no haya hecho el actual?

R. Trataría de resolver el tema en los primeros días de gobierno, incluso negociando públicamente una solución política. Si esa salida no fuese viable, estaría legitimado por cuarenta años de lucha por la democracia para adoptar actitudes incluso más firmes que UCD, pero siempre después de haber intentado el arreglo político.

P. Violencia y crisis económica son dos términos que en el País Vasco aparecen unidos. Usted se ha reunido con las patronales para tratar el tema. ¿Qué eco ha encontrado?

R. La coincidencia con nuestras posiciones ha sido total. Incluso una de las patronales se mostró decididamente partidaria de la negociación con ETA porque no veía otra salida. En general me transmitieron el sentimiento de que el empresario vasco se siente desamparado, incluso con una sensación de miedo de clase que puede ser muy peligrosa. Se extiende el miedo a ser empresario en Euskadi y eso ahuyenta la inversión. Ese mismo miedo empieza también a apoderarse del ahorrador, al haberse filtrado que ETA puede llegar a conocer determinados datos bancarios. Al margen de la incidencia que la crisis económica general pueda tener en el País Vasco, aquí la violencia ha tenido un impacto peligrosisimo en la inversión y en el ahorro. En esas condiciones es impensable, un relanzamiento de nuestra economía.