Polémica en Euskadi ante la creación de nuevas comisarías de policía

La creación en Euskadi de nuevas comisarías de policía en poblaciones de más de 20.000 habitantes, a raíz de la recién aprobada ley de Policía, ha originado una fuerte polémica en algunos municipios vascos en un momento en el que se intensifican las campañas propagandístiéas que propugnan la retirada de las actuales FOP de Euskadi.Estos problemas planteados por la entrada en vigor de la citada ley han aparecido ya en Rentería (Guipúzcoa), Basauri y Galdácano (Vizcaya).

Amplios sectores políticos y ciudadanos de Rentería han anunciado repetidas veces en las últimas semanas su clara oposición a la creación en aquella localidad de una nueva comisaría de policía, cuando aún están frescos los actos vandálicos protagonizados en sus calles, el pasado mes de julio por policías armados. En las paredes de sus calles pueden aún verse abun dantes pintadas con el eslogan Que se vayan...

En Galdácano y Basauri la creación de nuevas comisarías ha originado una doble reacción por parte de partidos políticos y asociaciones de vecinos: rechazo ante la presencia permanente de la policía en sus calles, y protesta porque en los locales donde se han instalado las comisarías se había previsto la creación de una guardería y de zonas verdes.

Hace una semana varios partidos políticos, entre ellos el PNV y todo el bloque abertzale, hacían públicos comunicados en los que denunciaban la actuación de la comisión gestora que, «sin contar con el pueblo», había cedido, a petición del gobernador, unos locales propiedad del Ayuntamiento para la instalación de una comisaría de policía. «Esos locales -señalaba el comunicado del PNV- habían sido solicitados por organismos de nuestro pueblo para su habílitación como guardería y otros servicios sociales de los que tan necesítados estamos.»

El Partido Nacionalista Vasco pidió públicamente por escrito el 29 de septiembre a la comisión gestora se retractase de su postura y tomase las medidas necesarias para evitar esa situación. La gestora comunicó que había cumplido órdenes ministeriales y que traslada el escrito al Gobierno Civil de Vizcaya. Mientras la protesta del PNV circulaba por los despachos oficiales, el día 1 de este mes la Policía Armada tomó posesión de sus nuevos locales. Seis partidos de nunciaron entonces lo que consideran una «polítíca de hechos consumados» del gobernador civil y de la gestora municipal, y exigian en su escrito el derecho de veto, investigación y fiscalización de la actividad de las FOP por parte de los ayuntamientos democráticos.

Pedían zonas verdes

Una situación similar se ha producido en Rasauri, donde la Policía Armada puede ocupar en breve unos antiguos cuarteles militares reivindicados con anterioridad por fuerzas políticas y sociales de la localidad como zonas verdes. Las cajas de ahorro de Bilbao y de Vizcaya, antiguos propietarios de los terrenos, hoy reivindicados por el pueblo de Basauri para zona verde, los compraron en su día al Ministerio del Ejército. En parte de ellos se realizaron obras del trazado de la solución sur de Bilbao y de la autopista Bilbao- Behobia.- Una vez concluidas estas obras las dos entidades bancarias solicitaron del Ayuntamiento de Basauri el cambio de calificación de los terrenos de zona especial a zona de edificación. Ante la negativa repetida de aquella corporación a acceder al cambio, ambas cajas de ahorro decidieron vender los terrenos al Ministerio del Interior que, por medio de una gestión del gobernador civil de Vizcaya, se mostró interesado en la compra.

Varios partidos políticos con presencia en Basauri -entre ellos PNV y PC- han previsto la e elebración de una asamblea popular el próximo día 21 con el fin de informar a los vecinos de la situación en que se encuentran los terrenos del antiguo cuartel de artillería, que han sido adquiridos por el Ministerio del Interior.

En una rueda de prensa celebrada recientemente, representantes de los citados partidos denunciaron el hecho de que el pueblo de Basaurí no haya recibido información en torno a la ocupación de los 185.000 metros cuadrados de zona libre -una sexta parte de la superficie total del municipio- para instalaciones de Policía Armada.