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La Asociación de Policía respalda la nota que ocasionó sanciones a sus dirigentes

La asamblea nacional de la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policía, en reunión celebrada a lo largo del día de ayer y que continuó hasta medianoche, ha decidido confirmar en sus puestos a todos los miembros de la junta nacional, entre los que se cuentan varios de los funcionarios sancionados por la Dirección General de Seguridad. La asamblea decidió, asimismo, expresar de nuevo su solidaridad con la nota causante de las sanciones y con sus redactores, a quienes considera injustamente expedientados por la Administración.

Otro de los acuerdos adoptados en la reunión, según informa el comunicado dado al concluir la reunión, fue el de enviar al Rey un telegrama de total adhesión, con lo que se pretende dejarle a salvo de las críticas que la nota difundida por directivos de la asociación hacía a «las indiscriminadas medidas de gracia». (El ejercicio de la potestad de gracia en el ordenamiento jurídico español está reservado exclusivamente al Jefe del Estado.)En la sesión de la mañana, que se inició en torno a las once, se presentó un informe jurídico sobre los expedientes incoados a ocho miembros de la asociación. El informe, según la agencia Efe, ha sido preparado por los abogados señores López-Montero Juárez, De Poo y Pardo, Liñán Lechuga y Muñoz Salvadores, y de él se desprende que no hay base legal para la acción sancionadora emprendida por la Administración contra los ocho funcionarios autores de la nota.

Después de un largo debate, cuyo desarrollo no ha sido posible conocer minuciosamente por la prohibición a los informadores de permanecer en el recinto, la asamblea asumió mayoritariamente los planteamientos del informe jurídico. La tesis que prosperó es que los firmantes de la nota son representantes democráticamente elegidos y con capacidad para actuar en los términos en los que se produjo el comunicado, origen del enfrentamiento con la Administración. La asamblea considera, por tanto, que las sanciones no se ajustan a derecho y ha decidido, en consecuencia, llevar los recursos legales hasta el final.

El Ministerio del Interior actuó en su momento contra los funcionarios autores de la nota por estimar que se habían excedido en sus funciones, ya que no están reconocidos como fines estatutarios de la asociación profesional la condena a las fuerzas políticas y sociales ni la crítica a los poderes públicos, sobre los que se hacían recaer muy graves acusaciones.

En tanto que funcionarios, la Administración estimaba especialmente grave que hablaran de indefensión de la sociedad, desplazando sus obligaciones a otros ámbitos y que efectuaran un llamamiento a la población para que se pronunciara públicamente en temas de orden público y seguridad.

Sorpresa gubernamental

En medios gubernamentales consultados por EL PAÍS había cierta sorpresa por el resultado de esta reunión del máximo órgano representativo de la asociación de policías y declinaron hacer declaraciones en tanto no tuvieran conocimiento oficial de las conclusiones de la asamblea. En concreto, estaban a la espera de un comunicado oficial que se dio a conocer pasadas las doce de la noche.

De cualquier forma, no se ocultaba en estos medios gran preocupación no tanto por el respaldo de la asamblea a los dirigentes sancionados, sino por la solidaridad con el contenido de la nota, que fue duramente contestada en su día por la Dirección General de Seguridad. Según informaciones recogidas por EL PAÍS, ni tan siquiera la organización regional de Pamplona, que fue la única en apostar por las posiciones de la DGS frente a las de la asociación, se expresó ayer en sentido contrario a las resoluciones adoptadas.

De todas formas, una vez dado a conocer el desarrollo de la asamblea, no cabe esperar, en principio, una acción administrativa contra la asociación. Pero una fuente competente manifestó a EL PAÍS que el nuevo anuncio de una medida de fuerza sería cortado de raíz por la autoridad competente.

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