Las atacaron duramente al consenso UCD-PSOE sobre la enseñanza
La regulación constitucional de la enseñanza suscitó ayer en el Pleno del Senado el más largo e interesante debate de cuantos se han desarrollado hasta ahora en dicha Cámara sobre la Constitución. El texto aprobado, uno de los puntos básicos del consenso logrado en el Congreso, fue impugnado sin éxito por las minorías y por diferentes senadores a titulo individual. Asimismo, UCD y PSOE resultaron duramente criticados por el pacto a ultranza mantenido en esta materia.
La posición defendida por los portavocez de UCD y PSOE a lo largo del debate fue la de estimar el texto del actual artículo 27 suficiente y válido para las distintas políticas educativas, de derecha y de izquierda, que puedan desarrollarse en el futuro. Junto a ello, algunos senadores de UCI), y desde luego. el padre Angel Martínez Fuertes, recordaron a quienes desde la derecha mostraban su preocupación por la falta de especificación del derecho de los padres a la elección de centro docente, que la interpretación que hace posible el artículo 10 compensa esta imprecisión. El efecto fue la retirada de varios votos particulares sobre este punto.Los ataques contra el texto se situaron en tres frentes distintos. Por una parte, senadores como Luis María Xirinacs, Isaías Zarazaga y Gloria Begué propusieron modificaciones de contenido social y educativo. El señor Xirinac defendió una educación «en condiciones de igualdad», prácticamente gratuita y la escuela laica. El señor Zarazaga insistió también en la igualdad. La señora Begué, cuya intervención fue muy aplaudida desde todos los sectores de la Cámara, se esforzó en convencer a los grupos parlamentarios sobre la necesidad de que los poderes públicos garanticen el mantenimiento de la calidad de la enseñanza y la preparación científica y pedagógica del profesorado.
Cuando desde UCD se contestó que muchas de estas precisiones no eran otra cosa que minucias, expresó su asombro ante el hecho de que la calidad de la enseñanza y su función social merecieran tal calificativo, mientras el artículo 27 recoge otros aspectos parciales de la política educativa. El aplauso a la senadora Begué fue especialmente intenso en los escaños de la izquierda, con participación de los senadores reales y de los señores Bandrés y Xirinacs.
En otro frente contra el artículo sobre la educación se situaron quienes, como los senadores Francisco Cacharro y el almirante Gamboa, insistieron en la necesidad de que los poderes públicos garanticen el derecho que asiste a los padres para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.
Por último, desde una perspectiva más política, fue atacado el consenso UCD-PSOE en materia educativa, por considerar que perjudicaba la actual situación jurídica de la enseñanza. Así, el ex ministro Alfonso Osorio manifestó que el texto a debate promueve una solución colectivista y casi anarquista para la dirección de los centros de enseñanza. Se mostró partidario de que participen todos, pero consideró que los padres y los alumnos se deben limitar a colaborar con la dirección y no a intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, como establece el número 7 del artículo, sin aludir a la función directiva, que corresponde precisamente a la dirección.
En esta misma línea, el senador Julián Marías, cuya propuesta se reducía a establecer el derecho de las personas físicas y jurídicas a la dirección de centros docentes (el proyecto se limita a establecer «la libertad de creación»), atacó duramente la actitud de UCD y PSOE, cuyos portavoces habían anticipado, antes de conocer las argumentaciones en favor de los diferentes votos particulares, qué votarían en contra de ellos. La intervención del senador Julián Marías fue también aplaudida.
En las palabras del señor Osorio no faltó una crítica al incumplimiento por parte de UCD de algunos puntos de su programa en materia educativa cara a las elecciones del 15 de junio. El señor Osorio se refirió con énfasis y añoranza al «Centro que yo voté». El portavoz de UCD, Antonio Jiménez Blanco,
contestó conciliadoramente a este ataque y reconociá los méritos del señor Osorio en los albores del partido gubernamental. Asimismo pidió que se terminara de enterrar el hacha de guerra en el tercer problerna del constitucionalismo español, tras el del clericalismo y el de la alternativa monarquía-república. Pidió que la solución del problema escuela privada-escuela pública se realice no tanto por el consenso como por la reconciliación.
Sometidos a votación los votos particulares mantenidos fueron rechazados uno tras otro con los votos unidos de UCD y PSOE. El texto del artículo 27 fue aprobado finalmente con 177 votos favorables, tres en contra (correspondientes a otros tantos senadores Ue UCD) y quince abstenciones (entre las que figuraron las de los señores Xirinacs y varios senadores reales y del Grupo Progresistas y Socialistas Independientes).
