Los trabajadores de Sarrió piden la incautación de la empresa

Los trabajadores de las distintas factorías y filiales de Sarrió, Compañía Papelera de Leiza, debatirán en los próximos días la posibilidad de emprender acciones de presión popular y callejera en apoyo de una inmediata solución de la empresa. Los trabajadores solicitan ya la incautación de la empresa y su gestión por el Estado. Todas las plantas de Sarrió se encuentran paralizadas y sus trabajadores no han percibido los salarios correspondientes al mes de septiembre.

El principal problema para el abono de la nómina -unos 180 millones de pesetas- y la reanudación de la actividad radica en la negativa del juez encargado del asunto a aceptar los términos en que está planteado un crédito de 2.000 millones de pesetas (Central, Exterior, Hispano, Popular y Urquijo), otorgado para salvar la situación tras la suspensión de pagos.Según ha podido saber EL PAIS, la autoridad judicial competente ya ha aceptado los términos de la suspensión de pagos, pero considera algunas de las condiciones del citado préstamo lesivas para los intereses de los acreedores. Al parecer, la condición menos grata a la autoridad judicial es la que señala que en caso de impago de alguno de los vencimientos del crédito se procederá automáticamente a la pignoración de toda la cartera de valores del grupo Sarrió. Esta condición es, en principio, inadmisible para el juez, que considera absolutamente contraria a la salvaguardia de los intereses de los acreedores en que se debe, basar toda suspensión de pagos.

Por otra parte, los bancos que otorgan el crédito están en estos momentos remisos a reconsiderar las condiciones de la operación, mientras permanecen pendientes de un estudio de viabilidad de la sociedad, que elaboran en estos momentos expertos de las distintas entidades.

Ayer, los miembros de la coordinadora de trabajadores de Sarrió se reunieron con el presidente de la sociedad, Lorenzo Marco, en las oficinas de la empresa en Madrid.