La Audiencia Nacional
Ha aceptado un recurso interpuesto por la Caja de Ahorros de Sabadell contra unáresolución del Ministerio de la Gobernación, por la que se le impuso una multa de un millón de pesetas por incumplimiento de las normas de seguridad en el transporte de fondos. La sentencia señala que el decreto de Gobernación de marzo de 1974 impone exorbitantes obligaciones a las entidades bancarias y de crédito, cuando el servicio público de prevención de acciones delictivas está exclusivamente encomendado a la autoridad del Estado.
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