Un decreto xenófobo

El 10 de octubre será una amarga fecha para miles de trabajadores extranjeros, especialmente hispanoamericanos, entre los cuales me cuento. En efecto, dentro de algunos días vence el plazo fijado por el decreto real 1874 de 10 de agosto de 1978, para que los extranjeros regularicen su permanencia y situación laboral en el territorio español. A partir de esa fecha, todo extranjero que no tenga una situación regular podrá ser expulsado del país por decisión administrativa, o verse obligado, como ocurrirá desgraciadamente en la mayoría de los casos, a vivir en situación ilegal, y por ende, semiclandestina.Son miles los latinoamericanos (sólo en Cataluña se estima que hay 60.000) que nos hemos visto obligados a huir o abandonar nuestros países perseguidos por las dictaduras de turno o por la miseria económica fruto de las primeras.. Los lazos culturales, familiares, pero especialmente el proceso democrático que se desarrolla en España, que nos garantiza en parte la libertad perdida, nos ha hecho acoger este país como segunda patria. Ingresados legalmente, con serias dificultades hemos encontrado un trabajo que nos permite subsistir. Sin embargo, es conocido que son muchos los empleadores que burlan la legislación laboral no otorgando contratos de trabajo, no presentando la oportuna petición de permiso de trabajo o la inscripción correspondiente en el caso de los latinoamericanos, con los conse.cuentes abusos y violaciones de los derechos laborales. Esta situación era tolerada tácitamente por las autoridades ante las necesidades del mercado de trabajo.

Hoy, el nuevo decreto, mediante cambios en el procedimiento, limita drásticamente las posibilidades legales de un extranjero de desarrollar una actividad lucrativa, y suprirne de paso las ventajas relativas en favor del latinoamericano (legalmente éste no necesitaba permiso de trabajo, s,ino una inscripción ante la autoridad laboral). En efecto, el extranjero se verá precisado a formular conjuntamente la petición de permanencia y de permiso de trabajo ante el gobernador civil, el que por «motivos de orden público» podrá acordar sin más el archivo de las actuaciones. En otro caso, se solicitará el permiso de trabajo ante el delegado provincial del Ministerio de Trabajo, el que puede denegarlo, entre otros motivos, por carecer el interesado de contrato de trabajo. Denegado el permiso de trabajo, es simultáneamente denegada la permanencia, y el interesado debe abandonar el país.

Hoy, todos aquellos que hemos sido víctimas, muy a pesar nuestro, de la política empresarial de no regularizar la situación del trabajador extranjero, estamos amenazados por la autoridad de expulsión del territorio español (disposición transitoria cuarta, párrafo dos) a partir del 10 de octubre.

Paradójicamente en estas semanas se multiplican los actos de solidaridad para con nuestros pueblos oprimidos. Una Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile reunirá en Madrid cientos de personalidades inquietas por el futuro de ese país y de otros países latinoamericanos. Nuestros conjuntos musicales repletan estadios que vibran con sus mensajes de libertad. No hay organismo democrático en España que no se solidarice con nuestros pueblos. Sin embargo, nosotros, exiliados políticos y económicos, declarados ilegales por las dictaduras, estamos a punto de ser igualmente ilegales en un país que marcha inexorablemente hacia la democracia.

Esperamos confiados que las disposiciones del real decreto en cuestión sean en la práctica derogadas o provisorias (se prevé un nuevo decreto p ara el 31 de diciembre de 1978). Si estas disposiciones han pretendido ser «exploratorías» antes de la dictación de un cuerpo legal definitivo, confiarnos que ést as se enfrentarán con la respuesta vigorosa de todas las or

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ganizaciones democráticas. políticas y humanitarias, que comprenden que junto con entregar nuestro esfuerzo productivo, nosotros hemos encontrado aquí un resguardo contra la opresión.