Contra la LEy del deporte

Es fácil e incluso demagógico afirmar, como lo hace Juan José Paradinas en su artículo del 12 de este mes en EL PAÍS, que «los partidos políticos no tienen interés por el deporte», que «la Constitución apenas se preocupa del deporte» y que «goza de la mayor ignorancia y olvido de los políticos». En primer lugar quisiera decir que los hombres del deporte que protestaron en el Parlamento no son los auténticos representantes del deporte tal y como se entiende en Europa. Porque todo el mundo puede saber que el órgano rector del deporte, el Consejo Superior de Deportes y sus acólitos, funcionarios sumisos y algunos presidentes de federaciones agradecidos, componen la estructura más antidemocrática de los aparatos de la Administración central.

Los argumentos podrían ser varios, el primero consiste en que son los herederos directos de las funciones deportivas de la extinta Secretaría General del Movimiento, pero esto sería generalizar, aunque reafirma la falta de legitimidad democrática no sólo por su origen, sino porque mal representan a un escaso sector del deporte que es al que ordena, dirige y compite federalmente.

Es de extrañar que EL PAÍS, o uno de sus redactores, haya hecho cuerpo con unas declaraciones que no son más que un intento de desprestigiar a los partidos políticos, organizaciones por donde ha de pasar inexorablemente la España democrática, mostrando una posición encubierta de apoyó a Benito Castejón, a su ley del Deporte y a la permanencia en sus puestos de sus seguidores.

La gran suerte del deporte español y la educación física, sería que la «ley Castejón» no pasara los primeros obstáculos, porque entiendo que dicha ley no hace sino consolidar una estructura de privilegios desfasada, encumbrar a un hombre cuyas muestras de inoperancia y de imposibilidad de cambios estructurales es clara, mantener el dominio del Consejo Superior de Deportes sobre las Federaciones, el comité olímpico y los clubs deportivos, y, cómo no, provocar la ascensión del señor Castejón a secretario de Estado.

Al margen de las posibilidades de éxito, que no las deseo, de la ley General del Deporte, quisiera que EL PAÍS entendiera que después de haber tenido ocasión de profundizar en el texto de la ley no cabe otra solución más que esperar a la aprobación de la Constitución, propiciar un cambio de la estructura orgánica del deporte, establecer las competencias y transferirlas a los entes autonómicos, extender la concepción que recoge la «Carta Europea del Deporte», que se firmó en 1965, democratizar las federaciones, coordinar las competencias de los diferentes departamentos y conseguir de esta forma que, mediante la ampliación de la base de la pirámide de deportistas, obtengamos una cúspide mayor, que son las dos metas que debemos conseguir para el deporte español.

Es obvio afirmar que para esta tarea no están capacitados los actuales responsables del deporte, y que la postura más coherente de los partidos políticos es precisamente la preparación de esa reforma estructural que posibilite la transformación que todos los ciudadanos deseamos.