Medio millón de personas, afectadas por las remodelaciones urbanas /1

ArquitectosMiembros del equipo LUR

Alrededor de 100.000 familias viven, en Madrid, en viviendas sentenciadas a desaparecer en un plazo no lejano.

Las demolicionse se han extendido por todas partes en los últimos años como consecuencia de las operaciones de renovación bulldozer. Remodelación de áreas de baja densidad como reflejo de la concentración de circuitos económicos: autopistas urbanas, grandes centros comerciales, nuevas áreas terciarias. Remodelación social que integra a las capas intermedias y la parte más solvente de la clase obrera, deportando a los trabajadores menos cualificados, jubilados y chabolistas.

La actual política de vivienda oficial, con una pequeñísima muestra de promoción estatal directa, hace que, en una etapa de crecimiento de la ciudad devorándose a sí misma la capacidad de realojamiento de los afectados por el Estado, sea muy reducida, por lo que los conflictos son inevitables. «Vivienda por vivienda» es la expresión popular del derecho al realojamiento en el mismo barrio, por el que se han movilizado amplias capas de trabajadores, es decir, negativa a pagar una nueva vivienda hipotecando el trabajo del resto de sus días.

Desde septiembre de 1957, en que aparecen normas en el BOE para «evitar los asentamientos clandestinos en Madrid», hasta hoy, con una nueva Constitución política concluida, no se ha dictado una formulación legal específica para el tratamiento de los problemas de las barriadas obreras y populares, mientras que han persistido en toda la legislación urbanística sistemas de actuación que, sobre la base de la propiedad privada del suelo o de los medios de producción, permiten a grandes propietarios, promotoras o Administración pública, la expropiación de los bienes creados con la expulsión de la población existente.

La Constitución política recientemente aprobada por el Congreso de Diputados deja en la más absoluta ambigüedad el que «todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada ... ». Se reconoce, también, sin limitaciones de ningún tipo, el derecho a la propiedad privada, cuando una parte considerable del suelo urbano de Madrid se encuentra retenido con fines especulativos

Se reconocen formas de intervención en, el territorio que significan la expulsión de familias trabajadoras: «Ningún español podrá ser Privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización ) de conformidad con lo dispuesto por las leyes» (artículo 31). Cualquier expropiado sabe que lo dispuesto por las leyes es una ridícula indemnización en metálico que no cubre la entrada en otra vivienda más alejada de la ciudad. En cuanto a que «los españoles son iguales ante la ley, sin discriminaciones ... » (artículo 13), los pequeños propietarios incluidos en un polígono de compensación saben que las decisiones son proporcionales al número de maetros cuadrados.

En Madrid se calculan 38.000 chabolas, en las que se asienta una población equivalente a la de muchas capitales de provincia. Hoy, sin ninguna oferta de vivienda a su alcance, estos habitantes se encuentran amenazados por planes de derribo de sus casas: el progreso social en aumento lo exige.

Todos los vecinos saben que su barrio vale mucho y se consideran los principales artífices de las plusvalías creadas.

El papel de la Administración en todo el proceso ha sido el de eludir cualquier tipo de antecedentes que pudieran representar un derecho al territorio por parte de los chabolistas e ir preparando el camino para la actuación de la iniciativa privada. La aprobación de los planes parciales por el Ayuntamiento inicia la mecánica expropiatoria por Gerencia de Urbanismo o promotores contra la población residente. Los grandes propietarios han estado presentes en todo el proceso sin arriesgar nada, sabían que se iban a crear amplias expectativas de vivienda y que no tenían más que esperar, reteniendo grandes bolsas de suelo libre durante años, suelo calificado urbanísticamente para ser puesto en el mercado en el momento oportuno.

El segundo grupo de familias afectadas por los derribos se encuentra en el parque de viviendas de protección oficial: los poblados dirigidos, poblados mínimos, los agrícolas y de absorción, las «uvas» (chabolismo oficial, habitáculos provisionales para cinco años de duración que se han hecho definitivos). Viviendas de pésima calidad que, a pesar de las reformas periódicas hechas por sus habitantes se hallan hoy, en buena parte, inhabitables o ruinosas. Unas 25.000 viviendas están en estas condiciones, es decir, un 30% de la obra estatal en Madrid.

En tercer lugar tenemos la población de los Barrios antiguos. En un reciente artículo del director general de Urbanismo, al referirse a los cascos antiguos, daba esta cifra escabrosa: «El valor de los edificios de vivienda demolidos desde la aprobación del vigente plan general puede cifrarse, en pesetas actuales, en más de 100.000 millones, cifra que casi bastaría para resolver el actual problema de vivienda en la capital.»

El número de viviendas ruinosas o infraviviendas es comparable a los dos anteriores. En el distrito Centro el 80% de los edificios son anteriores a 1900. A pesar de tratarse de un parque considerable, la Administración ha ignorado cualquier medida de conservación, como la concesión de créditos baratos a los propietarios modestos para las reformas.