Lasuén presentó su programa de ahorro solidario para la reestructuración de la economía

«España se encuentra, a corto plazo, ante un gran problema de paro, que puede abortar su evolución democrática y, a medio plazo, ante la posibilidad de una nueva crisis económica mundial alrededor de 1985, con una estructura económica totalmente inadecuada, situación que puede retornarla al subdesarrollo.»

De esta forma, se enjuicia la problemática económica actual española en el estudio que José Ramón Lasuen presentó ayer a los medios informativos, como programa de ahorro solidario, con control social para la reestructuración de la economía española. Ante esta situación, el programa señala que el objetivo de la política económica debe ser la reducción del paro, pero de manera compatible con la reestructuración de la economía, para garantizar que puede resistir los impactos del probable y turbulento período para los años ochenta.

El plan a largo plazo debe coincidir con el que han adoptado todos los países europeos con vistas a 1985, cuyo campo de actuación es la reestructuración sectorial y la reorganización de los mercados básicos: de capital y de trabajo. El plan a corto plazo no puede superar el año y lo constituyen las variables que determinan el paro, la inflación y el desequilibrio externo.

El método utilizado en la preparación del programa se basa, para la determinación de la senda de crecimiento autosostenido a largo plazo, en la garantía de un crecimiento económico autosostenido, estable y con pleno empleo, a partir de 1985. Para la determinación de la senda de evolución óptima desde 1978 a 1985 en el cálculo de la senda de evolución tendencial en esos años, es decir, del camino que propendería a seguir la economía española si se continuaran aplicando, como hasta ahora, políticas económicas coyunturales, y en el cálculo de las desviaciones al alza máximas posibles a corto plazo desde la senda tendencial, así como determinación de la senda óptima de crecimiento hacía la senda de crecimiento autosostenido.

Los resultados de todos los estudios realizados señalan que el crecimiento autosostenido a pleno empleo de la economía española, a partir de 1985, requiere un crecimiento del producto interior bruto del orden del 5%, y del PIB per capita del orden del 4%. Una relación capital-producto del orden de cuatro y una tasa de ahorro-inversión del orden del 23% del PIB, así como que el crecimiento necesario de importaciones-exportaciones debe ser de alrededor del 7%.

La reestructuración sectorial precisa se concreta en:

Reconversión de los sectores en crisis (textil, siderurgia, astilleros) hacia especialidades dinámicas.

Relanzamiento de la construcción en viviendas y servicios públicos.

Fomento de los sectores dinámicos de la industria transformadora (alimentación, electrodomésticos, automóviles) y de los bienes de equipo tradicionales.

Impulsión de sectores modernos, intensivos de capital, de tecnología avanzada (química, maquinaria eléctrica, nuclear).

Y creación de sectores poco intensivos de capital y de tecnología avanzada.

Asimismo, los estudios señalan, en cuanto a la solución tendencial 1978-1985, que la economía española es muy flexible y resistente, y las medidas a realizar aconsejan una intervención que consiste básicamente en hacer oscilar la senda tendencial alrededor de su punto medio, tres o cuatro puntos porcentuales al alza al principio y tres o cuatro puntos a la baja al final. En este sentido, el incremento de las exportaciones y el aumento de la inversión favorecen el ajuste financiero complementario factores positivos que se están produciendo ya.

El programa presentado por Lasuén ofrece un análisis y evaluación de las diferentes alternativas existentes a corto plazo como las centradas en el incremento del PIB del 4,5%, al igual que el del consumo.

Finalmente, el programa del ahorro solidario con control social para la reestructuración de la economía española parte de varios objetivos explícitos y pretende:

Garantizar con la máxima seguridad un crecimiento del producto interior bruto del 4,6%, que proporcionen un volumen de nuevo empleo del orden de 200.000 puestos de trabajo. Garantizar que el incremento del PIB se produzca fundamentalmente por aumento de la inversión en sectores idóneos. Y garantizar que este crecimiento se produzca manteniendo la distribución actual de salarios en la renta y protegiendo la seguridad en el empleo de los actuales trabajadores y la necesaria flexibilidad de contratación para los nuevos.

Estos objetivos suponen el reconocimiento de: Planear las exportaciones e importaciones por encima o debajo de los valores que resultan de aplicar las elasticidades a largo plazo a las tasas de crecimiento del comercio mundial y de la economía española (exportaciones 7,4% e importaciones 5,5%).

El gasto en consumo seguirá casi automáticamente al incremento total de la renta disponible, debido al retraso ya producido en los gastos de consumo.

Cuando se produzca un crecimiento del PIB del orden del 4,6% es imposible relanzar la inversión «inducida» por encima del 4% de crecimiento y ello dando por supuesto que aumente la liquidez, descienda el tipo de interés a largo plazo drásticamente, se establezca un régimen laboral flexible para nuevas inversiones, descienda la inflación y se creen expectativas positivas.

Como fórmula de financiación del nuevo empleo se propone mantener la distribución actual de la renta, permitiendo que el salario real aumente igual que la productividad (3%), pero estableciendo que el trabajador perciba ese incremento del salario, parte en metálico (1%) y parte en títulos de ahorro solidario (2%), devengadores de un tipo de interés medio nominal (5 a 7%) y con vencimiento en 1985. De esta firma, se consigue un crecimiento del consumo, una financiación más estable y una canalización segura de ese ahorro solidario.